La Comisión Europea ha declarado que el Estatuto de Bloqueo de la Unión Europea, un mecanismo diseñado para contrarrestar las sanciones de países terceros en territorio europeo, sigue siendo una opción para proteger a los altos cargos del Tribunal Penal Internacional (TPI) frente a las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Posibilidad de activar el Estatuto de Bloqueo
Así lo manifestó la portavoz comunitaria de Servicios Financieros, Siobhan McGarry, durante una conferencia de prensa en Bruselas. Se le consultó sobre la posibilidad de utilizar este instrumento tras el pedido de los líderes europeos, quienes durante el Consejo Europeo del pasado jueves y viernes instaron a la Comisión a adoptar «todas las iniciativas pertinentes» para proteger al tribunal y a las empresas europeas que le prestan servicios frente a las sanciones estadounidenses.
Contactos y medidas posibles
McGarry afirmó que el uso del Estatuto de Bloqueo «sigue sobre la mesa», aunque no confirmó si la Comisión Europea recurrirá a este mecanismo, solicitado por varios Estados miembros, incluyendo España, Bélgica, Francia y Países Bajos, para evitar que las restricciones de la Administración de Donald Trump afecten al tribunal.
«Estamos en contacto con varios Estados parte de la corte para ver qué medidas prácticas podemos implementar si las sanciones persisten», señaló McGarry. Sin embargo, aclaró que no hay una fecha prevista para su activación y que no se ha tomado una decisión definitiva.
Apoyo del Consejo Europeo
La discusión sobre el Estatuto de Bloqueo adquirió relevancia después de que los Veintisiete reafirmaran su disposición a adoptar «todas las medidas necesarias» para garantizar la independencia y el funcionamiento del TPI frente a las sanciones estadounidenses, según las conclusiones de la cumbre.
Apertura a la diplomacia
Además, los líderes europeos abogaron por agotar la vía diplomática. Tras la decisión de la Administración Trump de aplazar seis meses la entrada en vigor de las nuevas sanciones, existe disposición para dialogar con los Estados parte del Estatuto de Roma, tratado fundacional del TPI. Según los líderes, este aplazamiento ofrece «un espacio para la diplomacia» con el fin de lograr que Washington retire las medidas anunciadas y evitar nuevas restricciones que comprometan la «independencia e integridad» del tribunal.
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