Una escandalosa estafa en cooperativa sindical en el departamento de Paysandú ha dejado al descubierto la vulnerabilidad absoluta de los fondos públicos y el desamparo de decenas de trabajadores frente a la falta de controles del sistema de vivienda social. Según publica Diario El País. El proyecto, que contó con una inyección de cuatro millones de dólares provenientes del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la Agencia Nacional de Vivienda, presenta hoy un estado de deterioro estructural tan avanzado que los propios informes técnicos advierten sobre un riesgo latente de derrumbe antes de que las unidades hayan sido formalmente habitadas.
El predio, que debía albergar los hogares definitivos de familias obreras que aportaron miles de horas de trabajo solidario y cuotas mensuales de ahorro previo, es actualmente una postal de ruinas y desolación. Grietas que atraviesan los muros de carga de lado a lado, plateas de hormigón hundidas por fallas groseras en el estudio de suelos, filtraciones masivas de agua que pudrieron las instalaciones eléctricas y techos deformados dan cuenta de una ejecución técnica fraudulenta que contó con la complicidad o la ceguera deliberada de los organismos encargados de fiscalizar cada etapa del desembolso estatal.
Lejos de asumir la gravedad de la situación y disponer una intervención judicial inmediata con medidas de auxilio habitacional para los damnificados, la burocracia estatal ha dilatado las soluciones durante años. Mientras tanto, una veintena de familias permanece atrapada en una trampa económica desesperante: continúan pagando los alquileres mensuales de sus viviendas precarias, afrontan los costos de los préstamos contraídos para el proyecto y asisten con impotencia a la degradación de un complejo que costó millones de dólares al erario público.
Las dimensiones del desastre y la estafa en cooperativa sindical
El esquema operativo que derivó en la consumación de esta estafa en cooperativa sindical siguió un patrón tristemente reiterado en diversas experiencias del cooperativismo desregulado: promesas de sistemas constructivos no tradicionales más rápidos y económicos, desembolsos millonarios liberados por certificados de avance de obra que no reflejaban la realidad material de las construcciones y la contratación de empresas constructoras que abandonaron las tareas una vez cobradas las partidas más sustanciales del subsidio estatal.
Los peritajes independientes solicitados por los propios cooperativistas confirman que los materiales utilizados en la obra no cumplían con los estándares mínimos de resistencia exigidos por las ordenanzas técnicas de edificación. En lugar de estructuras sólidas y seguras, se emplearon paneles de calidad deficiente, anclajes defectuosos y mezclas de hormigón con proporciones viciadas que cedieron apenas el terreno experimentó las primeras cargas de humedad estacional.
El daño no es únicamente financiero; es fundamentalmente humano. Los testimonios de los socios fundadores dan cuenta de años de privaciones familiares, de guardias nocturnas en el predio para evitar el robo de los pocos materiales restantes y del desgaste psicológico de ver cómo el sueño del hogar propio se transformaba en una pesadilla de deudas y litigios judiciales sin final a la vista.
La inoperancia de los controles y el despilfarro de US$ 4 millones
La pregunta que resuena con fuerza en Paysandú y en los estrados judiciales apunta directamente a los organismos de fiscalización: ¿cómo fue posible que el Estado liberara cuatro millones de dólares sin que ningún inspector detectara que las casas se estaban construyendo sobre bases inviables? La cadena de omisiones expone fallas críticas en los mecanismos de seguimiento de la Agencia Nacional de Vivienda y de las direcciones técnicas del Ministerio de Vivienda, cuyos técnicos avalaron periódicamente los certificados de pago que habilitaron el drenaje de los recursos públicos.
A lo largo del proceso, las advertencias elevadas por los propios obreros y socios de base fueron sistemáticamente minimizadas por las conducciones gremiales y los institutos de asistencia técnica intervinientes. Cada reclamo por defectos visibles en las paredes o por retrasos injustificados en los cronogramas era respondido con promesas de corrección futura o con exigencias de silencio para no poner en riesgo la continuidad de las transferencias financieras desde Montevideo.
Hoy, con las empresas constructoras desaparecidas del mapa comercial y los intermediarios deslindando responsabilidades, el costo del desastre amenaza con recaer una vez más sobre el bolsillo de los contribuyentes. Las estimaciones para demoler los tramos irrecuperables y reconstruir las viviendas bajo normas de seguridad estructural exigirían una nueva partida presupuestal millonaria, mientras nadie ha sido formalmente condenado ni obligado a resarcir el daño patrimonial provocado.
Familias atrapadas entre el endeudamiento y la desprotección
El drama de las veinte familias estafadas en Paysandú refleja la desprotección estructural que sufren los sectores trabajadores cuando los programas sociales son capturados por redes de intermediación opacas. Muchas de estas familias debieron asumir compromisos crediticios paralelos para financiar obras adicionales que los constructores prometían finalizar, endeudándose con el sistema financiero formal y con cooperativas de crédito hasta niveles asfixiantes.
En la actualidad, las viviendas presentan un estado tan precario que su ocupación representaría un peligro directo para la vida de niños y adultos. Los techos presentan combaduras notorias que amenazan con desplomarse ante eventos climáticos severos, los pisos se encuentran desnivelados por el quiebre de las losas de cimentación y los tabiques divisorios se desmoronan con la simple presión manual.
La comunidad sanducera observa con indignación cómo un predio que debió ser un polo de desarrollo barrial y dignidad obrera se ha convertido en un páramo de escombros y abandono. La demanda de los damnificados no admite más postergaciones burocráticas: exigen la radicación urgente de denuncias penales contra todos los involucrados en la cadena de firmas, el congelamiento de las deudas que les fueron cargadas injustamente y una solución habitacional definitiva por parte del Poder Ejecutivo que repare el daño provocado por años de negligencia oficial.
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