En los pasillos de la Torre Ejecutiva y en los estrados judiciales uruguayos, un fantasma recorre las discusiones sobre la verdadera división de poderes en el país. Se trata de la omnipresente figura de Jorge Díaz, exprocurador general de la Nación y actual coordinador de las políticas de seguridad y combate al crimen organizado del Poder Ejecutivo. Una figura que acumula un nivel de influencia inédito sin despertar el mínimo reproche de los sectores intelectuales y periodísticos que suelen rasgarse las vestiduras ante cualquier atisbo de hiperpresidencialismo en la región.
El contraste resulta estridente. Mientras la academia montevideana etiqueta de autoritario al presidente salvadoreño Nayib Bukele sin medir consecuencias, guarda un silencio cómplice y sepulcral sobre las maniobras del número dos de la Prosecretaría. Díaz pasó sin escalas de ser el jefe absoluto de los fiscales a operar como abogado defensor de figuras prominentes de la izquierda y, finalmente, a transformarse en el brazo ejecutor del gobierno nacional en materia penal y estratégica.
Presiones públicas a fiscales en actividad y el fantasma de la persecución a la prensa
La trayectoria de Díaz al frente de la Fiscalía entre 2012 y 2021 le otorgó una red de contactos y un ascendiente institucional que hoy utiliza sin el menor pudor desde el ámbito político. En intervenciones mediáticas recientes, el jerarca de Presidencia se permitió cuestionar de manera abierta la velocidad y el rumbo de investigaciones penales en curso, criticando los tiempos de la Fiscalía en causas de alto perfil y censurando los recambios de magistrados al afirmar que «no es bueno cambiar de caballo en la mitad del río».
Pero el episodio más inquietante ocurrió en las pantallas de televisión cuando Díaz admitió contar con «información» de inteligencia sobre periodistas que se encontraban investigando a altos funcionarios del Gabinete. Que el principal articulador de la seguridad del Estado reconozca, con absoluta liviandad, que conoce los pasos de la prensa de investigación sin aclarar de dónde surgen esos datos de seguimiento representa una interferencia institucional grave que en cualquier país vecino hubiese motivado la inmediata citación parlamentaria y el repudio unánime de los gremios de prensa.
Conflictos de interés internos y las denuncias desde el propio Ministerio Público
Las sospechas de arbitrariedad y acomodo no son nuevas en la carrera de Díaz. Desde el interior de la propia Fiscalía surgen voces que recuerdan cómo, al asumir su mandato en 2012, desplazó de manera intempestiva a fiscales antilavado y de crimen organizado —como ocurrió con Ricardo Perciballe— en momentos en que se instruían causas de alto impacto político. En aquellos años, las remociones se justificaron bajo el eufemismo de «rotaciones de rutina», pero la sospecha de blindaje institucional jamás logró disiparse.
Asimismo, su rol en causas comerciales de volumen ruinoso para las arcas públicas, como la denuncia penal impulsada desde Presidencia contra el astillero español Cardama —que derivó en un multimillonario arbitraje internacional ante la Cámara de Comercio Internacional—, demuestra cómo las decisiones judiciales articuladas desde su despacho terminan comprometiendo el patrimonio de todos los uruguayos en favor de estrategias políticas de corto vuelo.
La ceguera de la élite intelectual y la brecha con el sentir de la ciudadanía
El fenómeno expone la profunda grieta de credibilidad que atraviesa a los analistas de la capital. Mientras el círculo rojo montevideano pontifica sobre la pulcritud institucional y teoriza sobre la «captura del Estado» en países centroamericanos, mira para otro lado cuando la concentración de poder ocurre a metros de la Plaza Independencia. La vara es bien distinta si el que presiona jueces y vigila cronistas pertenece al riñón del poder político local.
Sin embargo, la ciudadanía percibe la impostura. Estudios de la consultora Equipos reflejan que los liderazgos firmes contra la delincuencia cosechan elevados niveles de simpatía entre los propios votantes del oficialismo, quienes terminan dándole la espalda a una intelectualidad que imparte cátedra sobre democracias ajenas pero padece de una ceguera selectiva frente a los abusos cometidos en su propia casa.
La sombra del superpoder sobre el futuro de las instituciones
La continuidad de Jorge Díaz operando simultáneamente como estratega judicial, operador de inteligencia y fiscal en las sombras erosiona de manera severa la independencia del Ministerio Público y la transparencia de las garantías constitucionales en Uruguay.
Resulta urgente que los organismos de control, la corporación judicial y la prensa independiente exijan la rendición de cuentas que la élite política insiste en cajonear. La institucionalidad del país no puede quedar supeditada a los caprichos ni a los expedientes de un solo hombre.
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