Consumidores inician proceso contra empresa de autobuses por prácticas engañosas y cláusulas abusivas

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 inicia expediente sancionador a una empresa de autobuses

El Departamento ha abierto un procedimiento contra una compañía de transporte de viajeros por carretera por posibles prácticas comerciales engañosas relativas a la transparencia en los precios y cláusulas abusivas en sus políticas de devolución, según informaron fuentes oficiales este sábado.

Acusaciones por prácticas desleales y ocultamiento de costes en la venta de billetes

La investigación, que se realiza desde la Dirección General de Consumo, apunta a que la empresa involucrada podría estar incurriendo en prácticas desleales al ofrecer un precio de billete que no refleja en su totalidad los costes asociados. Entre las irregularidades detectadas se encuentra la omisión del coste completo del billete, incluyendo gastos de gestión, que se añaden en la fase final del proceso de compra, práctica conocida como ‘precio por goteo’ (‘drip pricing’).

Esta técnica consiste en no mostrar el precio total durante la contratación en línea hasta que el consumidor completa la introducción de sus datos y avanza en el proceso, lo que podría limitar su capacidad de comparar precios y tomar decisiones informadas. La autoridad considera estas acciones como una infracción a la normativa de publicidad engañosa contenida en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y podrían acarrear sanciones económicas de hasta 100.000 euros o entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido por la empresa infractora.

Prohibiciones recientes y cambios legislativos

El Ministerio de Derechos Sociales recuerda que la ley SAC, aprobada el año pasado, prohíbe expresamente estas prácticas. Esta normativa modificó el artículo 20.1 c) de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para establecer que los gastos de gestión deben incorporarse al precio final del producto o servicio desde el inicio de cualquier comunicación comercial.

Reclamos por la devolución de importes en casos de cancelaciones

Por otra parte, el departamento de Pablo Bustinduy ha detectado que la citada empresa, cuya identidad no ha sido publicada, no estaría efectuando el reembolso íntegro de los importes abonados por los clientes en caso de cancelaciones. En particular, no devolvería los gastos de gestión asociados a los billetes cancelados, lo que, según la ley, podría constituir una cláusula abusiva y vulnerar los artículos 83 y 87 del mismo cuerpo legal.

Las sanciones por esta conducta potencialmente ilícita también pueden alcanzar un millón de euros o ser equivalentes a entre seis y ocho veces el beneficio conseguido de manera ilícita, según el texto refundido de la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. La Dirección General de Consumo enfatiza que la apertura de estos expedientes no prejuzga el resultado final del proceso sancionador.

Este es el segundo expediente iniciado en lo que va de año por supuestas prácticas engañosas en la indicación de precios en el sector del transporte, después de que en verano se abriera una investigación contra una compañía que comercializa billetes de tren y avión.