A principios de octubre de 2022, en un clima de alta tensión política en Perú, la entonces vicepresidenta Dina Boluarte emitió unas polémicas declaraciones en las que afirmó que los jóvenes que participaban en las manifestaciones contra el gobierno del presidente Pedro Castillo estaban siendo «influenciados» por sectores que describió como «resentidos».
Estas afirmaciones se produjeron durante un periodo de constantes protestas y críticas hacia la gestión de Castillo, y formaron parte de la narrativa del Ejecutivo para defenderse de lo que consideraban ataques desestabilizadores. Boluarte, en su rol de vicepresidenta, buscaba desacreditar las motivaciones de los manifestantes, atribuyéndolas a la manipulación de terceros en lugar de a un descontento social genuino.
Las palabras de la funcionaria no fueron un hecho aislado, sino que se enmarcaron en un discurso gubernamental que consistentemente señalaba a la oposición política, a ciertos grupos de poder económico y a medios de comunicación como los instigadores de las movilizaciones. El objetivo era presentar las protestas no como un ejercicio legítimo de la ciudadanía, sino como una estrategia orquestada para socavar al gobierno elegido democráticamente.
El contexto de la crisis política en 2022
Para comprender el alcance de estas declaraciones, es fundamental analizar el panorama político de Perú a finales de 2022. El gobierno de Pedro Castillo enfrentaba una crisis de gobernabilidad casi desde su inicio en julio de 2021. La confrontación con un Congreso de mayoría opositora era constante, con múltiples intentos de vacancia presidencial y una serie de investigaciones fiscales por presunta corrupción que involucraban al entorno más cercano del mandatario.
En este escenario, las protestas ciudadanas se habían vuelto recurrentes. Diversos colectivos, incluyendo grupos de jóvenes y estudiantes, salían a las calles para expresar su rechazo a la inestabilidad política, los presuntos actos de corrupción y la gestión económica del país. Las demandas eran variadas, pero un sector importante pedía la renuncia o destitución del presidente Castillo.
La respuesta del gobierno a este descontento a menudo consistía en minimizar la legitimidad de las marchas. La entonces vicepresidenta Boluarte, al calificar a los jóvenes de «influenciados», reforzaba la idea de que no existía una base social real para las críticas, sino una manipulación por parte de aquellos que, según su perspectiva, no aceptaban los resultados de las elecciones de 2021.
¿Quiénes eran los «resentidos»?
Aunque Dina Boluarte no especificó a quiénes se refería con el término «resentidos», este adjetivo era comúnmente utilizado por simpatizantes del gobierno para aludir a la oposición política, liderada por partidos como Fuerza Popular, y a las élites económicas y sociales de Lima que históricamente habían ostentado el poder. La narrativa oficial presentaba a estos grupos como actores movidos por el resentimiento de haber perdido sus privilegios con la llegada de un gobierno de origen rural y popular.
Esta retórica profundizó la polarización que ya vivía el país. Por un lado, los seguidores del gobierno veían en las protestas un intento de la derecha por recuperar el poder por medios no democráticos. Por otro, la oposición y una parte de la ciudadanía consideraban que el gobierno utilizaba este discurso para evadir su responsabilidad ante la crisis y para estigmatizar a quienes disentían.
Las declaraciones de Boluarte, por tanto, contribuyeron a un ambiente en el que el diálogo era prácticamente imposible. En lugar de atender las causas del descontento juvenil, se optó por descalificar a los mensajeros, una estrategia que a la larga demostró ser insostenible.
Reacciones y el preludio de un cambio drástico
Las afirmaciones de la vicepresidenta generaron un rechazo inmediato por parte de diversos sectores. Líderes de la oposición política la acusaron de ignorar la realidad y de menospreciar la capacidad de juicio de la juventud peruana. Organizaciones estudiantiles y colectivos juveniles emitieron comunicados negando ser instrumentos de algún grupo político y reafirmando la autonomía de sus reclamos.
Expertos y analistas políticos señalaron el peligro de este tipo de discurso, advirtiendo que negarse a reconocer el descontento social solo podía conducir a una mayor conflictividad. Sin embargo, en ese momento, pocos imaginaban la magnitud de la crisis que estaba por desatarse apenas dos meses después.
El 7 de diciembre de 2022, la historia política de Perú dio un giro dramático. El presidente Pedro Castillo, en un intento por evitar una nueva moción de vacancia, anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción, una medida que fue calificada de forma unánime como un autogolpe de Estado. El intento fracasó en cuestión de horas. El Congreso lo destituyó por incapacidad moral permanente y Castillo fue detenido.
De vicepresidenta a presidenta en medio de la convulsión
Por sucesión constitucional, Dina Boluarte juró como la nueva presidenta de la República ese mismo día. Lo que siguió fue una ola de protestas de una magnitud muy superior a las que había enfrentado el gobierno del que ella formó parte. Paradójicamente, una gran parte de los manifestantes eran jóvenes de regiones del sur del país que exigían su renuncia, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones.
La respuesta de su gobierno a estas movilizaciones fue duramente criticada a nivel nacional e internacional por el uso excesivo de la fuerza, que dejó un saldo de decenas de fallecidos. Aquella funcionaria que meses antes acusaba a los jóvenes manifestantes de ser «influenciados», ahora, como jefa de Estado, enfrentaba una rebelión social que era reprimida con violencia.
Sus declaraciones de octubre de 2022 adquirieron entonces un nuevo significado, siendo recordadas por sus críticos como una muestra de su desconexión con las demandas populares y como un amargo precedente de la postura que adoptaría su propio gobierno frente a la protesta social. La crisis política en Perú, lejos de resolverse con la salida de Castillo, se había agudizado, dejando un país aún más fracturado y con heridas profundas por sanar.
