Gonzalo Sualina
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Sombras sobre los concursos en la salud pública salteña
La Red de Atención Primaria (RAP) de Salto, estructura fundamental que orbita en torno al Hospital de Salto, ha quedado en el centro de una fuerte polémica que trasciende lo administrativo para instalarse en el terreno de la ética pública. La suspensión de un nombramiento tras la presentación de un recurso jerárquico no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una serie de «errores groseros» denunciados en la puntuación de un concurso para Licenciados en Enfermería. Lo que se cuestiona no es una mera interpretación de las bases, sino la omisión de datos objetivos que alteran de forma drástica el orden de prelación.
El reclamo, que ya está en manos de las autoridades de ASSE, apunta a hechos que resultan difíciles de explicar desde la simple negligencia. A una de las concursantes se le asignó puntaje cero en los rubros de antigüedad y experiencia en Atención Primaria, a pesar de que la profesional cuenta con una trayectoria comprobada de entre 10 y 15 años en el área. Resulta especialmente llamativo que parte de esa experiencia fue adquirida, justamente, trabajando para la propia RAP y el principal centro de salud del norte, lo que deja al tribunal en una posición de extrema vulnerabilidad técnica.
Impacto directo en el orden de prelación
El impacto de esta mala aplicación de los criterios es determinante para el futuro laboral de los postulantes. Con la puntuación errónea, la profesional afectada quedó relegada al puesto número 20 de la lista; sin embargo, si se hubieran respetado sus méritos reales, su ubicación natural estaría entre los primeros lugares. Esto significa que la persona que hoy está por ingresar al hospital que atiende a miles de salteños podría estar ocupando un lugar que, por derecho y formación, le corresponde a otra colega con mayor trayectoria.
Desde la defensa de la profesional afectada se ha dejado claro un punto central: las bases del llamado son correctas y no fueron modificadas sobre la marcha. El problema radica en la ejecución. No se denuncia, al menos por ahora, que el tribunal haya sido integrado de forma ilegal, sino que hubo una aplicación arbitraria de los criterios de evaluación. Cuando un concurso en el hospital público de la ciudad falla en reconocer algo tan básico como la antigüedad certificada, la credibilidad de todo el sistema de ASSE se resiente ante los ojos de la ciudadanía.
La RAP Salto en el ojo de la tormenta
La Red de Atención Primaria no es un área periférica de la salud; es la trinchera donde se define la calidad asistencial antes de que el paciente llegue a la internación. Por esta razón, la transparencia en la contratación del personal es innegociable. Lo ocurrido en el entorno del Hospital de Salto abre una pregunta incómoda que circula por los pasillos de las policlínicas y centros de salud: ¿se trata de una equivocación técnica aislada o de un mecanismo aceitado para favorecer ciertos nombres en detrimento de otros que no cuentan con el mismo respaldo político o personal?
La consecuencia inmediata ha sido la paralización de los ingresos, lo que genera un vacío en servicios que ya de por sí suelen estar tensionados. Además, el malestar entre los licenciados es creciente y no se descarta la presentación de nuevos recursos por parte de otros participantes que también habrían detectado inconsistencias en sus legajos. El Hospital de Salto necesita personal, pero no a cualquier costo, y mucho menos violentando la carrera administrativa de profesionales que han dedicado una década de su vida a la salud pública.
La responsabilidad de ASSE y el camino a seguir
Ahora la pelota está en la cancha de los directivos de ASSE y de la propia RAP Salto. La responsabilidad de corregir la puntuación y revisar el orden de prelación completo no es solo una obligación legal, sino un imperativo ético para recuperar la confianza de los trabajadores. El Hospital de Salto debe garantizar que cada puesto sea ocupado por el profesional más idóneo según las reglas del juego que ellos mismos escribieron.
Dar explicaciones públicas y transparentar el proceso es la única forma de despejar las sospechas de «manejos internos» que hoy sobrevuelan la institución. En un país donde el concurso público es la garantía de igualdad, permitir que estos errores pasen por alto es abrir la puerta a la discrecionalidad. La salud de los salteños merece que quienes los cuidan hayan llegado a su puesto por mérito propio y no por un error de cálculo que beneficia a terceros.
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