La investigación en torno a la estafa de Conexión Ganadera sumó una confirmación crucial en la sede concursal de Montevideo. El juez Leonardo Méndez recibió el escrito oficial elaborado por el síndico del concurso, Alfredo Ciavattone, donde se establece que la empresa mantiene un pasivo verificado de 387 millones de dólares frente a activos valorados en 115 millones. Esta diferencia deja un saldo negativo neto de 272 millones de dólares. El informe técnico advierte a los damnificados que la cobertura patrimonial penas alcanza un 29,8%, con la agravante de que gran parte de los cobros pendientes corresponden a firmas vinculadas e insolventes, lo que invalida cualquier expectativa de recuperar el capital original.
La estafa de Conexión Ganadera representa el colapso financiero de mayor envergadura registrado en el sector agropecuario del país. Durante años, la firma captó capitales de pequeños y medianos ahorristas bajo la promesa de adquirir ganado de corte y abonar una renta fija garantizada de al menos el 7% anual. No obstante, las pericias contables demostraron que la estructura operaba como un esquema Ponzi tradicional, donde los retornos abonados a los clientes antiguos provenían exclusivamente del ingreso de nuevos inversores y no de la producción ganadera real.
La crisis estalló abiertamente hace un año y medio cuando la dirección del grupo admitió la falta de liquidez para hacer frente a las solicitudes de retiro de fondos. A partir de ese momento, la tramitación del caso se dividió en dos frentes: la vía penal, enfocada en sancionar los delitos de defraudación y lavado de dinero, y la vía concursal, orientada a liquidar los bienes remanentes para saldar las deudas contraídas.
El informe concursal sobre la estafa de Conexión Ganadera y la imposibilidad de cobro
En el marco de la liquidación judicial, el síndico Alfredo Ciavattone detalló la situación de los damnificados ante el magistrado del caso. La evaluación técnica sostiene que las sumas reclamadas por los ahorristas derivan de la malversación sistemática de los fondos entregados en custodia. A pesar de que los contratos contemplaban un interés fijo, las investigaciones demostraron que dicha rentabilidad jamás se generó a través de la actividad pecuaria.
DESGLOSE FINANCIERO DEL CONCURSO JUDICIAL
• Pasivo verificado total: USD 387.000.000
• Activo teórico registrado: USD 115.000.000
• Rojo patrimonial neto: USD 272.000.000
• Cobertura de activos sobre pasivos: 29,8%
• Renta fija prometida en contratos: 7% anual mínimo
• Naturaleza de la operativa: Esquema Ponzi sin generación real de hacienda
El documento incorporado al expediente enfatiza que los recursos integrados a la masa activa resultan insuficientes para restituir el capital inicial de las víctimas. Al momento de verificar los créditos, la sede judicial mantuvo la inclusión de las rentas prometidas mediante una ficción técnica, con el objetivo de resguardar el principio de igualdad entre los acreedores de una misma categoría.
La naturaleza de los activos irrecuperables y las empresas vinculadas
Aunque el balance del concurso asigna un valor de 115 millones de dólares a la masa de activos, los técnicos advirtieron que se trata de créditos de cobro prácticamente imposible. Las cuentas por cobrar de mayor volumen corresponden a la firma Hernandarias, que actuaba como la principal tomadora de ganado del grupo vacuno, así como a las obligaciones personales registradas a nombre de Gustavo Basso, uno de los directores fundadores.
Asimismo, dentro de los saldos pendientes figura la empresa Don Coraje, propiedad de Daniela Cabral, viuda de Basso, entidad que también funcionaba como tenedora de los animales. El origen y destino de estos flujos de dinero son examinados por el fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, quien intenta rastrear el desvío de los fondos hacia otras sociedades comerciales.
Perfil de los directores y el avance de las causas penales
La credibilidad del modelo de negocios descansaba en la exposición pública de sus administradores. Pablo Carrasco mantenía una presencia constante en medios de comunicación como analista de la coyuntura agraria, mientras que Gustavo Basso gozaba de prestigio en el ámbito empresarial del departamento de Florida. El entramado comenzó a desarmarse tras el deceso de Basso el 28 de noviembre de 2024, cuando falleció en un siniestro de tránsito sobre su vehículo en la ruta.
Posteriormente, la investigación penal derivó en la imputación y prisión preventiva de Pablo Carrasco y su esposa, Ana Iewdiukow, acusados por los delitos de estafa y lavado de activos. Por su parte, Daniela Cabral fue imputada por estafa y permanece bajo régimen de prisión domiciliaria en un complejo residencial de Punta del Este. Las autoridades de la fiscalía ratificaron que el abultado pasivo acumulado convierte en impagables las deudas contraídas con el colectivo de inversores.
Dejá tu comentario
Comentá con tu nombre y Gmail. Tu correo es privado y nunca se publica.