Federica Conti
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La caída de una operadora todoterreno
La figura de Alejandra Casablanca ha vuelto a quedar en el ojo de la tormenta, confirmando que su estilo de gestión está lejos de la diplomacia que requiere un cargo en la Torre Ejecutiva. La actual titular de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente enfrenta un momento crítico tras la formalización de cinco denuncias por acoso y violencia laboral presentadas por funcionarios de Presidencia. Los relatos son desgarradores y describen un ambiente de trabajo marcado por la hostilidad, los gritos y un desprecio sistemático hacia los subordinados, lo que ha forzado a la administración a tomar medidas urgentes.
Desde que asumió en marzo de 2025, la sombra del acomodo político persiguió a Alejandra Casablanca, quien fue colocada en ese puesto por la administración de Yamandú Orsi. Lejos de desempeñar una labor técnica que aporte al país, los denunciantes aseguran que la jerarca se dedicó a instalar un régimen de «terror psicológico». Ante la gravedad de los testimonios, que incluyen humillaciones públicas y destratos constantes, se inició un proceso administrativo que ya derivó en el traslado de las víctimas a otras oficinas para evitar que sigan bajo el mando de la denunciada.
Un prontuario de maltratos que viene de TV Ciudad
No es la primera vez que la secretaría de Derechos Humanos es señalada por comportamientos abusivos en el ámbito laboral. Su paso por la dirección de TV Ciudad, durante la gestión de Carolina Cosse, ya había dejado una marca indeleble de conflictividad. En 2021, la comunicadora Denisse Legrand la denunció por maltrato, un episodio que muchos intentaron minimizar como una «pelea entre feministas» pero que hoy cobra un nuevo significado. Aquella gestión en el canal municipal fue duramente criticada por utilizar fondos públicos para hacer política partidaria y fomentar el odio hacia quienes no comulgan con su ideología radical.
Los antecedentes de maltrato de Alejandra Casablanca vienen de años.
Aquel «canal chavista» que muchos denunciaron bajo la batuta de la nueva referente en memoria y derechos humanos parece haber sido solo el entrenamiento para su desembarco en Presidencia. Durante años, se dedicó a atacar a dirigentes de la Coalición Republicana y a orquestar campañas de desinformación, como la que realizó contra la Ley de Tenencia Compartida. Esa agresividad militante es la que, según los actuales denunciantes, trasladó a las oficinas de la Secretaría, donde el respeto por el otro brilla por su ausencia y la soberbia es la regla.
Licencia con goce de sueldo en medio del caos
La respuesta de Alejandra Casablanca ante el avance de las investigaciones ha sido, cuanto menos, polémica. En febrero de 2026, solicitó una licencia médica con goce de sueldo, una movida que muchos interpretan como la «clásica escapatoria» de quien no tiene argumentos para defenderse. Mientras el proceso administrativo sigue recolectando pruebas, la jerarca continúa percibiendo un salario fabuloso pagado por todos los contribuyentes uruguayos, sin cumplir función alguna y dejando su oficina en un limbo institucional.
Este cargo en la Secretaría de Derechos Humanos, tildado por diversos sectores como «inútil» y meramente burocrático, parece haber servido solo como refugio para una operadora política que no encaja en estructuras de respeto mutuo. Las denuncias contra Casablanca han puesto en jaque la credibilidad del gobierno en materia de gestión de personal, ya que mantener en el cargo a una persona con tales antecedentes es visto como una afrenta a los funcionarios de carrera que deben soportar sus ataques de ira y prepotencia.
El costo político de sostener lo indefendible
La pregunta que circula en los pasillos de la política uruguaya es hasta cuándo se va a proteger a Alejandra Casablanca. Su perfil ultra radical y su trayectoria de odio hacia los varones y la oposición la han convertido en una figura tóxica que hoy salpica directamente a quienes la acomodaron. La «violencia permanente» que denuncian sus subordinados no es solo un problema de oficina; es el reflejo de una forma de entender la política donde el adversario (y el empleado) es un enemigo al que hay que aniquilar psicológicamente.
Con el sumario en marcha y las pruebas acumulándose, el futuro de Alejandra Casablanca parece estar sellado fuera de la Torre Ejecutiva. Sin embargo, el daño a la institucionalidad ya está hecho. La sociedad uruguaya asiste, una vez más, al espectáculo de ver cómo se premia con cargos de privilegio a personas que desprecian los valores básicos de la convivencia laboral, mientras las víctimas deben ser trasladadas para no seguir sufriendo humillaciones en su lugar de trabajo.
¿Es tolerable que el Estado siga financiando con impuestos la permanencia de jerarcas que utilizan su cuota de poder para ejercer violencia sistemática sobre sus dependientes?