Ampliación de la denuncia a Dopamina cruza fronteras y pone el foco en posible espionaje
El gobierno argentino presentó una ampliación de la denuncia penal contra el canal de streaming uruguayo Dopamina por la difusión de audios que, según la cartera de Seguridad, habrían sido obtenidos de forma clandestina y difundidos con fines estratégicos. La presentación fue formalizada ante la Justicia federal por el abogado Fernando Soto en nombre del Ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich.
Los audios, que se atribuyen a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, comenzaron a circular en distintos medios y plataformas y motivaron medidas cautelares en Argentina para suspender su reproducción en el país. El Gobierno sostiene que la difusión desde plataformas fuera del territorio intenta eludir esas restricciones y habría un patrón de publicación por “episodios”.
En su presentación, el Ejecutivo describe la supuesta obtención ilícita de las grabaciones y plantea que se conservaron para liberarlas de forma escalonada en momentos políticamente sensibles, lo que la denuncia califica como indicio de espionaje ilegal. La causa apunta a obtener peritajes forenses y pedidos de cooperación internacional para identificar origen y responsables.
🔴 Pasan el audio de Karina que iba a ser publicado antes de la censura. En el audio Karina dice que «hay que estar abajo de Martín.» – «Yo respeto a Martín como cabeza.» pic.twitter.com/66XuqwRkA6
— Dopamina® (@estoesdopamina) September 2, 2025
Dopamina rechazó la imputación y argumentó que la medida cautelar dictada en Argentina no le alcanza por actuar desde Uruguay; el medio señaló además que se limitó a difundir material y negó haber participado en la obtención de las grabaciones, denunciando que la orden equivale a una forma de censura previa. El canal pidió que cualquier notificación formal se realice por vía judicial.
El caso se enmarca además en filtraciones previas que alcanzaron a funcionarios argentinos, entre ellas grabaciones vinculadas al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, que desencadenaron allanamientos e investigaciones por presuntas irregularidades en compras estatales. Esos antecedentes elevaron la sensibilidad pública y judicial ante nuevas revelaciones.
Juristas y organizaciones de prensa advierten sobre la tensión entre la protección de la intimidad de funcionarios y el derecho a la información; además, debaten la aplicabilidad de medidas cautelares nacionales frente a plataformas radicadas en el exterior. En los próximos pasos, la Justicia deberá decidir medidas probatorias, eventuales pedidos de cooperación y si solicita asistencia diplomática.
