La reciente designación de dos nuevas coordinadoras en la Fundación Salto Grande desató una ola de críticas por presunto acomodo político, luego de que se confirmara que ambas ganadoras del concurso mantienen vínculos personales y laborales previos con Angelina Bazzano, actual integrante del Consejo de Administración de la misma fundación.
Según fuentes políticas consultadas por Uruguay al Día, las profesionales seleccionadas serían amigas cercanas y excompañeras de trabajo de Bazzano, lo que pone en duda la transparencia del proceso de selección. La denuncia no se limita a rumores: referentes locales señalan que el concurso habría estado direccionado desde el inicio, con resultados previsibles y sin garantías de imparcialidad.
La indignación crece entre quienes esperaban un cambio de prácticas tras años de críticas a gestiones anteriores. “Pasamos cinco años denunciando acomodos de los Blancos, y ahora los nuevos repiten el mismo libreto en la primera oportunidad”, expresó un dirigente regional. La frase de José Mujica resuena con fuerza: “los concursos en el Estado son una joda”, había dicho el expresidente, y este episodio parece confirmarlo.
La Fundación Salto Grande, financiada con recursos públicos y vinculada a la CTM, vuelve a quedar bajo la lupa por prácticas que contradicen los principios de mérito, equidad y transparencia. La falta de publicación detallada sobre las etapas del concurso, los criterios de evaluación y la conformación del tribunal refuerza la sospecha de que el proceso fue una formalidad para legitimar decisiones ya tomadas.
Este caso no es menor. Implica a una integrante del órgano máximo de decisión de la fundación, y pone en evidencia que los vínculos personales siguen pesando más que las capacidades técnicas en muchos espacios del Estado.
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