Gobierno ajusta el impuesto mínimo global y modifica artículo sobre secreto bancario
El impuesto mínimo global fue uno de los puntos más discutidos del proyecto de ley de Presupuesto presentado por el gobierno uruguayo. En las primeras líneas del documento, se establecía que este tributo alcanzaría a empresas con una facturación anual superior a los 750 millones de euros. Sin embargo, tras recibir críticas de empresarios y legisladores opositores, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) introdujo cambios clave.
Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el ministro Gabriel Oddone aclaró que el impuesto mínimo global solo se aplicará a compañías que ya lo tributan en el país donde está radicada su casa matriz. En otras palabras, si la empresa está ubicada en una jurisdicción que no contempla este gravamen, como ocurre con algunas firmas estadounidenses, no deberá abonarlo en Uruguay.
Ajustes al impuesto mínimo global tras críticas de empresarios y legisladores
El Ministerio de Economía reformuló el alcance del impuesto mínimo global para excluir a empresas que no lo tributan en su país de origen. La medida busca preservar garantías legales y evitar impactos negativos en zonas francas.
Oddone puso como ejemplo a UPM, empresa finlandesa con dos plantas de celulosa en el país. Según explicó, el impuesto será “neutro” para esa firma, ya que lo paga en Finlandia. Uruguay emitirá un certificado que podrá presentarse ante la administración tributaria de origen para evitar la doble imposición.
Además, el MEF confirmó que las empresas instaladas en zonas francas quedarán exentas del impuesto mínimo global, siempre que existan compromisos legales previos que impidan aplicar nuevos tributos. Tal es el caso de Pepsico, cuya matriz no está sujeta al impuesto global y opera bajo un marco contractual que garantiza estabilidad fiscal.
Por otro lado, el artículo que habilitaba a la Dirección General Impositiva (DGI) a levantar el secreto bancario sin orden judicial también fue reformulado. La nueva versión establece que un juez deberá pronunciarse en un plazo de diez días. Si no lo hace, el secreto se levantará automáticamente.
Oddone sostuvo que los cambios buscan cumplir con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sin afectar la seguridad jurídica ni los compromisos asumidos por el país. “Fuimos sensibles a los planteos recibidos”, expresó el ministro, al tiempo que destacó la necesidad de preservar garantías ciudadanas.
Desde la oposición, persisten las dudas. El diputado Sebastián Andújar, del Partido Nacional, cuestionó la medida y afirmó que “es el mismo perro con distinto collar”. Según dijo, su bancada no acompañará iniciativas que impliquen nuevos tributos, por considerar que alteran las reglas de juego.
Además de los ajustes al impuesto mínimo global y al secreto bancario, el proyecto de ley de Presupuesto incluye otras medidas fiscales que han generado debate. Entre ellas, se propone aplicar IVA a plataformas digitales como TEMU, en línea con lo que ya ocurre con servicios como Netflix o Spotify. Esta medida busca equiparar el tratamiento tributario entre proveedores locales y extranjeros, y ampliar la base de recaudación.
También se plantea un gravamen para depósitos en el exterior, con el objetivo de desalentar la fuga de capitales y mejorar la trazabilidad financiera. Según fuentes del Ministerio de Economía, esta iniciativa apunta a fortalecer el control fiscal sin afectar a pequeños ahorristas ni a quienes operan dentro del sistema formal.
En cuanto al impuesto mínimo global, el gobierno subrayó que su implementación responde a compromisos internacionales asumidos por Uruguay en el marco de la OCDE. Esta organización promueve estándares tributarios para evitar que grandes empresas eludan impuestos trasladando sus beneficios a países con baja o nula carga fiscal.
Oddone remarcó que Uruguay no busca aplicar tributos de forma retroactiva ni afectar la competitividad de las zonas francas. “Hay garantías legales que el país debe respetar. No podemos cambiar las reglas de juego de forma unilateral”, señaló.
Por su parte, representantes del sector empresarial manifestaron preocupación por la incertidumbre que generan los cambios fiscales. En reuniones con autoridades del MEF, solicitaron mayor claridad sobre los alcances del impuesto mínimo global y su impacto en inversiones extranjeras.
Desde el Parlamento, algunos legisladores oficialistas respaldaron los ajustes, aunque pidieron que se mantenga el diálogo con actores económicos. “Es importante que el Presupuesto refleje responsabilidad fiscal, pero también estabilidad jurídica”, expresó una fuente del Frente Amplio.
El debate parlamentario continuará en las próximas semanas, con foco en los artículos tributarios y en el financiamiento de políticas sociales. Mientras tanto, el gobierno busca equilibrar las exigencias internacionales con las particularidades del sistema uruguayo, en un contexto donde cada peso cuenta y llegar a fin de mes sigue siendo un desafío para muchas familias.
