Juez revoca arresto domiciliario y ordena la reclusión de Miguel Quintero en un centro penitenciario

Decisión judicial en el caso de Miguel Quintero

Un juez penal de circuito en Medellín ha decidido revertir la medida de arresto domiciliario que inicialmente se había impuesto a Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. La medida, que permitía que Quintero Calle cumpliera su detención en su residencia, fue modificada y ahora deberá permanecer recluido en un centro penitenciario mientras avanza el proceso judicial en su contra por acusaciones de corrupción.

En la resolución judicial, se establece que «revocar parcialmente la decisión proferida el dos (2) de octubre de 2026 por el Juzgado Veintisiete Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, dentro de la actuación identificada con radicado 05001600024820242355900, exclusivamente en cuanto dispuso que la medida de aseguramiento privativa de la libertad impuesta a Miguel Andrés Quintero Calle se cumpliera en su lugar de residencia».

Transformación de la medida y traslado a centro penitenciario

De acuerdo con la resolución, a Miguel Quintero Calle, identificado con cédula de ciudadanía número 71.788.353, se le impuso la medida de aseguramiento consistente en la detención preventiva en un establecimiento de reclusión. El acusado fue trasladado a la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad El Barne, ubicada en el municipio de Cómbita, en el departamento de Boyacá. La orden fue emitida bajo la resolución 008962 del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

En las cámaras y videos difundidos esa misma noche, se observa el traslado del detenido hacia el centro penitenciario, aparentemente esposado y custodiado por varios policías.

Reacciones y declaraciones de familiares y autoridades

Tras conocerse la decisión y el traslado, Daniel Quintero, hermano del imputado, expresó en su cuenta de X que “el trato dado a su familiar es el que se le da a un condenado” y calificó la situación como un “abuso impulsado por un Ejecutivo autoritario”. Además, acusó al gobierno actual de ser “abiertamente autoritario y fascista, dispuesto a acabar con todo aquel que piense diferente”.

Enfatizó que su hermano Miguel Quintero aún no ha sido juzgado ni condenado por ningún delito, y que “lo tratan como a un criminal y lo presentan como un trofeo de guerra”, reclamando que solo los jueces pueden detener lo que consideró un abuso judicial.

Controversia política y enfrentamientos públicos

El excandidato presidencial Daniel Quintero también criticó al presidente Abelardo de la Espriella por la decisión de separar a su hermano de su hija de seis años. Le preguntó públicamente en su cuenta de X: “¿Si la palabra es acusado porque lo presenta como un delincuente? ¿Por qué es mi hermano? ¿Por qué lo enfrenté a la Presidencia? ¿Por qué lo envían a Boyacá aunque su hija pequeña está en Medellín?”.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la decisión judicial, resaltando que “Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, va a la cárcel. Se empieza a hacer justicia. Luego de que apeláramos su casa por cárcel en su mansión construida con fondos ilícitos, un juez ordenó su captura y su envío a una cárcel”.

Daniel Quintero, en su respuesta, afirmó que las pruebas en su contra fueron “manipuladas” y reiteró su rechazo a las amenazas y acusaciones, asegurando que su compromiso sigue con la gente y que “es él quien continúa”.

Posición de organizaciones y análisis de la investigación

El exdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Carlos Carrillo, manifestó su rechazo al trato degradante hacia Miguel Quintero, calificando como una práctica que degrada al Estado el exhibir a cualquier ciudadano como un trofeo, además de señalar que las acciones del gobierno actual menoscaban las instituciones y envían un mensaje perverso a la sociedad.

La Fiscalía, la Procuraduría y el Área Metropolitana solicitaron una medida de aseguramiento en establecimiento penitenciario contra Miguel Quintero Calle, en relación con una investigación por presunto participación en un entramado de corrupción relacionado con la celebración y ejecución de seis contratos durante la pandemia del COVID-19.

La investigación se centra en seis contratos por un valor total de 17.656 millones de pesos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. La Fiscalía sostiene que en estos contratos se habrían pagado coimas por aproximadamente 2.481 millones de pesos.

Según la hipótesis fiscal, Miguel Quintero habría recibido directamente 1.653,3 millones de pesos y una tercera persona, Ortega, habría obtenido 133 millones de pesos. Estas cifras forman parte de la teoría del caso que será objeto de debate y valoración judicial en las próximas etapas del proceso.

Además, fueron imputados Álvaro Villada, exsubdirector administrativo y financiero del AMVA, y Vanesa Álvarez, exasesora jurídica de la misma entidad. La resolución del juez de segunda instancia determinará las condiciones bajo las cuales Quintero y Ortega continuarán vinculados al proceso penal.