Un nuevo escándalo sacude al sector inmobiliario y legal en Maldonado. La Justicia imputó el pasado viernes al escribano Humberto Nieves luego de que se quedara con 26.500 dólares correspondientes al pago de tributos de una transacción de compraventa en José Ignacio. La víctima es una ciudadana de nacionalidad inglesa que desembolsó un millón de dólares por una propiedad en el exclusivo balneario esteño con la meta de afincar sus inversiones y tramitar la residencia legal en el país.
El accionar del profesional no solo paralizó la documentación formal de la propiedad, sino que trancó de forma directa el expediente de residencia de la compradora extranjera, quien debió contratar a una nueva profesional para intentar regularizar la escritura. Nieves, cuyo título ya se encontraba inhabilitado por la Asociación de Escribanos del Uruguay tras denuncias previas, quedó bajo prisión domiciliaria con tobillera electrónica por un plazo de 150 días mientras la Fiscalía profundiza la investigación penal.
Mentiras a la Policía, evasivas a la Justicia y el antecedente de Operación Océano
El caso comenzó a gestarse en noviembre de 2024, cuando la inversora concretó el negocio y depositó el dinero destinado a la cancelación de los impuestos del negocio inmobiliario. Sin embargo, tras la denuncia presentada en diciembre por los abogados defensores Luis Navarro y Leandro Arévalo, el profesional desplegó una serie de maniobras evasivas. Según fuentes del expediente judicial, Nieves faltó a citaciones, aportó datos falsos en sede policial y llegó a mentirle de forma directa al fiscal de la causa, Sebastián Robles, asegurando que los tributos ya habían sido abonados.
El perfil del imputado suma además elementos sumamente polémicos dentro de la trama social esteña. Nieves reside en un departamento de alto perfil dentro de las reconocidas torres Imperiale, sobre la playa Brava de Punta del Este, donde acumula múltiples quejas de vecinos por organizar fiestas ruidosas en días de semana y contratar servicios de prostitución. A su vez, el profesional cuenta con un antecedente de peso: estuvo imputado en la megacausa «Operación Océano», la cual investigó redes de explotación sexual de menores, causa en la que logró arribar a un acuerdo judicial previo.
Vulnerabilidad del inversor extranjero y garantías en América Latina
El caso pone sobre la mesa una problemática recurrente en los mercados inmobiliarios de la región: la desprotección a la que se exponen los inversores extranjeros cuando depositan su confianza en intermediarios sin garantías de control efectivo en tiempo real. En balnearios internacionales como Punta del Este, la seguridad jurídica actúa como el principal activo para la atracción de capitales internacionales.
Cuando un profesional habilitado o con título suspendido vulnera los canales de custodia de fondos destinados a tributos estatales, no solo se comete un delito contra la propiedad privada, sino que se daña el prestigio del ecosistema de inversiones del país. En América Latina, las estafas en transacciones de bienes raíces de alto valor suelen generar alertas inmediatas en las cámaras inmobiliarias y Colegios Notariales, que buscan endurecer los controles para evitar que maniobras individuales empañen el clima de negocios.
La decisión del fiscal y la medida cautelar impuesta
Fante los continuos intentos de entorpecer la indagatoria penal y la evidente disponibilidad de recursos económicos que podrían facilitar un intento de fuga, la sede judicial otorgó la cautelar solicitada por la Fiscalía. La prisión domiciliaria total con monitoreo electrónico busca garantizar que el imputado permanezca sujeto al proceso penal mientras se recolectan los elementos probatorios finales.
Fuentes del caso confirmaron que se espera la pronta regularización de la escritura de la vivienda en José Ignacio en el transcurso de las próximas semanas, un paso indispensable para que la inversora damnificada pueda finalmente destrabar su trámite de residencia administrativa ante las autoridades nacionales.
El futuro judicial del escribano y el control del ejercicio profesional
La causa continuará su curso en el fuero penal con la reunión de testimonios y pericias financieras que permitan determinar el destino final de las sumas apropiadas. Este tipo de procedimientos suele derivar en condenas con reparación económica e inhabilitaciones definitivas para el ejercicio de la función notarial.
El desenlace de este proceso enviará un mensaje clave a los operadores del mercado inmobiliario y al gremio de escribanos sobre la firmeza con la que el sistema judicial persigue los abusos de confianza en los negocios de alta gama en la costa uruguaya.
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