La modernización del parque automotor del Ejército Nacional ha chocado contra un muro burocrático y ambiental que amenaza con convertirse en un perjuicio económico millonario para las arcas públicas. Actualmente, una columna de autos militares retenidos en la zona portuaria de Montevideo espera por una resolución que parece lejana. Se trata de unidades de origen brasileño que, pese a haber sido seleccionadas en un proceso de licitación internacional, no logran superar los controles técnicos impuestos por la normativa ecológica que rige en el país desde 2021.
El origen del bloqueo: Decreto 123 y los Autos militares retenidos
El eje del conflicto radica en el Decreto 123, una normativa aprobada en el año 2021 que endureció las exigencias para el ingreso de vehículos al territorio nacional, priorizando la reducción de emisiones contaminantes. Según trascendió, las unidades modelo Agrale Marruá AM-11 y las ambulancias tácticas AM-23 adquiridas no alcanzan los estándares requeridos por el Ministerio de Ambiente. Esta discrepancia técnica ha generado un cruce de responsabilidades entre carteras, dejando a los 84 camiones 4×4 y las 5 ambulancias tácticas en un limbo aduanero.
La inversión, que supera los 9,2 millones de dólares (llegando a casi 11 millones sumando costos logísticos), fue adjudicada a la firma Lutrucks S.A.S. tras un proceso de selección iniciado en 2024. El objetivo de la compra era sustituir los antiguos Land Rover Defender, cuyo mantenimiento resultaba inviable. Sin embargo, la paradoja es total: el Estado compró vehículos para renovar su capacidad operativa que, técnicamente, son ilegales para circular en suelo uruguayo bajo la legislación vigente.
Un proceso de licitación bajo la lupa
La adjudicación de esta compra no estuvo exenta de controversias desde su origen. Durante el llamado a precios, la empresa china Norinco presentó una oferta que era sustancialmente más económica, con una diferencia cercana a los dos millones de dólares por debajo de la ganadora. No obstante, la propuesta asiática fue descartada por no cumplir con el requisito técnico de motores Euro III, argumentando la administración que el estándar Euro II era insuficiente.
Lo irónico del caso es que, tras rechazar la oferta china por supuesta inferioridad técnica, el gobierno optó por una opción que hoy los autos militares retenidos demuestran que tampoco es apta para la nacionalización. El sistema de defensa se encuentra hoy ante una encrucijada legal: o se flexibiliza la norma ambiental mediante una excepción que podría generar un escándalo político, o se procede a la devolución de una flota que ya fue pagada y enviada.
Impacto en las Misiones de Paz y despliegue interno
La falta de estos vehículos tácticos afecta directamente las capacidades logísticas del Ejército. Gran parte de estas unidades estaban destinadas a fortalecer el despliegue en zonas de difícil acceso y a cumplir compromisos internacionales en Misiones de Paz. Mientras los autos militares retenidos siguen acumulando polvo y costos de depósito, las unidades actuales deben seguir siendo remendadas para cumplir tareas críticas de vigilancia fronteriza.
Discrepancias internas en el gabinete
Fuentes cercanas al caso indican que hubo intentos de flexibilizar el Decreto 123 para permitir el ingreso de estas unidades, pero esto generó fuertes roces en el Ministerio de Ambiente. La defensa del «crecimiento verde» choca frontalmente con las necesidades de defensa nacional. Si el Ejecutivo decide firmar una excepción para los vehículos militares, sentaría un precedente complejo para el mercado automotor civil, que debe cumplir rigurosamente con las pruebas de emisión de gases. Por ahora, los vehículos Agrale permanecen bloqueados, simbolizando una falta de coordinación administrativa que le cuesta millones a los contribuyentes.
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