El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publica la orden para supervisar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden que establece los mecanismos de seguimiento, control y evaluación de las actuaciones del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. La normativa obliga a las comunidades autónomas, así como a las ciudades de Ceuta y Melilla, a suministrar continuamente información económica y de gestión mediante sistemas informáticos compartidos y un cuadro de mando integral único.
Disposiciones para la comunicación y seguimiento de datos
La orden ministerial, aprobada con la autorización previa del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y firmada por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, desarrolla las previsiones de seguimiento del Real Decreto regulador del plan. Su objetivo es verificar el cumplimiento de los objetivos y la correcta utilización de los fondos públicos destinados a las tres principales líneas de ayudas del plan: incremento de oferta social y asequible, rehabilitación, accesibilidad y renovación urbana/rural, y reducción del esfuerzo para pagar y fomentar la emancipación juvenil.
Procedimientos de transmisión de datos y reporting
El documento regula que la comunicación de datos entre administraciones se realizará de manera automatizada, mediante la Red SARA, bajo los estándares de interoperabilidad y seguridad nacionales. Las comunidades autónomas deberán realizar informes mensuales completos de los indicadores de gestión en los primeros cinco días naturales del mes siguiente. Además, estarán obligadas a informar de manera inmediata ante cualquier cambio relevante, como concesiones, modificaciones, revocaciones, pagos a beneficiarios, variaciones en las actuaciones o cumplimiento de hitos. La plataforma ministerial emitirá un acuse de recibo que dará constancia técnica de cada envío.
De manera excepcional, hasta el 1 de junio de 2027, el Ministerio podrá facilitar herramientas alternativas en caso de dificultades técnicas, aunque esto no exime a las comunidades autónomas de cumplir con los plazos y requisitos establecidos. Además, se crea el Centro de Atención a la Integración y Soporte, encargado de brindar asistencia técnica, gestionar credenciales y resolver incidencias.
Informe trimestral, evaluación anual y certificaciones de protección
Las comunidades autónomas generarán informes trimestrales de avance, que deberán ser presentados antes del mes siguiente al período evaluado. Estos informes reflejarán la evolución de las ayudas, el grado de cumplimiento y las posibles desviaciones, junto con las medidas correctoras adoptadas. Antes del 31 de enero de cada año, las autonomías entregarán un informe de evaluación anual, que incluirá un balance de indicadores, previsiones para el año siguiente y resultados de auditorías y controles realizados por los órganos competentes.
Toda esta información será utilizada para apoyar los análisis y mejoras por parte del Consejo Asesor de Vivienda. La Dirección General de Planificación y Evaluación podrá divulgar de manera pública datos agregados del progreso del plan para garantizar transparencia.
Certificación de actuaciones en viviendas protegidas y requisitos de información
Para reforzar el control, los gestores de las comunidades autónomas deberán emitir certificaciones específicas para cada actuación financiada, que acrediten la permanencia en el régimen de protección de las viviendas sin posibilidad de descalificación, cuando así lo establezca la normativa. Estas certificaciones también garantizarán que las adjudicaciones se tramiten mediante procedimientos objetivos y públicos, y que se utilice el registro de demandantes correspondiente.
El anexo de la orden detalla los indicadores que deberán alimentarse en el sistema informático, incluyendo etapas de obra, fórmulas de construcción industrializada, sobrecostes en áreas tensionadas, y datos específicos de beneficiarios, como edad, sexo, ingresos o situación de vulnerabilidad en las ayudas al alquiler o adquisición.
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