En un informe publicado por Búsqueda, se advierte que la falta de estadísticas oficiales actualizadas sobre las características étnico-raciales de las personas privadas de libertad mantiene en penumbras una realidad desgarradora. Mientras las autoridades del Ministerio del Interior prevén publicar para octubre los resultados finales del segundo censo nacional penitenciario —cuyo trabajo de campo se extendió de dos a doce meses—, las organizaciones de la sociedad civil afirman que cerca del 27% de la población carcelaria en Uruguay es afrodescendiente. Esta cifra contrasta drásticamente con la demografía general del país, donde este colectivo representa menos del 11% según el censo de 2023.
La marcada desproporción no solo expone las desigualdades históricas en materia educativa o laboral, sino que sitúa bajo la lupa el accionar del sistema de justicia penal. Para diversos colectivos, la ausencia de registros sistemáticos no es un mero descuido administrativo, sino un factor que dificulta visibilizar el sesgo punitivo y las trabas que enfrentan los sectores vulnerados al momento de lidiar con los aparatos policiales y judiciales.
Muestras y antecedentes de un fenómeno persistente
El fenómeno de la sobrepoblación afro en los centros de reclusión uruguayos cuenta con diversos antecedentes técnicos. Ya en 2010, una investigación elaborada por Ana Juanche y Javier Palummo sobre una muestra de 8.777 reclusos determinó que el 27,3% de los entrevistados declaraba ascendencia afro. Años más tarde, un relevamiento del Instituto Nacional de Rehabilitación en 2018 ubicó la cifra en un 20,1%, mientras que un diagnóstico enfocado en mujeres privadas de libertad realizado en 2025 por la consultora Nómade arrojó que el 17,4% de las encuestadas se identificaba como negra, duplicando la media nacional general.
En dependencias del interior del país la brecha resulta aún más severa. Un estudio realizado en 2024 en la cárcel de mujeres de Rivera reveló que el 83% de las internas eran afrodescendientes. Al cruzar estos coeficientes con las variables poblacionales, la Organización Social Salvador calculó una tasa de reclusión de 720 personas afro por cada 100.000 habitantes, frente a los 210 por cada 100.000 contabilizados para la población no afro. Esta brecha indica que una persona negra en Uruguay enfrenta una probabilidad de ser encarcelada tres veces mayor que el resto de la ciudadanía.
El contexto en América Latina y las observaciones internacionales
La sobrerrepresentación de las minorías en los sistemas penitenciarios es un patrón extendido en toda América Latina. Diversos colectivos de la región han remarcado que el racismo sistémico opera desde el patrullaje selectivo hasta la imposición de prisiones preventivas y condenas más severas. Esta preocupación motivó a las Naciones Unidas a establecer en 2021 un órgano específico para promover la igualdad en la aplicación de la ley y combatir la violencia institucional hacia personas afrodescendientes.
En el plano local, las observaciones de los organismos multilaterales han sido categóricas. En mayo de 2025, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU recriminó al Estado uruguayo la «falta de información» oficial sobre las disparidades que afectan a este colectivo, reiterando la urgencia de aplicar políticas afirmativas para acortar las brechas socioeconómicas y judiciales.
Declaraciones oficiales y reclamo parlamentario
Durante su comparecencia ante la Comisión de Educación y Cultura del Senado en julio, el activista Ramón Orlando Rivero, representante de la Organización Social Salvador, fue contundente respecto al rol de las instituciones penales: “La exclusividad racial del sistema judicial está atacando de una manera muy agresiva, de una manera muy violenta, y lo único que lo explica es el impacto del racismo en esa estructura, pero fundamentalmente en el sistema judicial”.
Rivero argumentó ante los legisladores que las cifras actuales no reflejan la conducta de las personas, sino los patrones de juzgamiento del propio sistema. Por su parte, la asesora en políticas penitenciarias del Ministerio del Interior, Ana Vigna, justificó la demora en los datos del censo aduciendo que el trabajo de campo fue sensiblemente más complejo de lo proyectado originalmente.
Exigencias para el diseño de políticas públicas
El procesamiento de los datos recolectados por la Facultad de Ciencias Sociales representa una instancia clave para confirmar o rectificar las proyecciones independientes. Para los colectivos de derechos humanos, resulta imprescindible que los registros oficiales de la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial y el Ministerio del Interior incorporen la variable étnico-racial de forma permanente.
Solo mediante la recolección continua de evidencia empírica se podrán diseñar políticas de rehabilitación efectivas y abordar los sesgos en la persecución penal. El esclarecimiento de estas estadísticas permitirá determinar si el sistema penitenciario funciona como una herramienta de reinserción o como un amplificador de la marginación social.
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