Debate en Bogotá por transferencia de recursos tributarios al Fondo Milagro
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se encuentra en el centro de la polémica en el Concejo de la ciudad debido a la reciente decisión del Gobierno nacional de retirar recursos tributarios propios de la capital para destinarlos al Fondo Milagro, una iniciativa del actual gobierno que busca financiar programas y proyectos sociales en varias regiones del país.
Denuncia del concejal Jairo Avellaneda sobre la transferencia de fondos
El concejal Jairo Avellaneda, representante del Pacto Histórico, denunció que esta transferencia de recursos afecta directamente las finanzas de la ciudad y que el alcalde Galán ha guardado silencio ante la situación. Según Avellaneda, la sustracción de estos fondos se realiza en virtud del Decreto Legislativo 1382, expedido el 9 de septiembre de 2026, en medio de un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Gobierno nacional.
Este decreto ordena modificar temporalmente la destinación de la sobretasa al ACPM —el impuesto sobre el diésel— para atender la emergencia provocada por el terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026, cuyo epicentro estuvo en Chocó y que causó daños en varias ciudades y departamentos del país. La controversia radica en que el artículo 15 del decreto legislativo establece que el 50% de la sobretasa, que corresponde a Bogotá y a otros departamentos clasificados en categorías especial, primera y segunda, debe destinarse a un fondo de emergencia.
Impacto financiero y cuestionamientos a la administración local
Desde el punto de vista fiscal, esta disposición implica una reducción del 25% en los recursos que recibe la ciudad provenientes de este tributo, previstos en el período comprendido entre octubre de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Frente a esta situación, Avellaneda cuestionó la postura del alcalde Galán respecto a las decisiones tomadas desde la Casa de Nariño, preguntando públicamente: “¿Dónde está el alcalde Galán que confrontaba a Petro por la autonomía territorial?”
En un comunicado, el concejal enfatizó: “Hoy el Gobierno de Abelardo de la Espriella expide un decreto para quitarle a Bogotá una parte de los recursos del ACPM y transferirlos al Fondo Milagro, y no conocemos una sola posición del alcalde. ¿Por qué antes levantaba la voz y ahora guarda silencio cuando están en juego los recursos de la ciudad?”
Avellaneda añadió que el Distrito aún desconoce el impacto económico real de esta retención y qué proyectos de infraestructura vial o de movilidad podrían ser postergados por la falta de fondos. “No estamos hablando de una simple redistribución, sino de una pérdida significativa que afecta las capacidades de la ciudad para financiar sus obras y servicios”, afirmó.
Cuestionamientos constitucionales y autonomía territorial
El concejal recordó que el artículo 287 de la Constitución Política garantiza la autonomía de las entidades territoriales para administrar sus propios recursos, y señaló que la situación evidencia una posible vulneración de este principio constitucional. “Aquí estamos viendo una falta de carácter para defender los intereses de la capital”, puntualizó.
Además, Avellaneda expresó su preocupación por la postura histórica del alcalde Galán en materia de autonomía, recordando que en gobi ernaciones anteriores – particularmente bajo el mandato de Gustavo Petro – el alcalde criticaba decisiones que afectaban los recursos de Bogotá. Ahora, con la llegada de Abelardo de la Espriella, cuestionó: “¿La autonomía de Bogotá depende de quién esté en la Presidencia?”
Responsabilidad y acciones futuras del alcalde
El líder político destacó que, si bien es importante que Bogotá apoye a las comunidades afectadas por el desastre natural, también es fundamental que se rindan cuentas transparentes sobre el destino y el impacto de los recursos que se transfieren. “Nadie dice que Bogotá no deba ser solidaria con las regiones afectadas, pero no puede aceptarse que la solidaridad se convierta en un argumento para ocultar la realidad financiera de la ciudad”, sostuvo.
Por ello, Jairo Avellaneda presentó un derecho de petición dirigido a la Secretaría Distrital de Hacienda y al alcalde Galán, exigiendo la publicación detallada del monto exacto en pesos que saldrá de las arcas de Bogotá, incluyendo la proporción de recursos ya comprometidos contractualmente y las medidas fiscales que se contemplan para cubrir cualquier déficit.
El concejal insistió en que la administración distrital debe responder a las inquietudes de los ciudadanos y explicar claramente los efectos económicos que tendrá esta transferencia en la elaboración del presupuesto y en la ejecución de proyectos. “La defensa de Bogotá no puede depender de afinidades políticas; el interés de la ciudad debe prevalecer”, afirmó.
Perspectivas y controles políticos
Si bien el decreto presidencial establece que el esquema de distribución de la sobretasa al ACPM volverá a su régimen normal a partir del 1 de enero de 2028, los grupos de control en el Concejo anunciaron que convocarán debates con los secretarios del gabinete distrital para analizar las posibles repercusiones en las obras y servicios públicos en la capital.
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