El debate político y judicial sobre los asaltos bancarios perpetrados durante los años noventa en Uruguay sigue sumando capítulos en la memoria reciente del país. Con la publicación en 2019 del libro Historia de una Tupabanda: un testimonio personal, escrito por José Rodríguez Casanova —exintegrante del grupo criminal capturado en 1998 y liberado en 2011—, volvieron a ponerse sobre la mesa acusaciones que señalan a figuras emblemáticas del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) como ideólogas de los robos cometidos por la denominada «Superbanda».
En la obra, Rodríguez Casanova apunta a líderes históricos como José Mujica, Eleuterio Fernández Huidobro y Eduardo Bonomi. Según su testimonio, los atracos a sucursales bancarias y locales comerciales no tenían como fin el enriquecimiento personal de sus ejecutores, sino sostener una estructura de «finanzas alternativas» destinada al financiamiento de agrupaciones políticas como el Movimiento de Participación Popular (MPP) y la lista 26 de Marzo durante la transición democrática.
Antecedentes de una trama recurrente
A finales de la década de 1990, una serie de rapiñas a mano armada con gran despliegue operativo atemorizó al sector financiero nacional. La banda fue desarticulada en 1998 por la División Hurtos y Rapiñas de la Policía, encabezada entonces por el Comisario Eduardo Vika Font. En aquel momento, las autoridades y la prensa comenzaron a denominarla «Tupabanda», debido a que varios de sus integrantes habían tenido vínculos previos o pertenecían al MLN-T.
El asunto ya había cobrado relevancia pública en 2017 a raíz de la publicación de El MPT: Eleuterio Fernández Huidobro sin remordimientos, una biografía escrita por la periodista María Urruzola. En dicha investigación, la autora afirmaba que el propio Fernández Huidobro le había revelado que parte de los botines obtenidos se destinaba a la estructura política. El tema derivó en pedidos del Partido Nacional, liderados por el entonces senador Luis Alberto Heber, para conformar una comisión investigadora en el Parlamento, iniciativa que no prosperó tras ser rechazada por la mayoría del Frente Amplio.
El impacto en la memoria política y el marco latinoamericano
La discusión sobre la relación entre grupos armados o desprendimientos irregulares y la financiación de la política en democracia encuentra paralelos en diversos países de América Latina. En varios procesos postdictadura de la región, los debates en torno a las cajas negras, el patrimonio no declarado y las continuidades de estructuras clandestinas han generado profundas fracturas institucionales y éticas.
El testimonio de los investigadores policiales de la época vuelve a cobrar protagonismo. Eduardo Vica Font declaró en su momento que durante los allanamientos a las fincas operativas de la banda en 1998 llamó la atención de los efectivos que no hubiera rastros del dinero sustraído ni signos de un incremento patrimonial por parte de los delincuentes ejecutores, reforzando las hipótesis sobre un destino partidario de los botines.
Declaraciones, testimonios y acusaciones contrapuestas
En su obra, Rodríguez Casanova relata vivencias personales tras su liberación en 2011, incluyendo su permanencia en la chacra de Rincón del Cerro junto a José Mujica. Asimismo, el texto recoge el testimonio de un testigo bajo el seudónimo de «Roberto», quien sostiene que Mujica marcaba los objetivos de los asaltos y estima que el grupo logró alzarse con cerca de 20 millones de dólares durante la década de los noventa.
Desde la dirigencia señalada y los sectores afines, estas versiones han sido categóricamente desestimadas en reiteradas oportunidades, catalogándolas como relatos infundados o maniobras de difamación política. El fallecimiento de actores clave de aquella época, como Eleuterio Fernández Huidobro y Eduardo Bonomi, sumado a la falta de pruebas documentales o condenas judiciales en ese fuero específico, mantiene la controversia acotada al ámbito del testimonio periodístico y literario.
Proyección y el dictamen de la historia
La reaparición y permanencia del caso Tupabanda expone una herida no cerrada en la memoria reciente de Uruguay. Si bien los hechos penales vinculados a las rapiñas fueron juzgados en su momento y los responsables materiales cumplieron sus condenas en prisión, la dimensión política de la financiación clandestina continúa siendo un terreno de disputa narrativa y moral.
A falta de nuevas acciones en la esfera judicial, el impacto de estas revelaciones se traslada al juicio de la opinión pública. La revisión de los eventos de los noventa sigue desafiando a los partidos políticos y a la ciudadanía a definir la frontera entre la historia oficial, las responsabilidades individuales y el compromiso irrestricto con la institucionalidad democrática.
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