La Fiscalía lleva adelante una investigación penal centrada en la actuación de tres funcionarios pertenecientes a la Jefatura de Policía de Canelones, tras la muerte de Maximiliano Machini, un joven de 30 años residente en la localidad de San Antonio. El trágico episodio ocurrió el pasado 21 de julio de 2026, luego de que la familia solicitara auxilio al servicio 911 debido a que el joven atravesaba una severa descompensación vinculada al consumo de drogas y no lograban contenerlo en el domicilio.
Ante la llamada de emergencia, un móvil policial con tres efectivos se presentó en la vivienda familiar. Los agentes procedieron a contener al joven, colocándole esposas, y lo trasladaron hacia el Hospital de San Ramón para que recibiera atención médica de urgencia. En el centro asistencial, los profesionales de la salud lograron estabilizar los signos vitales de la víctima, quien según los registros médicos y testimonios recogidos en el lugar, “salió caminando” de las instalaciones hospitalarias para emprender el regreso a su hogar en el mismo patrullero que lo había llevado.
La llegada al domicilio y la desgarradora alerta de la familia
El mismo vehículo policial completó el trayecto desde San Ramón de vuelta a la finca de San Antonio. Sin embargo, el desenlace fue absolutamente inesperado para sus allegados. Según el testimonio brindado por la madre de la víctima, Gianela Corujo, los tres funcionarios policiales descendieron del móvil y le manifestaron que su hijo “iba a dormir tres días”, una expresión que en un primer momento la llevó a suponer que al joven le habían administrado alguna medicación en el centro de salud para favorecer su descanso.
Mientras la madre permanecía en el exterior conversando brevemente con los policías, su otro hijo ingresó a la vivienda para acompañar a Maximiliano. A los pocos minutos, la tranquilidad se quebró por completo cuando el hermano salió desesperado a avisarle que algo no estaba bien. “Mamá, no respira, está con los pies fríos y la frente fría”, relató Corujo sobre ese desgarrador instante. La mujer acudió de inmediato a la casa de una médica vecina para pedir auxilio. Si bien la profesional les recomendó trasladarlo con extrema urgencia al hospital de Canelones, no les confirmó en ese momento lo que ya se temía: que el joven ya no presentaba signos vitales. Corujo recordó que, al momento de recibirlo del patrullero, pensó que su hijo estaba dormido, aunque le llamó la atención que permaneciera con los ojos abiertos.
Las inconsistencias del traslado y las pericias clave
La investigación judicial dio un giro determinante al cotejarse los informes médicos iniciales con los resultados de las pericias forenses posteriores. Las evaluaciones clínicas realizadas en el Hospital de San Ramón indican expresamente que Maximiliano Machini no presentaba lesiones físicas ni traumatismos visibles al ingresar ni al ser dado de alta del establecimiento. Sin embargo, el informe final de la autopsia realizada al cuerpo confirmó la presencia de traumatismos múltiples y fracturas.
A estas evidencias médicas se suma la reconstrucción del recorrido realizada a través del sistema de geolocalización (GPS) del patrullero. El registro del móvil dejó al descubierto que el vehículo realizó dos detenciones imprevistas durante el trayecto entre el centro asistencial de San Ramón y el domicilio de la víctima en San Antonio. De acuerdo con la reconstrucción aportada por la familia, los efectivos policiales en ningún momento informaron si se había producido algún incidente, descompensación o inconveniente en la vía pública durante el viaje de retorno.
Un patrón bajo la lupa del control institucional en la región
El esclarecimiento de procedimientos de custodia policial durante el traslado de personas descompensadas o en situación de vulnerabilidad de salud constituye una prioridad para los sistemas judiciales de la región. El correcto cumplimiento de los protocolos de resguardo físico y la trazabilidad de los traslados en móviles oficiales resultan indispensables para garantizar las garantías individuales y determinar responsabilidades institucionales ante hechos de extrema gravedad.
En este tipo de situaciones, la rigurosidad de las pruebas periciales forenses y la auditoría tecnológica sobre el equipamiento del Ministerio del Interior —como las lecturas de los rastreadores satelitales y los registros de las unidades de emergencia— se configuran como elementos de prueba clave para que la Fiscalía establezca el hilo cronológico y las eventuales responsabilidades penales de los funcionarios involucrados.
El reclamo de la familia y el avance de la causa
A la espera del avance de las citaciones y los peritajes dispuestos por la sede fiscal, Gianela Corujo exige respuestas claras sobre lo acontecido en el trayecto dentro del patrullero y reclama justicia por la memoria de su hijo, a quien describió como “un chiquilín bueno, sano, jugador de fútbol y muy querido por todos”.
La investigación continuará en las próximas semanas con el análisis exhaustivo de la autopsia, la declaración de los tres policías indagados, la del personal médico que intervino en San Ramón y el cotejo técnico de las paradas registradas por el GPS del vehículo oficial.
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