Exclusivo Uruguay Al Día — En los pasillos fríos y olor a desinfectante del Hospital Regional de Salto, las cosas casi nunca salen como las cuentan los comunicados oficiales. Lo que el 19 de noviembre de 2025 ASSE presentó como una simple renuncia “por motivos personales y transitorios” de la subdirectora Dra. Natalia Martínez, es en realidad la punta de un iceberg de conflictos de intereses, silencios obligados y una crisis de recursos que carcome al principal centro de salud del litoral norte desde adentro. Y todo salió a la luz por accidente: una conversación privada entre dos funcionarias, grabada sin que la protagonista se diera cuenta, que se filtró de boca en boca por el nosocomio hasta llegar a poder de este diario.
Quien habla en ese audio, con una crudeza que no deja lugar a dudas y un miedo que se le siente en la voz, es la Licenciada Carolina Kars: jefa interina del Block Quirúrgico, la mujer que está todos los días en la trinchera, que ve morir a la gente por falta de insumos, que sabe de qué habla cuando dice que “se viene jodida la mano”. No le mandó el audio a ningún periodista, no hizo ninguna denuncia pública. Simplemente se lo contó a una persona de confianza, en un rato de desahogo entre un turno y otro. Y esa charla privada es hoy la prueba más contundente de que las autoridades de la salud pública nos mintieron a todos.
La historia empieza mucho antes. A mediados de 2024, Martínez —médica de larga trayectoria en el departamento— asume como subdirectora del Hospital Regional por designación directa de ASSE. Llegó con la promesa de ordenar una gestión que venía arrastrando años de problemas de clima laboral, listas de espera interminables y falta de recursos básicos. Durante meses su nombre sonó como una bocanada de aire fresco para los salteños: conocía el sistema, conocía la gente, conocía cada rincón de Salto.
Nadie dijo, sin embargo, el detalle que terminó por volar todo por el aire: la Dra. Martínez no era una profesional más. Era —y sigue siendo— una médica cooperativista de la Sociedad Médico Quirúrgica de Salto, la famosa mutual del Centro Médico. No una afiliada común que paga su cuota y se atiende ahí, como hacen miles de familias del departamento. No. Ella forma parte del núcleo de poder de la cooperativa: tiene voz, voto y capacidad de decisión en todos los movimientos de la entidad privada más grande y fuerte de Salto. La misma que es, al mismo tiempo, la competidora directa del hospital público y su contratista habitual: cuando el Hospital de Salto no tiene camas, no puede hacer estudios complejos o no cuenta con especialistas, le compra servicios a la SMQS con dinero de todos los uruguayos.
Esa es la bomba que detona Kars en la charla filtrada, con una sintaxis de pasillo que la inteligencia artificial se empeña en transcribir mal y que este diario reproduce tal cual se escucha, sin errores, sin adornos, como lo dijo ella:
“Ahora, esto te lo cuento de mi parte, eh, no nos vayas ni a repetir esto a nadie, ¿no? Esto que te dije antes y ahora. Parece que le pidieron la renuncia a Martínez. Este, por que aparentemente lo que averiguaron es que… parece que en el correo con el de allá nos decían que la tipa es cooperativista. Del Centro Médico. Y obviamente vos, bajo ninguna circunstancia, podés ser esta cooperativista de la mutual para tener el cargo de dirección. Entonces parece que le exigieron la renuncia urgente. Pero claro, como sale todo tan a las apuradas, nos puede ir hasta que nos salga volar a cualquiera. No sé, qué van a hacer, nos van a borrar a todos. Pero… se viene jodida la mano. Que no hay plata para nada, que no… Imaginate que Claudia no tiene impresora. Y le van a alquilar una impresora. No, no, te juro: le van a alquilar una impresora… para poder comprar una impresora. O sea, no sé.”
Ahí está todo, dicho por quien está adentro. La renuncia no fue voluntaria, como dijo ASSE en su comunicado de tres líneas. Fue una exigencia de las altas esferas, que al revisar los antecedentes de Martínez —un año tarde, ¿cómo no se dieron cuenta antes al momento de nombrarla?— descubrieron la incompatibilidad legal que nadie quiso ver en 2024.
