El documento oficial lleva la firma del Intendente de Salto, Carlos Albisu, y la rúbrica del Secretario General, Walter Gary Texeira Núñez. El papel está sellado, fechado el dieciséis de julio de dos mil veintiséis, y ordena la clausura inmediata del establecimiento bailable conocido como La Fernetería, situado en la Costanera Norte. La resolución es clara, contundente y no admite interpretaciones subjetivas. Dispone el cierre por incumplimientos graves, falta de habilitación y deficiencias estructurales que ponen en riesgo la vida de los concurrentes.
En la calle, la realidad se muestra terca y desafiante. Las luces de neón siguen encendidas, la música sigue sonando y la gente sigue entrando. Un decreto municipal, por más firme que sea su redacción, no tiene la capacidad física de cerrar una puerta. Esa tarea, la de trasladar el tintero a la realidad, recae en los funcionarios de campo, en aquellos que tienen la obligación de hacer cumplir la ley. Y aquí es donde la maquinaria institucional parece haberse trabado, donde la celeridad administrativa se disuelve en una inexplicable lentitud operativa.
La responsabilidad de ejecutar la clausura establecida en la resolución le corresponde de manera directa e ineludible al encargado de la Unidad de Inspectoría Departamental, el señor José Luis Presentado Solís. Es él quien tiene bajo su mando a los inspectores que deben personarse en el lugar, verificar el cumplimiento del decreto y, de ser necesario, solicitar el auxilio de la fuerza pública para precintar el local.
Presentado Solís no es un funcionario nuevo en la casa. Conoce los pasillos de la Intendencia, maneja los códigos de la fiscalización departamental y tiene la autoridad delegada por el intendente para hacer respetar las ordenanzas.
La autoridad no es solo un cargo en un organigrama; es la voluntad de ejercerla. En este caso particular, la voluntad de Presentado Solís parece haberse diluido. Mientras la resolución habla de clausura inmediata, el encargado de la inspectoría parece haber entrado en un estado de letargo burocrático, dejando que los días pasen sin que se concrete el cierre físico del local. Esta demora no es un simple retraso administrativo; es una omisión que expone a los ciudadanos al mismo riesgo que el intendente buscaba evitar al firmar el papel.
Para entender la magnitud de esta inacción, basta con mirar hacia atrás, hacia los antecedentes recientes de la propia Unidad de Inspectoría. La memoria colectiva de los salteños y de los actores de la vida nocturna recuerda perfectamente cómo actuó José Luis Presentado Solís cuando la orden de clausura recayó sobre otro local bailable, La Bambola. En aquella ocasión, la celeridad fue la norma.
Los inspectores se movilizaron con una rapidez pasmosa, los operativos se coordinaron en tiempo récord y los candados se colocaron antes de que el eco de la resolución se apagara en los despachos oficiales. No hubo espacio para la dilación, ni para las excusas, ni para los tiempos muertos.
La ley se aplicó con la velocidad de un rayo, demostrando que cuando la voluntad política y la disposición del funcionario se alinean, el Estado puede ser eficiente y contundente. ¿Por qué esa misma eficiencia brilla por su ausencia hoy? ¿Qué cambió en el procedimiento, en el funcionario o en el local para que la balanza se incline hacia la inacción? La comparación entre ambos casos no es un ejercicio de retórica; es un espejo incómodo que refleja una selectividad alarmante en la aplicación de la normativa.
Esta disparidad de criterios abre la puerta a interrogantes que no pueden ser ignorados por la prensa ni por la opinión pública. En los ambientes de la noche salteña y en los pasillos de la administración departamental comenzaron a circular voces, susurros que hablan de intereses cruzados y de afinidades que podrían estar entorpeciendo el deber funcional. Se cuestiona abiertamente si el señor José Luis Presentado Solís mantiene vínculos o intereses comerciales con la firma o la dueña del boliche.
Si esta conexión existe, si el encargado de la inspectoría tiene una relación de dependencia, de amistad o de negocios con los actores del circuito bailable que él mismo debe fiscalizar, nos encontramos ante un conflicto de intereses de una gravedad extrema. La opacidad en las decisiones de la Unidad de Inspectoría deja de ser una simple falla administrativa para convertirse en un posible acto de corrupción o de favoritismo. ¿Cómo puede un funcionario garantizar la imparcialidad de sus operativos si su lealtad está dividida entre el interés público y sus afinidades personales? La falta de transparencia en los criterios de fiscalización alimenta la sospecha de que la ley no es igual para todos, de que hay locales que son perseguidos con saña y otros que son protegidos con complicidad.
