César Jáuregui enfrenta proceso judicial por ejercicio ilícito del servicio público, tras desecharse cargos de coalición

Vinculan a proceso al exfiscal César Jáuregui Moreno en Chihuahua por ejercicio ilegal del servicio público

Un juez de control ha vinculado a proceso al exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, por el delito de ejercicio ilegal del servicio público. La resolución se dio tras la reanudación de su audiencia inicial, celebrada la tarde del jueves 22 de octubre en la Ciudad Judicial del Estado, ubicada en la avenida Niños Héroes y Ocampo. Durante la audiencia, el juez Luis Alberto Simental Ortega descartó la vinculación por un segundo cargo, coalición de servidores públicos, al considerar que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua no cumplió con los requisitos legales necesarios para acreditar dicho delito.

Detalles de la investigación y la defensa

El abogado defensor, Héctor Villasana, informó a medios de comunicación, al salir de la audiencia, que el juez estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria. Este período fue menor al solicitado por la Fiscalía, que había pedido cuatro meses para continuar con las diligencias. Villasana también explicó que la defensa tiene la intención de impugnar la vinculación a proceso, que corresponde al fuero común dentro de la causa penal 3055/2026. La acusación no está relacionada con la carpeta federal por traición a la patria que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene en un expediente distinto contra Jáuregui, en el cual se investiga la supuesta autorización para que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) operaran en territorio mexicano durante un operativo contra un narcolaboratorio.

Comparecencia remota desde el penal del Altiplano

Por otra parte, Jáuregui compareció vía videoconferencia desde el penal del Altiplano, en el Estado de México, donde permanece recluido por cargos federales. La causa principal contra el exfiscal se derivó del desmantelamiento de un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, realizado entre el 17 y el 19 de abril. En el regreso de ese operativo, una camioneta del convoy cayó por un barranco en la sierra de Chihuahua y explotó, provocando la muerte de cuatro personas: el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), su escolta y dos estadounidenses señalados como presuntos agentes de la CIA.

Imputaciones y detenciones relacionadas con el caso

La Fiscalía General del Estado imputó a Jáuregui por presuntas omisiones en la cadena de mando y en los protocolos aplicados durante el operativo. Esta acusación llevó a su detención el 17 de octubre pasado, además de las órdenes de aprehensión emitidas en su contra y en la de un segundo exfuncionario estatal, el exfiscal de Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany Portillo.

Declaraciones de las autoridades y la postura de la defensa

El encargado de Despacho de la Fiscalía de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, afirmó que el crimen no puede combatirse al margen de la ley. Tras la detención de Jáuregui Moreno, precisó que lo investigado “no desconoce el trabajo de la Agencia Estatal de Investigación, de la Fiscalía General del Estado ni de las Fuerzas Armadas en el desmantelamiento del laboratorio clandestino”, sino que se centra en la forma en que se condujo el operativo.

Héctor Villasana, por su parte, declaró a medios de comunicación tras la audiencia que no comparte la decisión del juez y que presentará un recurso de impugnación. Consideró “incongruente” que el magistrado haya descartado el delito de coalición, basándose en antecedentes que sí sustentaron la vinculación por ejercicio ilegal del servicio público. En declaraciones a Omnia Noticias y en una página de Facebook de apoyo a Jáuregui, el abogado expresó que no hay datos de prueba que acrediten responsabilidad directa de su cliente, más allá de su cargo como fiscal general del Estado. Añadió que, incluso en esta fase inicial, “debe haber datos de prueba sólidos” y que la decisión “tiene otros matices”.

Perspectivas jurídicas y posibles implicaciones políticas

Al consultar sobre una posible persecución política, Villasana respondió que “todo parece indicar que sí”. Afirmó que, al forzar esta determinación en el contexto actual, no puede haber otra conclusión que la persecución del exfiscal. Además, cuestionó la competencia de la Fiscalía de Chihuahua para continuar investigando y confirmó que continuará con la defensa en el recurso de apelación ante los tribunales correspondientes, confiando en que los magistrados revisarán con fundamentos sólidamente jurídicos la decisión de vincularlo a proceso.

También aclaró que la audiencia prevista para el sábado 24 de octubre en el penal del Altiplano, en la que se tratará el delito federal de traición a la patria, corresponde a una causa distinta, calificada como “un delito más absurdo” que el que hoy se le acusa. Explicó que las hipótesis de ese delito exigen demostrar que la conducta de Jáuregui puso en riesgo la soberanía e independencia del Estado mexicano. Mientras tanto, en la causa estatal, Jáuregui no tiene medida cautelar de prisión preventiva; sin embargo, en la causa federal en el Altiplano permanece bajo esa medida.

Al finalizar, Villsana afirmó que “ahora toca enfrentar la de la Ciudad de México”, en referencia al proceso federal, y que lucharán jurídicamente para evitar que se le vincule a proceso: “Hay una clara intención de que alguien tenga que responder por los hechos ocurridos en la sierra de Chihuahua y buscan que sea él quien los enfrente”. Dirigiéndose a sus seguidores, aseguró que el exfiscal está “fuerte”, que “sabe dónde está parado” y que conoce perfectamente lo que enfrenta, a pesar de la decisión del juez. Finalmente, concluyó que “la fortaleza en él, en lo que está haciendo y en lo que está enfrentando, es lo que nos da confianza”.