Error judicial del MSP: la anestesista que aprovechó un olvido administrativo para jaquear al Ministerio

Por Roy Rodriquez

En los pasillos del Palacio Legislativo, el aire se cortaba con cuchillo este martes. La ministra Cristina Lustemberg, que ya venía haciendo equilibrio sobre la cuerda floja por el caso Soledad Barrera, tuvo que enfrentar una nueva andanada de preguntas. Esta vez, el golpe no vino de afuera, sino de adentro: un error administrativo, casi de principiante, dejó al Ministerio de Salud Pública (MSP) en una posición de vulnerabilidad absoluta frente a la demanda de Inés Miralles, la anestesista condenada por homicidio culposo.

El nudo del conflicto es tan simple como devastador para la imagen de la cartera: el Ministerio respondió fuera de plazo la acción de nulidad presentada por la profesional contra su inhabilitación. En el mundo de los expedientes, un día de demora puede significar la pérdida de una batalla antes de que empiece la guerra.

El día que la burocracia se volvió en contra

La escena ocurrió hace meses, pero el impacto explotó ahora. El equipo jurídico del MSP dejó vencer el plazo para contestar la demanda. Según el Código de lo Contencioso Administrativo de 2024, esa falta de respuesta no es un simple trámite; es, a ojos de la ley, una admisión tácita de los hechos alegados por la contraparte.

Cuando los abogados del Ministerio intentaron reaccionar, fue tarde. En un intento por salvar los muebles, propusieron incluir testigos —prueba testimonial— para contrarrestar el relato de Miralles. Pero la jueza Lucía Techera Tealdi no compró el argumento. En su sentencia interlocutoria, fue tajante: como el Ministerio no respondió a tiempo, los hechos de la demanda se dan por ciertos. La puerta a los testigos se cerró de un portazo.

La magistrada, sin embargo, dejó una pequeña rendija abierta al autorizar una pericia médica técnica. “No poseo conocimientos médicos”, razonó la jueza, marcando una distancia clara entre el error del Ministerio y la necesidad de entender la responsabilidad médica más allá de los papeles.

La defensa en el Parlamento y el fantasma del ocultamiento

Fabiana Alonso, subdirectora del departamento jurídico, intentó bajarle los decibeles al asunto ante la prensa. Habló de “error humano” y de una carga de trabajo asfixiante entre juicios y procedimientos. Es la explicación que suele escucharse en los pasillos de las reparticiones públicas cuando la realidad desborda a la norma.

Pero para la oposición, el discurso no cuajó. El senador blanco Martín Lema, quien ya tenía el expediente bajo la lupa, no se guardó nada. “Se ocultó información al Parlamento”, disparó apenas salió de la comisión. Según Lema, cuando las autoridades comparecieron anteriormente ante senadores y diputados, ya sabían del error garrafal y prefirieron el silencio.

Ese silencio, que en política suele ser más ruidoso que un grito, provocó una pérdida de confianza inmediata. La indignación opositora no es solo por el hecho administrativo, sino por la percepción de que, en el Ministerio de Salud, la transparencia se volvió un artículo de lujo.

Un escenario de tensión constante

Lustemberg, por su parte, mantiene el rumbo. Insiste en que su decisión de reducir la inhabilitación de Miralles de cinco a tres años se basó en criterios técnicos y en una gradualidad de las sanciones que ya se aplicó en otros casos. “No conozco a la doctora Miralles”, repitió casi como un mantra, buscando desmarcarse de cualquier sospecha de favoritismo que flota en el ambiente desde que 11 miembros de la Comisión de Salud Pública renunciaron en masa, en señal de protesta.

Mientras la ministra intenta sostener su gestión, el caso avanza en el Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio. La investigación administrativa dentro del Ministerio ya está en marcha, buscando responsables por el “olvido” que hoy tiene al Estado contra las cuerdas.

En la calle, lejos de los expedientes y las explicaciones parlamentarias, queda el sabor amargo de un proceso que parece no encontrar paz. Para la familia de Soledad Barrera y para la opinión pública, cada noticia sobre este juicio refuerza la sensación de que, en la justicia administrativa, el error humano termina pagándose siempre con la misma moneda: la duda sobre el sistema.