El intendente Carlos Albisu se encuentra ahora frente a un dilema que no puede resolver con un simple comunicado de prensa. Firmar una resolución es la parte fácil; garantizar que se cumpla es la verdadera prueba de fuego de un gobierno. Si Albisu no exige a su encargado de inspectoría la ejecución inmediata de la clausura de La Fernetería, estará validando tácitamente la inacción de su subordinado y, peor aún, estará enviando el mensaje de que las resoluciones municipales son papel mojado cuando convienen a ciertos sectores. El intendente debe analizar con lupa la conducta de Presentado Solís, debe auditar los tiempos y los motivos de esta demora y debe determinar si existe o no ese conflicto de intereses con la dueña de El Coloche. Si la sospecha de opacidad y favoritismo se confirma, la respuesta no puede ser un llamado de atención a puerta cerrada; debe ser la destitución fulminante del funcionario para recuperar la credibilidad de la institución.
Pero la responsabilidad no recae únicamente en el ámbito ejecutivo departamental. Si la justicia también actúa en este expediente, si los tribunales tienen bajo su órbita las denuncias o las actuaciones relacionadas con la seguridad de los locales bailables en Salto, no pueden hacer oídos sordos a lo que está ocurriendo en la calle. El Poder Judicial tiene la obligación de investigar si la inacción de la inspectoría departamental constituye un delito de incumplimiento de deberes funcionales o si, detrás de la demora, existen maniobras ilegales que ponen en riesgo la seguridad pública. Los jueces no pueden limitarse a revisar papeles en sus escritorios; deben mirar la realidad, deben cuestionar por qué una orden judicial o administrativa no se ejecuta y deben llamar a declarar a los responsables para que expliquen, bajo juramento, las razones de su inactividad.
La Costanera Norte de Salto es un espacio público, un patrimonio de todos los salteños, y no puede estar supeditado a los caprichos, las negligencias o los intereses espurios de un funcionario o de un empresario bailable. La gente que concurre a estos locales, la gente que pasea por la costanera, los vecinos que viven en la zona, todos tienen derecho a saber que las normas se aplican por igual. La sensación de impunidad que se genera cuando un local clausurado sigue operando a la vista de todos erosiona la confianza en las instituciones. Si el Estado no es capaz de hacer cumplir sus propias leyes, ¿para qué sirven esas leyes? La clausura de La Fernetería no es solo un tema de habilitaciones comerciales o de obras edilicias; es un termómetro de la salud democrática y republicana del departamento. Mide hasta qué punto el poder político está dispuesto a someterse al derecho y hasta qué punto los funcionarios públicos están dispuestos a servir al interés general por encima de los intereses particulares.
Los inspectores de la Unidad de Inspectoría Departamental, aquellos hombres y mujeres que están bajo el mando de Presentado Solís, también son parte de esta ecuación. Muchos de ellos ingresaron a la institución con la vocación de servir y de hacer cumplir la normativa. Ver cómo sus superiores dilatan las órdenes, cómo se ignoran los riesgos técnicos y cómo se priorizan las afinidades personales sobre la seguridad ciudadana debe generar un malestar profundo en las filas de la inspectoría. El clima laboral y la moral institucional se resienten cuando la ética profesional es pisoteada por la conveniencia política o el favoritismo. Es necesario que aquellos inspectores que tienen conocimiento de las irregularidades, que saben que el local no cumple con las condiciones de seguridad y que ven cómo se frena el operativo, encuentren canales seguros para denunciar esta situación. La protección al denunciante debe ser una garantía real dentro de la Intendencia de Salto, para que el miedo a represalias no silencie la verdad.
El expediente dos mil veintidós guión cuatro cuatro dos nueve siete, aquel que dio origen a esta resolución, contiene todos los elementos necesarios para justificar el cierre. Los informes técnicos advirtieron sobre las deficiencias estructurales, sobre los materiales inflamables, sobre la falta de habilitación. Todo está escrito, todo está firmado, todo está documentado. No hay margen para la duda técnica. La única duda que existe es de índole moral y política. ¿Por qué no se cierra? ¿Quién está frenando la ejecución? ¿Qué intereses se están protegiendo? Estas preguntas deben ser respondidas por José Luis Presentado Solís. Debe dar la cara, debe explicar públicamente por qué su accionar en La Fernetería es diametralmente opuesto al que tuvo en La Bambola. Debe aclarar su relación con la dueña de El Coloche y debe demostrar, con hechos y no con palabras, que su gestión al frente de la inspectoría es transparente e imparcial.
Mientras las respuestas no lleguen, mientras los candados no se coloquen y mientras la música siga sonando en un local que el intendente ordenó cerrar, la ciudadanía de Salto tendrá un motivo más para desconfiar de sus autoridades. La seguridad no es un concepto abstracto que se debate en los despachos; es una realidad concreta que se construye con acciones firmes y decisiones valientes. El tiempo de las excusas se agotó. El tiempo de la inacción debe terminar. La resolución está sobre la mesa, la ley está de un lado y la negligencia del otro. Solo falta que alguien tenga el coraje de hacerla cumplir. La figura del inspector departamental debe volver a ser sinónimo de autoridad y respeto a la norma, no de dudas y cuestionamientos. La noche salteña merece reglas claras, y los ciudadanos merecen saber que cuando el Estado habla, el Estado actúa, sin importar el nombre del local ni los apellidos de sus dueños.
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