Banco Central de Cuba emite comunicado sobre prácticas bancarias irregulares
El 28 de septiembre de 2026, el Banco Central de Cuba (BCC) publicó una «Declaración de principios» firmada por su ministra presidenta, Juana Lilia Delgado Portal. El documento rechaza «cualquier actitud oportunista, inescrupulosa o ilícita que pretenda lucrar a costa de las necesidades ajenas» y ordena investigar denuncias, depurar responsabilidades, reforzar auditorías y coordinar con los órganos del Estado. Exige «tolerancia cero», niega que estas conductas sean representativas del gremio bancario y solicita a la población realizar denuncias. El memorándum, señala, debe difundirse «con carácter obligatorio», sin citar sucursales, nombres ni montos específicos.
Detenciones en Santiago de Cuba evidencian esquema ilegal
El comunicado no surgió de la nada. Cuatro días antes, perfiles oficiales y medios independientes informaron sobre la detención, en Santiago de Cuba, de empleados del Banco Popular de Ahorro (BPA) y del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC). Según los reportes, trabajadores de las sucursales 8312 (BPA) y 8391 (BANDEC), ubicadas en Santo Tomás entre Aguilera y Heredia, operaban con cuentapropistas en un esquema de cambio de efectivo por transferencias electrónicas, cobrando comisiones que variaban entre el 30 y 50 por ciento. Utilizaban tarjetas y documentos de identidad de clientes. El Ministerio del Interior incautó efectivo, máquinas contadoras, tarjetas magnéticas y libretas de registro.
Crisis de liquidez y mercado paralelo de efectivo
Este mercado paralelo de efectivo no se entiende únicamente por la corrupción de un cajero. Cuba enfrenta una crisis de liquidez en moneda nacional: largas colas ante sucursales, límites de extracción y cajeros sin efectivo al mediodía. Ciudadanos han comentado que para retirar 2.000 pesos deben transferir 2.800. El BCC, al referirse a la ética y control interno, no mencionó casos como el de abril, cuando el Tribunal Provincial Popular de Santiago condenó a tres personas por apropiación de fondos estatales y falsificación de documentos bancarios, con transferencias ilícitas de más de cinco millones de pesos.
El contexto económico y la percepción de corrupción
La bancarización forzada de 2023, ideada para absorber el efectivo y digitalizar pagos, chocó con un sistema de cajeros insuficiente, la inflación y la desconfianza. En el mercado informal, a fines de septiembre de 2026, el peso ha alcanzado cotizaciones de hasta 750 unidades por dólar según la tasa informal de El Toque. La comisión del 40 por ciento para convertir un saldo electrónico en dinero en efectivo responde a la necesidad de comprar alimentos o pagar servicios. El índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional de 2024 otorgó a Cuba 41 puntos sobre 100, ubicándola en el puesto 82 entre 180 países, mostrando un aumento en la percepción de corrupción en el sector público.
Distintos casos de corrupción en el ámbito estatal
El caso de Santiago ejemplifica corrupción a nivel de ventanilla, mientras que el de Alejandro Gil Fernández, destituido en 2024 y condenado a privación perpetua de libertad en diciembre de 2025 por cargos severos como espionaje y traición, ilustra corrupción de gabinete. Contrastes políticos surgen en cómo el Estado gestiona la información: mientras el caso de un cajero aparece en redes del MININT, el juicio contra un exministro se resuelve de manera opaca por el Tribunal Supremo. La declaración del Banco Central aborda las conductas ilícitas visibles, dejando en la sombra la auditoría de mayores actores económicos como GAESA.
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