Qué se sabe sobre el asesinato niños Soriano y las fallas en la protección
La búsqueda terminó de la peor manera: la policía y los equipos de rescate localizaron un auto sumergido en el arroyo Don Esteban con los cuerpos del hombre buscado y los dos menores que había sustraído de la casa de su expareja. La secuencia del hecho —desde la denuncia inicial hasta la aparición del vehículo— abrió múltiples preguntas sobre la velocidad y la coordinación de los protocolos de protección. Las autoridades trasladaron los cuerpos para pericias forenses que deberán determinar la causa exacta de las muertes.
Según el relato oficial, el agresor salió de la obra donde trabajaba cuando se declaró un paro parcial, volvió a su domicilio y ahí se produjo el episodio violento que derivó en el secuestro de los niños. La madre hizo la denuncia de inmediato y se activaron operativos de búsqueda que abarcaban rutas y puntos limítrofes de la zona. Pese al despliegue —que incluyó patrullaje terrestre, drones y luego buzos— el presunto autor logró desplazarse varios kilómetros antes de que se cerrara el cerco.
Los investigadores reconstruyeron la ruta del vehículo con registros de peajes, cámaras y huellas en caminos de tierra que terminaban junto al arroyo. La baja temperatura del agua y la fuerte corriente complicaron las tareas de los equipos subacuáticos; finalmente, la embarcación de buzos localizó el auto a varios metros de profundidad. Tras su extracción, se constató la muerte de los dos menores y del hombre; la fiscalía ya ordenó autopsias y medidas para avanzar en la investigación.
La causa fue encuadrada inicialmente como violencia vicaria, término que describe situaciones en las que los agresores usan a los hijos para causar daño a la madre. Ese marco legal orienta no solo la pesquisa penal sino también la evaluación de posibles omisiones previas en la protección de la víctima. Voces especializadas remarcan que la violencia vicaria requiere una intervención inmediata y coordinada entre policía, sistema judicial y servicios sociales.
En paralelo, surgieron cuestionamientos públicos sobre la ausencia de dispositivos electrónicos o medidas cautelares efectivas contra el agresor, pese a denuncias anteriores. Desde fuentes oficiales explicaron que la colocación de dispositivos de monitoreo depende de resoluciones judiciales y de la tramitación de medidas penales; de todos modos, el episodio despierta reclamos sobre la necesidad de agilizar esos procesos. Organizaciones de defensa de derechos de mujeres y niños piden revisar plazos y mecanismos para evitar vacíos temporales.
El mecanismo de búsqueda desplegado incluyó más de 300 efectivos de distintas reparticiones y apoyo de la Armada para el trabajo subacuático, según informaron las autoridades. Las pericias técnicas ahora tendrán que confirmar la dinámica final: si el hecho fue un homicidio seguido de suicidio o si la secuencia presenta matices distintos. La fiscalía comunicó que mantendrá una investigación exhaustiva y que dará cuenta de los resultados conforme avance la indagación.
La conmoción social se tradujo en manifestaciones y exigencias de mayor rapidez en los procesos de protección: vecinos, colectivos y referentes locales reclamaron esclarecimiento y cambios. Para especialistas en violencia de género, el caso expone la necesidad de protocolos más proactivos que prioricen el riesgo cuando hay denuncias previas. También subrayan la urgencia de capacitar a equipos judiciales y policiales para evaluar señales de peligro inminente.
Por ahora, las autoridades reiteran que se aplicaron los protocolos vigentes y que se actuó con la mayor celeridad posible, pero la sociedad exige respuestas y medidas concretas para que tragedias así no se repitan. El equilibrio entre garantías procesales y protección urgente seguirá siendo el núcleo del debate mientras las pericias forenses y las diligencias judiciales aporten elementos definitivos.
