El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes nuevas limitaciones en el acceso a visados para ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, acusando a estos PAÍSES de haber favorecido prácticas de corrupción y narcotráfico que amenazan los gobiernos democráticamente elegidos y el Estado de derecho en América del Sur. La medida forma parte de la iniciativa 'Escudo de las Américas', una alianza regional de PAÍSES con orientación conservadora que busca enfrentar a redes criminales y a quienes las apoyan desde dentro de los organismos gubernamentales.
Christopher Landau, subsecretario de Estado, afirmó que el proyecto no se limita a declaraciones políticas, sino que implica acciones reales y resultados concretos. En una publicación en redes sociales, destacó: 'El Escudo no es solo palabras; es acción y resultados'. Añadió que Estados Unidos seguirá apoyando a los CUATRO PAÍSES para proteger sus gobiernos frente a la corrupción y a las estructuras narcoterroristas que intentan socavarlos.
La medida se basa en la Ley de Inmigración y Nacionalidad estadounidense (INA), que permite restringir la entrada al país cuando el posible impacto de una persona o su actividad pueda afectar negativamente las relaciones exteriores de Estados Unidos. El Departamento de Estado precisó que el mecanismo permitirá actuar de forma permanente y con rapidez, conforme se obtengan nuevas pruebas, y contempla también restricciones para familiares directos de los ciudadanos afectados.
Detalles de las personas afectadas en Bolivia y Colombia
En Bolivia, se revocaron los visados de doce personas y sus familiares. Entre ellos se encuentran el FISCAL superior Martín Daniel Irusta Flores, la jueza investigadora anticorrupción y CONTRA violencia hacia mujeres de Santa Cruz, Albania Chane Caballero; el exministro de Justicia Iván Manolo Lima Magne y el expresidente ejecutivo de la Aduana Nacional, Alberto Samuel Soto de la Via. Se incluyen además nueve ciudadanos bolivianos sin visado previo que ahora quedan excluidos de obtenerlo junto con sus familiares.
En Colombia, se afectan dos ciudadanos y sus familias: Euclides Antonio Torres, empresario del sector energético, y Martha Isabel Peralo, senadora vinculada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). En Ecuador, se imponen restricciones a dos ciudadanos y se cancelan los visados de sus familiares. En Perú, el juez del Tribunal Constitucional del Primer Circuito de Lima, Juan Carlos Núñez Matos, y su familia están afectados por la medida.
Además, el Departamento de Estado incluyó públicamente al FISCAL GENERAL de Bolivia, Roger Mariaca, entre los funcionarios señalados por corrupción.
Washington anunció hoy una limitación de visas para ciudadanos bolivianos, colombianos, ecuatorianos y peruanos por presuntas actividades de corrupción y narcotráfico. La medida afecta especialmente al FISCAL GENERAL de Bolivia, Mariaca, cuya designación implica que él y sus familiares directos quedan excluidos de entrar a Estados Unidos. El gobierno norteamericano argumenta que posee información fidedigna sobre su participación en 'actos de corrupción significativos' y en el facilitamiento del narcotráfico, así como en la ayuda a delincuentes violentos para evadir la Justicia.
Las acciones de Mariaca, elegido en 2024 por Luis Arce, serían usadas para solicitar y aceptar sobornos. Estados Unidos enfatiza que tales conductas perjudican sus iniciativas CONTRA el narcoterrorismo y debilitan las instituciones democráticas que los PAÍSES del 'Escudo de las Américas' han comprometido fortalecer. El mensaje reitera que 'los funcionarios corruptos –y los criminales a quienes protegen– no son bienvenidos en Estados Unidos'.
La denuncia se basa en la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados de 2026, que permite al secretario de Estado designar a funcionarios extranjeros y sus familiares cuando exista información verificada sobre su implicación en corrupción grave o violaciones de Derechos Humanos.
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