En una resolución que generó fuerte repercusión institucional y sindical, el Ministerio del Interior resolvió clasificar como información reservada por un período de 15 años los datos detallados sobre el cobro de compensaciones económicas por el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) dentro de la Jefatura de Policía de Canelones. La medida fue adoptada tras una solicitud formal presentada al amparo de la Ley de Acceso a la Información Pública por el sindicato de la Guardia Republicana.
El pedido gremial apuntaba a conocer los criterios de asignación, montos y nóminas de efectivos receptores de estas partidas adicionales dentro de la jurisdicción canaria. Sin embargo, la cartera fundamentó el rechazo argumentando que divulgar este tipo de registros desagregados «podría vulnerar la seguridad pública» al exponer la logística operativa y el despliegue del personal en el territorio.
La solicitud gremial y los fundamentos de la cartera de Estado
La iniciativa parlamentaria y sindical para transparente la gestión de los recursos policiales tuvo como disparador las consultas formuladas por la Unión de Policías de la Guardia Republicana (UNIPOL GR). El colectivo gremial solicitó el desglose de los pagos por concepto de la compensación PADO recibidos por efectivos destinados a tareas en la Jefatura de Canelones.
Desde el Ministerio del Interior se ampararon en las excepciones previstas en la legislación vigente. Según la resolución oficial, difundir el detalle numérico y nominal de quiénes perciben dicha partida permitiría inferir el número exacto de agentes asignados a tareas patrullaje de alta intensidad en zonas estratégicas, lo que comprometería la efectividad de los procedimientos preventivos y represivos en el departamento.
Un antecedente similar en el acceso a la información pública
La decisión de aplicar el plazo máximo de reserva permitido por la ley no constituye un hecho aislado en la gestión de la información de la cartera de seguridad. Antecedentes recientes muestran un criterio análogo aplicado a evaluaciones sobre la efectividad de programas policiales.
En un episodio previo, ante un requerimiento periodístico formulado por el diario El Observador sobre auditorías del propio programa PADO, la cartera respondió inicialmente indicando que no contaba con evaluaciones formalizadas. Tras un segundo requerimiento de información, admitió la existencia de dichos informes pero resolvió catalogarlos también bajo reserva por un período de 15 años, apelando a idénticos argumentos de resguardo de la seguridad pública.
Reacciones del colectivo policial ante la falta de transparencia
La respuesta ministerial provocó el rechazo de la directiva del gremio de la Guardia Republicana. En un comunicado público, la comisión directiva de UNIPOL GR sostuvo que la resolución excede el marco de excepciones admisibles por la normativa y señalaron que la regla general de la administración debe ser el acceso público y la rendición de cuentas sobre los fondos del Estado.
Desde la representación sindical manifestaron que la reserva por tres lustros limita la fiscalización ciudadana y sindical sobre el reparto de las compensaciones económicas, e indicaron que evaluarán los caminos legales administrativos y judiciales para impugnar la decisión de la cartera.
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