ADEOMS Salto encabezó la movilización frente a la Intendencia tras el cese masivo de contratos.
Una movilización de ADEOMS en la puerta de la Intendencia derivó en un episodio de hostigamiento contra una empleada municipal: testigos y coberturas locales cuentan que la trabajadora fue señalada y presionada por manifestantes durante la protesta por los ceses de contratos. La escena, según relatos periodísticos y fuentes en el lugar, incluyó gritos dirigidos a funcionarios y un clima de intimidación que muchos vecinos describieron como excesivo.
El trasfondo del conflicto es concreto: la Intendencia comunicó el cese de casi 292 contratos temporales y el sindicato ADEOMS respondió con asambleas, paros y movilizaciones, calificando la medida como un ataque a la estabilidad laboral. El sindicato se declaró en conflicto y anunció que llevará el reclamo a instancias nacionales y laborales; la comuna, en cambio, sostiene que se trata de un ordenamiento administrativo para revisar contrataciones sin proceso.
La protesta y la forma en que se desarrolló ponen en evidencia una responsabilidad política y sindical. No es lo mismo salir a reclamar cuando hay injusticia que convertir la calle en un corralito donde se expone a empleados que no son protagonistas de la pelea política. Si hubo increpaciones a una funcionaria, corresponde condenarlas sin ambigüedades y pedir medidas que garanticen seguridad para quienes cumplen sus tareas.
Además, la tensión tiene otra arista: múltiples denuncias contra la gestión anterior por supuestas asignaciones discrecionales y entrega de terrenos a militantes alimentan la pelea. Ediles opositores han señalado prácticas de clientelismo durante la administración de Andrés Lima y anunciaron que llevarán pruebas a la Justicia; esas denuncias sirven para comprender por qué la nueva administración busca revisar nombramientos, aunque no justifican que la protesta se transforme en persecución individual.
En la práctica, la escena se parece demasiado a un viejo truco político: si la auditoría expone irregularidades, perfecto; que la Justicia actúe. Si hay trabajadores con derechos vulnerados, perfecto también; que se los repare. Lo que no está bien es usar a la gente como escudo y zarandear a quien no tiene responsabilidad pública por decisiones administrativas concretas. Eso no es militancia: es patoterismo.
¿Qué pedir ahora? Primero, que la Intendencia garantice la protección de empleados municipales y que la policía y autoridades actúen para que las movilizaciones no deriven en agresiones. Segundo, que ADEOMS ejerza su reclamo sin convertir a terceros en blanco de la protesta y que depure responsabilidades internas si correspondiera. Tercero, que se abra una auditoría pública sobre las contrataciones denunciadas, con plazos y acceso a expedientes para disipar dudas.
Si hay culpables, que responda la Justicia. Si hay derechos vulnerados, que se restituyan. Mientras tanto, Salto merece menos circo y más transparencia: el intercambio de acusaciones entre partidarios y gremialistas no puede tapar el costo humano real que pagan empleados y vecinos. Aquí lo que hace falta es gestión, no patota.
