Gobiernos europeos exigen debate sobre el Acuerdo de Asociación con Israel
Los gobiernos de España, Irlanda y Eslovenia han solicitado a la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, un debate formal sobre el Acuerdo de Asociación con Israel, en el que se consideren «todas las acciones sobre la mesa», incluyendo la posibilidad de su suspensión, a raíz de las medidas y actuaciones del Gobierno de Benjamin Netanyahu.
La carta, a la que se ha tenido acceso, ha sido firmada por los ministros de Exteriores de los tres países, entre ellos José Manuel Albares, y se ha enviado en el contexto de la reunión de ministros de Exteriores de los Veintisiete que se llevará a cabo el próximo martes en Luxemburgo.
Los ministros argumentan que la revisión realizada en junio sobre el cumplimiento de las obligaciones de Israel respecto al artículo 2 del acuerdo, que exige el respeto de los Derechos Humanos, evidenció que la situación no ha mejorado y, de hecho, ha empeorado. Este deterioro se manifiesta en un contexto de creciente violencia y tensiones en Gaza, Cisjordania y Líbano, lo que hace urgente una revisión de la respuesta de la UE, incluyendo las propuestas de la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, para una suspensión parcial del acuerdo.
Desde la perspectiva de España, Irlanda y Eslovenia, países que apoyaron el reconocimiento de Palestina en la primavera de 2024, se requiere una acción valiente e inmediata, sugiriendo que todas las opciones deben ser consideradas, incluida la suspensión del acuerdo, aunque no se menciona de manera explícita. «La UE no puede seguir en los márgenes», concluyen los tres ministros.
La Comisión Europea ha advertido que para que la suspensión parcial del acuerdo con Israel sea viable, se necesita unanimidad entre los Veintisiete, y hasta el momento no se ha alcanzado ese consenso, aunque todas las propuestas permanecen en discusión.
Si Kallas decide atender la solicitud de reanudar el debate, la primera oportunidad podría presentarse el próximo martes, durante la reunión de ministros de Exteriores en Luxemburgo. Además, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE se reunirán el jueves y viernes en Chipre, aunque se trata de un consejo informal, lo que imposibilita la adopción de decisiones formales en ese contexto.
Preocupaciones sobre las acciones del Gobierno israelí
En su exposición de motivos, los tres ministros expresan su «profunda preocupación» por diversas medidas y decisiones militares adoptadas por el Gobierno israelí, así como por leyes aprobadas por el Parlamento que «contravienen los Derechos Humanos y violan el Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario», además de la negativa a revertir dichas decisiones.
Argumentan que «la UE no puede seguir estando callada o inactiva ante tales violaciones, por una cuestión de coherencia y por su propia credibilidad», instando a la Unión a ejercer su «responsabilidad moral y política».
En particular, mencionan la reciente aprobación de la pena de muerte para terroristas, que se aplica exclusivamente a los palestinos, considerándola una violación del artículo 2 del Acuerdo de Asociación. También destacan la «situación insostenible en Gaza», donde se infringe el alto el fuego y la ayuda humanitaria es insuficiente, así como el rápido deterioro de la situación en Cisjordania, donde la violencia contra los palestinos ha aumentado, en parte debido a la acción de «colonos radicales» y operaciones del Ejército israelí.
Asimismo, hacen referencia a la situación en Líbano, donde celebran el anuncio de un alto el fuego de diez días y piden a todas las partes que actúen con contención y responsabilidad para cesar los ataques y la violencia. En este sentido, exigen a Israel que detenga de inmediato sus operaciones militares que no respetan el Derecho Internacional y que están destruyendo infraestructuras civiles, lo que ha llevado al desplazamiento de 1,2 millones de libaneses.
Las declaraciones de las autoridades israelíes, que expresan la intención de mantener el territorio ocupado en el sur de Líbano, son vistas como «una violación flagrante del Derecho Internacional que no puede quedar sin respuesta»
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