La Comisión Europea dio este jueves un plazo de dos meses a ESPAÑA y a otros 15 Países para que adapten sus leyes a las normas europeas sobre créditos al consumo, antes de presentar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y exigir sanciones económicas.
El dictamen motivado fue enviado a ESPAÑA y a los mencionados Estados miembros por no haber comunicado aún la transposición completa de la directiva Europea, cuyo vencimiento se produjo el 20 de noviembre de 2025.
La normativa busca fortalecer la protección del consumidor en el sector crediticio y asegurar mayor transparencia y equidad en las operaciones de Crédito dentro de toda la UE.
Desde enero, la Comisión inició procedimientos de infracción contra 23 Países por no haber notificado las medidas necesarias para integrar plenamente la directiva en sus legislaciones nacionales.
BRUSELAS impone plazo para que ESPAÑA y otros Países cumplan normas de protección al consumidor
Aunque varios Estados han avanzado en la transposición, ESPAÑA y otros 15 —Bulgaria, República Checa, Estonia, Irlanda, Francia, Croacia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Eslovenia— aún no han informado a BRUSELAS sobre la incorporación completa de las normas.
Por ello, la Comisión decidió pasar a la fase siguiente del proceso de infracción con el envío de un dictamen motivado y estableció un plazo de dos meses para que los 16 Países respondan y adopten las medidas necesarias.
Si no se subsanan las deficiencias dentro de ese tiempo, BRUSELAS podrá enviar los casos al TJUE y solicitar sanciones económicas.
El Gobierno español APROBÓ el pasado 7 de enero el anteproyecto de LEY de Contratos de Crédito al Consumo para transponer las directivas europeas, con el objetivo de mejorar la transparencia, limitar los tipos de interés en créditos rápidos y tarjetas revolving, y prevenir el sobreendeudamiento familiar.
Sin embargo, aún no se ha aprobado definitivamente en segunda vuelta ni en el Consejo de Ministros.
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