Empresarios solicitan la cancelación del proyecto de ley para establecer una tasa turística en Asturias

Representantes empresariales del sector turístico solicitan la retirada del proyecto de ley sobre el impuesto en Asturias

Diferentes representantes de colectivos empresariales vinculados al turismo en Asturias han coincidido en solicitar al Gobierno autonómico que retire su proyecto de Ley del Principado de Asturias, relacionado con el impuesto sobre estancias turísticas, que actualmente se encuentra en trámite en la Junta General del Principado. Durante su intervención en el Parlamento asturiano, estas organizaciones han expresado la necesidad de abrir un diálogo real y efectivo con el sector y con los municipios afectados antes de seguir adelante con la medida.

Críticas sobre el impacto económico y la implementación del impuesto

Javier Martínez, presidente de Otea Hostelería y Turismo en Asturias, ha reclamado una evaluación exhaustiva de los posibles efectos económicos de la tasa turística antes de su instauración en la región. Enfatizó que la capacidad de recaudar fondos no justifica, por sí sola, la aprobación del proyecto. Además, advirtió sobre las dificultades que puede acarrear la aplicación voluntaria del impuesto a nivel municipal, ya que esto podría generar disparidades en la tributación entre establecimientos cercanos, que compiten por los mismos clientes en un mismo entorno turístico. Martínez subrayó que esta situación podría complicar aún más la comercialización y la competencia en el sector.

Relevancia de un diagnóstico previo y experiencias internacionales

El representante del sector turístico argumentó que cualquier decisión relacionada con recargos municipales debe estar basada en un diagnóstico claro de las necesidades del destino. La voluntariedad de la medida, explicó, no puede ser considerada como una planificación turística coordinada ni permite evaluar de forma rigurosa los efectos económicos y territoriales. También resaltó que no basta con identificar los posibles beneficios recaudatorios; es fundamental valorar los costes y los impactos sobre la actividad económica.

Por su parte, Fernando Corral, vicepresidente ejecutivo de Otea, señaló que comunidades autónomas como Cataluña y Baleares ya disponen de sistemas de impuestos turísticos propios, aunque con particularidades que deben estudiarse. En Cataluña, las tarifas varían según el establecimiento y su ubicación, además de incluir recargos municipales y reglas específicas para reservas anticipadas; en Baleares, el impuesto tiene un carácter finalista dirigido a un fondo de turismo sostenible. Corral afirmó que estos modelos, desarrollados en contextos turísticos específicos, aportan enseñanzas pero no justifican su reproducción sin un análisis previo de la realidad asturiana.

Críticas y preocupaciones del sector sobre el impacto y la gestión

El representante de Otea también alertó sobre cómo el coste del impuesto puede afectar el precio final y, en consecuencia, la decisión de viajar, la duración de la estancia y la capacidad de los establecimientos para competir en segmentos sensibles al precio. Mientras tanto, Julio Bobes, coordinador de la Mesa de Turismo de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), cuestionó en una comisión parlamentaria la viabilidad del proyecto, señalando que no se especifican qué territorios enfrentan mayores presiones, qué servicios públicos se verían afectados ni qué costes adicionales generarían.

Asimismo, Bobes criticó la falta de una secuencia lógica en la elaboración de la norma, precisando que afirmar que los impactos turísticos existen es diferente a demostrar dónde, en qué medida y qué medidas concretas se requieren para gestionarlos. Consideró que se ha iniciado el proceso desde el instrumento tributario sin haber planteado adecuadamente las fases previas.

El representante de FADE también expresó dudas sobre la efectividad de la medida para resolver los problemas del sector, argumentando que «parece que con poner tasa turística vamos a resolver los problemas de toda la comunidad», cuando en realidad hay otros presupuestos específicos para cada objetivo, y el turismo representa solo uno de los factores afectados. Además, resaltó la falta de respuestas a la pregunta de qué indicadores permitirían acreditar que el impuesto ha cumplido su finalidad tras cinco años.

Por otro lado, Bobes enfatizó en la necesidad de mecanismos de control y transparencia, sugiriendo que la norma debería incluir formas de conocer anualmente los fondos recaudados, su destino y los resultados de las actuaciones financiadas. Afirmó que la transparencia debe extenderse a la gestión y evaluación de los recursos y no limitarse a la recaudación.

Sobernón y la oposición contundente al proyecto de tasa turística

Finalmente, Ana Belén Soberón, vicepresidenta del Cluster Turismo Rural, rechazó rotundamente la propuesta. Cuestionó si tiene sentido establecer una carga adicional a una actividad reconocida por la legislación asturiana como estratégica para fijar población y generar oportunidades en zonas rurales. Consideró que la medida contradice la realidad del sector, mayoritariamente formado por pequeños alojamientos, autónomos y negocios familiares con recursos limitados y poca capacidad para asumir nuevas cargas económicas y burocráticas.

Soberón también criticó la coherencia de la iniciativa, señalando que resulta ilógico fomentar la demanda y, al mismo tiempo, elevar el coste de las estancias mediante un impuesto. Además, vinculó la propuesta con contradicciones respecto a la ley de impulso demográfico, que promueve la actividad económica, el empleo y las oportunidades en los territorios, y que identifica al turismo como uno de los sectores clave para estos objetivos.

Por último, reclamó que se retirara el proyecto y que se iniciara un proceso de diálogo real con el sector turístico y los municipios afectados. Subrayó que en muchos municipios rurales, disponer de alojamiento turístico no solo es un negocio, sino también una oportunidad de empleo y una forma de mantener vivo el territorio y ofrecer razones para que las personas continúen residiendo en los pueblos.