Federica Conti
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Un giro estratégico en el Palacio de Miraflores
El escenario político en el Caribe ha dado un vuelco dramático este enero de 2026. Tras la captura y el derrocamiento de Nicolás Maduro en una incursión militar que dejó al mundo boquiabierto, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha decidido mover una ficha pesada en el tablero: una amnistía en Venezuela. El anuncio, realizado durante la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia, no solo busca pacificar las calles, sino también responder a la presión asfixiante de la comunidad internacional y, particularmente, del gobierno de Donald Trump.
Rodríguez, quien fuera la mano derecha del chavismo durante años, ahora habla de «reparar heridas» y de «reencauzar la convivencia». Esta amnistía en Venezuela pretende abarcar el período de violencia política desde 1999 hasta la actualidad, un rango temporal que abarca prácticamente toda la era bolivariana. Sin embargo, el escepticismo reina entre los defensores de los derechos humanos, quienes se preguntan si este acto es una verdadera búsqueda de justicia o simplemente una maniobra para garantizar la supervivencia de los cuadros oficialistas en el nuevo orden.
El Helicoide: de centro de tortura a centro social
Quizás el punto más simbólico del discurso de Rodríguez fue la orden de cierre inmediato de la cárcel de El Helicoide. Este edificio, cuya estructura espiralada domina el paisaje de Caracas, ha sido denunciado sistemáticamente por organizaciones como Foro Penal y Provea como un centro de torturas y violaciones a los derechos fundamentales. Bajo el marco de la Ley de amnistía en Venezuela, la presidenta interina anunció que el inmueble será transformado en un espacio destinado al deporte, la cultura y el comercio para la familia policial y los vecinos.
El cierre de este centro de detención del Sebin es un guiño directo a Washington, que semanas atrás había puesto el foco sobre los centros de represión en la capital venezolana. No obstante, las ONG locales advierten que el Indulto general en Venezuela no debe ser un cheque en blanco para la impunidad. Rodríguez fue clara al excluir de este beneficio a los procesados por homicidio, tráfico de drogas, corrupción y, fundamentalmente, violaciones graves a los derechos humanos, aunque no especificó quién determinará esos criterios en un sistema judicial que sigue bajo sospecha.
La lentitud de las excarcelaciones y el reclamo civil
A pesar del anuncio de este beneficio jurídico de amnistía, el proceso de liberación de detenidos ha avanzado a paso de tortuga. Según datos de Foro Penal, todavía quedan 711 personas privadas de libertad por motivos estrictamente políticos. Aunque se han registrado 302 liberaciones desde que la nueva gestión tomó las riendas, la cifra de más de 11.000 ciudadanos con restricciones arbitrarias sigue siendo una sombra difícil de disipar. La sociedad civil reclama que la liberación no sea vista como un acto de clemencia, sino como la restitución de derechos que nunca debieron ser vulnerados.
La presión de las madres de los detenidos y de activistas perseguidos durante las movilizaciones postelectorales fue determinante para que el tema llegara a la Corte Suprema. Para que la medida de perdón político en Venezuela tenga éxito y credibilidad, los criterios de selección deben ser transparentes. Las organizaciones internacionales mantienen un seguimiento ferreo sobre el texto que llegará a la Asamblea Nacional, buscando asegurar que periodistas, militares disidentes y activistas sociales sean incluidos sin discriminación política alguna.
Un futuro incierto para la convivencia venezolana
Venezuela ya ha transitado caminos similares en el pasado sin resultados definitivos. Desde los indultos de 2007 hasta los de 2020, las medidas de gracia han sido utilizadas a menudo como herramientas de negociación coyuntural. La diferencia hoy es que la amnistía en Venezuela se presenta en un contexto de ruptura total del esquema de poder anterior. Con Maduro fuera de escena, la figura de Delcy Rodríguez intenta erigirse como un puente, aunque su pasado reciente la vincula directamente con la estructura que hoy dice querer reformar.
La aprobación de esta ley dependerá ahora de una Asamblea Nacional que, aunque mayoritariamente oficialista, debe navegar en aguas turbulentas. El éxito de la amnistía en Venezuela se medirá en la capacidad de generar confianza en un pueblo que ha sufrido décadas de polarización extrema. El cierre del Helicoide es un paso potente, pero la libertad real de los cientos de presos políticos será la verdadera prueba de fuego para este nuevo intento de pacificación nacional.
¿Es posible que la amnistía en Venezuela sea el primer paso hacia una transición real o es simplemente una forma de que el actual oficialismo gane tiempo frente al asedio internacional?