El avance del agua destruye en horas el esfuerzo de años. Ante la magnitud de los daños materiales generados por los recientes eventos meteorológicos y las crecientes que anegaron múltiples localidades en el interior del país, surgió una iniciativa legislativa concreta orientada a dar alivio financiero a los hogares que atraviesan momentos críticos. La propuesta formal apunta a exonerar tres meses de UTE y OSE a las familias afectadas por las inundaciones, permitiendo que los damnificados dispongan de sus menguados recursos para recuperar enseres básicos, ropa, electrodomésticos y reparar la infraestructura dañada de sus viviendas.
El planteo fue formulado formalmente por la diputada del Partido Nacional por el departamento de Cerro Largo, Carmen Tort, quien remitió una exposición escrita dirigida al Poder Ejecutivo, así como a las autoridades de los directorios de las dos empresas públicas estatales. En el escrito, la legisladora fundamenta que la pérdida de pertenencias y la paralización forzada de la actividad laboral de muchas familias exige una respuesta estatal contundente, ágil y sensible que vaya más allá de la asistencia alimentaria primaria.
Exonerar tres meses de UTE y OSE: un alivio directo al bolsillo golpeado
La fundamentación de la medida radica en el gasto extraordinario e ineludible que implica el retorno a los hogares tras el repliegue de las aguas. Cuando las familias evacuadas o autoevacuadas logran regresar a sus fincas, se encuentran con paredes impregnadas de humedad, barro acumulado en cada habitación y instalaciones eléctricas severamente comprometidas. La tarea de desinfección, secado y limpieza profunda requiere un consumo intensivo de agua potable e hidrolavadoras, así como el uso continuo de aparatos de ventilación y deshumidificación.
Paradójicamente, ese esfuerzo por recuperar la habitabilidad de las casas dispara los consumos mensuales de electricidad y agua potable. Si las empresas del Estado aplican la facturación habitual o registran dichos incrementos técnicos, los damnificados terminarían pagando montos astronómicos justamente en el período en que se encuentran en mayor vulnerabilidad económica. Por este motivo, la solicitud de exonerar tres meses de UTE y OSE busca neutralizar ese impacto y evitar un castigo financiero adicional sobre la población golpeada por el fenómeno climático.
El rol de los Comités Departamentales de Emergencia
Para garantizar la transparencia del beneficio y evitar que se cometan abusos o distorsiones, la propuesta establece que la nómina de beneficiarios surja de los registros oficiales del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) a través de los Comités Departamentales de Emergencias (Cecoed). Serán estas dependencias locales las encargadas de cruzar los datos de las fincas efectivamente afectadas o inundadas y validar el padrón que se remitirá a los entes autónomos.
De concretarse la aprobación por parte del Ejecutivo, el mecanismo funcionaría mediante la suspensión automática del cobro y la bonificación del 100% en los recibos emitidos durante los tres meses posteriores al evento adverso. Según la iniciativa, el beneficio no solo debe abarcar la tarifa residencial básica, sino también los cargos fijos y las tasas de conexión o reconexión que pudieren generarse tras la interrupción preventiva del servicio por razones de seguridad eléctrica.
Contexto climático y antecedentes de asistencia en Uruguay
No es la primera vez que el sistema político uruguayo analiza mecanismos de subsidio o bonificación tarifaria ante catástrofes naturales. En episodios anteriores de sequías extremas o inundaciones severas, tanto UTE como OSE han dispuesto esquemas de descuento comercial del 10% al 50% en los consumos de ciertos sectores productivos o residenciales. Sin embargo, el planteo actual destaca por su alcance integral: una condonación absoluta durante un trimestre completo.
La situación climática ha golpeado con especial dureza a departamentos de la franja norte y centro del país, donde el desborde de ríos y arroyos cortó rutas nacionales, anegó barrios enteros y obligó al desplazamiento temporal de cientos de ciudadanos hacia centros de acopio y refugios municipales. En Cerro Largo, territorio representado por la impulsora de la medida, el impacto de las lluvias torrenciales causó trastornos severos tanto en zonas urbanas como en caminos rurales golpeados por la escorrentía.
Próximos pasos en la órbita del Poder Ejecutivo
Dado que la fijación de tarifas y la concesión de exoneraciones tributarias o comerciales son competencia excluUTE siva del Poder Ejecutivo en coordinación con los directorios de los entes autónomos, el documento elevado por la cámara baja aguarda la resolución de los ministerios correspondientes y de la Presidencia de la República.
Se aguarda que en los próximos días las autoridades de y OSE evalúen la viabilidad técnica y presupuestal de la medida. Fuentes parlamentarias señalaron que existe expectativa de que la iniciativa coseche apoyos multipartidarios, considerando que la protección a las víctimas de eventos meteorológicos extremos constituye una prioridad social indiscutida en el ámbito legislativo.
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