El despliegue de blindados militares para colaborar con la seguridad urbana en la capital del país viene funcionando con un alcance bastante más acotado que el proyectado inicialmente en los anuncios oficiales. De acuerdo con datos oficiales provistos por la Dirección de la Policía Nacional ante un pedido de informes parlamentario presentado por el senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, hasta la fecha se ha registrado únicamente “una intervención en el barrio Marconi” y se están utilizando solo dos vehículos de los cuatro que la cartera de seguridad había comunicado de forma pública.
La contestación oficial, que fue remitida desde el Ministerio del Interior al Parlamento el pasado 2 de octubre, aporta luz sobre las condiciones operativas, el sustento legal y la logística real bajo la cual se está implementando esta polémica estrategia en las calles de Montevideo.
Un despliegue transitorio y sin diseño específico
Al ser consultada sobre los criterios técnicos que guiaron el diseño del plan y la elección de las zonas a intervenir, la jefatura policial sostuvo que “no existe un diseño específico”. En el documento remitido al Poder Legislativo, las autoridades fundamentan que “la Policía Nacional, en forma permanente, monitorea la evolución de los delitos y en función de dicha tarea determina la forma y lugares para incrementar los patrullajes, dentro de otros operativos policiales específicos que se despliegan a diario”.
Bajo esa premisa técnica, la cartera aclaró que el trabajo en el barrio Marconi corresponde a un primer abordaje de prueba. “En primera instancia se realiza una intervención en el barrio Marconi; luego se evaluará su ampliación de acuerdo con el criterio citado”, detalla la respuesta policial.
Asimismo, la Dirección de la Policía Nacional remarcó de manera enfática que el uso de este equipamiento militar representa “una medida transitoria”. Los vehículos cimentados sobre la flota del Ejército Nacional permanecerán bajo el amparo de la policía únicamente hasta tanto arriben al país los nuevos blindados que fueron adquiridos especialmente para la función policial.
Mandos policiales, costos y ausencia de evaluaciones de impacto
Respecto al funcionamiento operativo en el terreno, el informe de la Policía Nacional ratifica de forma categórica que la supervisión y ejecución del patrullaje es 100% policial. Los agentes encargados de las tareas de campo “son todos policías que pertenecen al Ministerio del Interior y no hay funcionarios que pertenezcan al Ministerio de Defensa Nacional”. Por su parte, la cartera de Defensa “no posee ningún rol específico” ni “participa en ningún operativo realizado por la Policía”.
Uno de los puntos centrales del pedido de informes formulado por el legislador colorado se enfocaba en los costos presupuestales y las evaluaciones técnicas previas que justificaron la medida. Sobre este aspecto, la Policía indicó que la acción “no tiene costo para el Estado” debido a que “no existen partidas presupuestales especialmente afectadas”.
En relación a si el Poder Ejecutivo realizó una evaluación previa de impacto operativo, jurídico o presupuestal antes de poner en marcha la iniciativa, la contestación oficial fue negativa: “La Dirección General de Operaciones Especiales únicamente realizó la inspección de los posibles vehículos ofrecidos por el Ejército”. En esa misma línea, ante las consultas sobre si se dio participación previa a la Fiscalía General de la Nación o a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), o qué mecanismos de control civil o indicadores de evaluación se utilizarán, la Policía declinó dar detalles argumentando que “no ameritan una respuesta específica en virtud de lo expresado”.
Las horas de vuelo de los rodados y su uso operativo
Fuentes del Ministerio del Interior especificaron que, dentro del esquema operativo, los rodados modelo RPZ Cóndor se han incorporado paulatinamente al servicio activo bajo la gestión de la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe). Una de las unidades cedidas acumula a la fecha más de 58 horas de patrullaje y servicio, mientras que un segundo vehículo fue sumado en forma reciente y registra casi 7 horas de rodaje efectivo.
Desde la cartera precisaron que dentro del término técnico de la fuerza, una «intervención» no equivale a una salida puntual o un patrullaje aislado, sino a la asignación completa del vehículo blindado a un operativo de seguridad de mayor escala.
Además de su incursión en la denominada «Operación Dominio» desplegada en el barrio Marconi, estos vehículos fueron requeridos por la Brigada Antidrogas durante la ejecución de la «Operación Argos». Asimismo, se montó un esquema de prevención con una de estas unidades durante el operativo de seguridad dispuesto para el clásico del fútbol uruguayo entre Peñarol y Nacional, disputado a fines de agosto en el estadio Campeón del Siglo. Por otra parte, existen otros dos blindados que fueron transferidos recientemente a la Guardia Republicana y que se encuentran en etapa de puesta a punto técnica a la espera de salir a la calle.
El escenario de la seguridad urbana y el debate legislativo
El debate sobre la participación de equipamiento pesado o de origen militar en la prevención del delito en zonas urbanas es un tema de recurrente análisis en América Latina, donde diversos países han apelado al auxilio de logística de las Fuerzas Armadas para reforzar el control territorial en barrios de alta complejidad delictiva.
En el contexto local, el monitoreo del impacto de estas unidades continuará a medida que la Guardia Republicana ponga a punto los dos blindados restantes y el Ministerio del Interior evalúe los resultados de la presencia policial en Marconi. El seguimiento parlamentario y la llegada definitiva de la flota blindada propia para la Policía Nacional marcarán los próximos pasos institucionales de esta medida de patrullaje preventivo.
Fuentes consultadas: Pedido de informes parlamentario del senador Andrés Ojeda, respuesta oficial de la Dirección de la Policía Nacional (Ministerio del Interior) e informe periodístico del diario El País.






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