Y es que la ley no es ambigua en esto. El artículo 200 de la Constitución prohíbe expresamente a los directivos de ASSE ejercer actividades que directa o indirectamente se relacionen con la institución pública. El artículo 9 de la propia Ley de Creación de ASSE lo repite palabra por palabra. La Ley Cristal cierra el cerco: ningún funcionario con capacidad de decisión puede ocupar cargos de gestión en entidades privadas que contraten con el Estado. Martínez estaba, literalmente, sentada en dos sillas a la vez: por un lado decidía qué servicios le compraba el hospital a las mutuales, por el otro participaba de las decisiones del Centro Médico para cobrarle lo más posible a ASSE y ganarle pacientes al sistema público. Cualquier contrato que firmara el nosocomio con la SMQS mientras ella estuvo ahí está hoy viciado de ilegalidad. Cualquier derivación, cualquier compra, cualquier pago.
Por eso la urgencia. Por eso la salida de un día para el otro, sin despedida, sin informe de gestión, sin darle la cara a los salteños que confiaron en ella. Por eso el miedo que se le escucha a Kars en cada frase: “nos puede ir hasta que nos salga volar a cualquiera”. Ella sabe que hablar de esto es jugarse el puesto. Sabe que en ese hospital se castiga más a quien dice la verdad que a quien comete las irregularidades.
Pero el audio no se detiene en la renuncia. Lo que viene después es la radiografía de un sistema público que se desmorona mientras las autoridades hablan de “modernización” desde sus oficinas de Montevideo. La historia de la impresora no es un chiste negro de pasillo: es la metáfora perfecta de una gestión que no tiene ni para lo más básico, pero que invierte millones en contratos con el sector privado. Mientras el Block Quirúrgico depende de donaciones para cambiar lámparas o comprar un bisturí, mientras los pacientes esperan 12 horas en la emergencia sin una cama, mientras los enfermeros trabajan doble turno por falta de personal, la plata pública fluye hacia las cooperativas del centro sin que nadie rinda cuentas de verdad.
Hasta hoy, ni ASSE ni la dirección del Hospital de Salto respondieron ni una sola de las preguntas que les hizo este diario: ¿Por qué no se detectó el vínculo de Martínez con la SMQS al momento de su nombramiento? ¿Qué contratos firmó el nosocomio con el Centro Médico durante los 17 meses que ella estuvo como subdirectora? ¿Hay alguna investigación abierta por conflicto de intereses? ¿Por qué mintieron públicamente sobre la causa de su renuncia? ¿Y la falta de recursos que denuncia Kars, hasta el punto de alquilar una impresora para comprar otra, es real o es un exabrupto de una funcionaria harta?
El silencio oficial es ensordecedor. Mientras tanto, en Salto la gente sigue haciendo fila en la emergencia, los médicos siguen poniendo el cuerpo en condiciones cada vez más difíciles, y una mujer que se desahogó con una amiga sin saber que se la grababan es hoy la única que tuvo las agallas de decir en voz alta lo que todos sus compañeros callan por miedo.
Porque lo que pasó con la Dra. Martínez no es algo ajeno. Es la muestra de que la línea entre lo público y lo privado en la salud uruguaya se ha vuelto tan delgada que a veces desaparece del todo. Y que los que pagan el precio son siempre los mismos: los salteños que esperan una cama, los funcionarios que callan por temor a perder su trabajo, y la gente que confía en que el hospital público es de todos, no de unos pocos con poder en las cooperativas del centro.
Esta historia no termina acá. Hay más nombres, más contratos, más audios que Uruguay Al Día se propone revelar en los próximos días. Porque como dice la propia Lic. Kars al final de su charla, con una resignación que da frío en la espalda: “No sé, qué van a hacer, nos van a borrar a todos. Pero… se viene jodida la mano”.
Y la peor noticia para todos nosotros es que, por lo que se ve y por lo que se escucha en ese audio filtrado, ella tiene toda la razón.
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