Las recientes declaraciones de la edila frenteamplista Catalina Correa no surgieron de un repentino gesto ético o de un descubrimiento reciente sobre irregularidades. Lo que dijo en radio Arapey —duras críticas al sindicato Adeoms y al exintendente Andrés Lima por contrataciones fuera del marco legal— tiene una historia larga y profundamente personal. Sus palabras no solo reavivaron un viejo conflicto en la interna del Frente Amplio de Salto, sino que expusieron una fractura política que viene acumulándose desde hace más de una década.
Para entender por qué Correa apuntó de forma tan directa contra Lima y la conducción sindical de Adeoms, hay que remontarse a 2009. En ese entonces, Andrés Lima fue electo diputado, y ella comenzó a ascender políticamente a su sombra. En 2012, con el impulso del propio Lima, Correa fue electa presidenta del Frente Amplio en Salto. Dos años después, cuando Lima volvió a ganar una banca en Diputados, Correa lo suplió y pasó a ser diputada titular. Pero la relación política que parecía sólida empezó a deteriorarse en 2019, cuando ella esperaba encabezar nuevamente la lista del sector y fue desplazada por Álvaro Lima, hermano del exintendente. Según fuentes del Frente Amplio consultadas por Uruguay Al Día, ese momento marcó el punto de quiebre. «Del amor al odio», fue la frase que usó un dirigente salteño para describir la mutación.
La ruptura derivó en una narrativa crítica que Catalina Correa construyó con el tiempo y que hoy la muestra como figura opositora dentro de su propio partido. Su denuncia sobre ingresos irregulares en la Intendencia —sostenida en la supuesta complicidad de Adeoms y la estructura política de Lima— encaja en ese proceso de distanciamiento y rivalidad.
Durante su intervención radial, Correa afirmó que en la gestión de Lima se habilitaron contrataciones sin concurso ni sorteo, y que muchos de esos ingresos fueron definidos por punteros políticos durante una campaña electoral. Señaló que Adeoms no solo no denunció la situación, sino que fue parte del entramado, y culpó a sus dirigentes de haber colocado a trabajadores en situación de vulnerabilidad legal.
Aunque sus acusaciones tienen un componente institucional, la carga política es evidente. La edila no se limita a cuestionar procedimientos. Lo que está planteando, en el fondo, es que se utilizó la estructura pública para reforzar redes clientelares partidarias. Pero el foco no está solo en Lima o en el sindicato: es también en su propio pasado. Correa formó parte de ese mismo entramado político hasta que fue apartada. Y es esa herida la que ahora reaparece en forma de denuncia.
El trasfondo de sus dichos, entonces, no es estrictamente la legalidad de los ingresos ni la ética sindical. Es el desplazamiento de poder, la pérdida de influencia, y la necesidad de marcar diferencias dentro de un FA salteño atravesado por tensiones internas. Su crítica, más que abrir un debate nuevo, funciona como pensamiento de las prácticas políticas que siguen activas en los gobiernos departamentales, pero también como advertencia de que los conflictos internos mal resueltos pueden estallar en cualquier momento.
