El Mundo al Día
Desde la publicación del reciente informe del Ministerio del Interior de Uruguay podemos afirmar que las armas de fuego ocupan un lugar central en la crisis de seguridad uruguaya. Aunque no son el único factor, su proliferación junto al consumo problemático de drogas están alimentando un escenario complejo, que exige respuestas urgentes.
La dimensión del problema
El documento elaborado por el Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) de la cartera revela que Uruguay es “uno de los países más armados de América Latina”. Para diciembre de 2024 había 617.327 armas de fuego legalmente registradas, lo que representa unas 17,5 armas por cada 100 habitantes.
Además, estimaciones externas sugieren que podrían existir más de 400.000 armas no registradas en circulación, lo que eleva la cifra total a cerca de 1 200 000 unidades.
La principal preocupación no sólo radica en el número, sino en su impacto: por ejemplo, los delitos con armas de fuego pasaron de 453 denuncias en 2013 a 1.826 en 2024, lo que implica un aumento superior al 300 %.
Un mapa que se desplaza hacia el interior
Aunque Montevideo sigue siendo relevante, el informe destaca una clara expansión de la violencia con armas hacia el interior del país. El departamento de Durazno, en el centro del territorio, ostenta actualmente la tasa más alta de este tipo de delitos, con 109,7 denuncias por cada 100 000 habitantes.
Este cambio geográfico exige un replanteo en la estrategia de seguridad: no basta con concentrarse en los grandes centros urbanos, sino que se debe atender la periferia, el interior y los vínculos con redes locales.
Las armas, el crimen organizado y los homicidios
El uso letal de armas de fuego es una constante: entre 2012 y 2022, el 83,5 % de los homicidios por venganza o represalias se llevaron a cabo mediante armas de fuego. En los homicidios asociados al tráfico de drogas, esa cifra asciende al 78,9 %.
Para el actual gobierno, además, el ingreso de armamento ilegal no es masivo desde el exterior, sino que ocurre “por goteo”, lo cual hace más difícil el control.
Consumo de drogas: el otro frente de riesgo
El informe también subraya que el consumo de drogas es un factor que “facilita” la violencia armada. En 2024:
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El 89 % de las personas entre 15 y 65 años declaró haber consumido alcohol alguna vez.
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En cuanto al cannabis: alrededor de una de cada tres personas lo ha consumido. La edad promedio de inicio es de 20 años.
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Para la cocaína: el 8,4 % dijo haberla usado alguna vez, y de esos, el 35 % manifestó tener consumo problemático.
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Respecto a la llamada pasta base: si bien su número parece haber disminuido, sigue siendo un fenómeno de “vulnerabilidad extrema”, vinculado a exclusión social, precariedad y contacto frecuente con servicios de salud o del sistema penal.
En conjunto, estos datos muestran que el binomio armas de fuego y consumo de drogas actúa como un círculo peligroso: cada factor potencia al otro.
¿Qué se está haciendo y qué falta?
El plan es ambicioso: el diagnóstico se inserta en la construcción del Plan Nacional de Seguridad Pública 2025–2035, abierto a aportes de la ciudadanía hasta el 15 de noviembre. Uno de los ejes temáticos es precisamente “Armas de fuego y municiones”.
Dentro de las medidas específicas:
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El ministerio impulsa un plan de desarme civil para reducir la circulación de armas ilegales.
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Existe una ley (Decreto N.º 345/020) que regula estrictamente la tenencia y porte de armas.
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Se trabaja también en la modernización del registro nacional de armas, aunque el sistema actual está dividido entre distintas carteras y considerado obsoleto.
Pero aún quedan muchos desafíos:
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La fiscalización de armas registradas y no registradas es insuficiente: por ejemplo, los controles a coleccionistas decayeron drásticamente.
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Las rutas de ingreso de armas ilegales siguen siendo difusas (contrabando por goteo, ensamblaje clandestino), lo que complica la prevención.
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La vinculación entre violencia armada y consumo de drogas demanda una estrategia multidimensional: justicia, salud pública, políticas sociales, educación.
La voz de la comunidad y el desafío cultural
Más allá de las cifras, hay un cambio cultural: en varios barrios del país la presencia del arma de fuego como “herramienta de conflicto” está naturalizada. Programas como el Barrios sin Violencia, que funcionan en Montevideo, trabajan con “interruptores de violencia” que intervienen en situaciones armadas y de consumo problemático.
Ese tipo de abordajes muestran que la solución no es únicamente policial o legislativa: requiere un cambio de mentalidad, desde la prevención temprana, la reducción del consumo problemático y la desarticulación de los circuitos de armamento.
Conclusión: ¿por dónde arrancar?
El país enfrenta un panorama complicado. Por un lado, existe un altísimo número de armas de fuego legales e ilegales. Por otro, el consumo de drogas no solo es amplio, sino que está estrechamente vinculado a la violencia armada.
Frente a esta realidad, se vuelve urgente un enfoque integral que combine el control de armas, la atención al consumo problemático de drogas, el refuerzo del sistema penal y políticas sociales que actúen sobre las raíces del fenómeno.
La palabra clave —armas de fuego— no es un eslogan. Es el eje tangible de un problema estructural. Todo plan de seguridad que no contemple el control del armamento pierde fuerza desde el inicio.
Y, sin embargo, eso no es suficiente. La verdadera transformación solo será posible si se interviene en las condiciones de vulnerabilidad que permiten que los jóvenes accedan al arma, al consumo y al conflicto.
1. Introducción
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El vínculo entre armas de fuego y drogas: un binomio que redefine la seguridad en Uruguay.
2. Un país altamente armado
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Más de un millón de armas en circulación: ¿legalidad o riesgo latente?
3. Violencia que se expande al interior
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Durazno y otros departamentos superan a la capital en delitos armados.
4. Crimen organizado y homicidios
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Las armas como herramienta central en ajustes de cuentas y narcotráfico.
5. El consumo de drogas como factor amplificador
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De la cocaína a la pasta base: impacto social y sanitario.
6. Respuestas del Estado
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Plan Nacional de Seguridad 2025-2035 y el eje “desarme civil”.
7. Lo que aún falta por resolver
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Controles débiles, registros obsoletos y rutas ilegales activas.
8. El desafío cultural
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La normalización del arma como instrumento de poder en barrios vulnerables.
9. Conclusión
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Sin control de armas no hay seguridad, pero sin políticas sociales no hay transformación.
