Juan Carlos Gómez, presidente de Adeoms Salto, dijo en Plaza 33 que “no quieren sindicatos” y llamó a “no retroceder”. Contrastamos cada afirmación con normas vigentes y documentos oficiales. Resultado: varias frases son falsas o inexactas; otras son retóricas y no verificables.
Qué pasó
El acto fue frente a la Intendencia de Salto, con consignas contra una resolución que regula licencias sindicales y fija un tope anual para la dirigencia. La comuna sostiene que busca ordenar el uso de horas gremiales y asegurar los servicios.
Chequeo por afirmaciones
“No quieren sindicatos.” — Falso.
La Constitución uruguaya promueve la organización sindical y declara la huelga como derecho gremial. No hay base legal para afirmar que “no quieren sindicatos”. Además, la negociación colectiva del sector público está reconocida por ley.
“No quieren trabajadores organizando trabajadores.” — Falso.
El marco vigente habilita sindicatos y negociación en organismos públicos, incluidos gobiernos departamentales. La Ley 18.508 ordena ámbitos formales de diálogo. Regular licencias no equivale a prohibir la organización.
“No quieren una estructura política en defensa de nuestros compañeros.” — Engañoso.
La Intendencia aprobó una resolución administrativa que obliga a registrar licencias y fijó un tope de 400 jornales anuales para toda la dirigencia, sin suprimir el instituto. Es una regulación del uso, no una eliminación.
“Vienen a quitar derechos.” — Sin evidencia general.
Derechos como libertad sindical y huelga están asegurados por la Constitución. Los conflictos se tramitan en mesas de negociación del MTSS, con reglas y actas. No hay norma que anule la existencia de sindicatos.
“Más de 70 años de historia tiene nuestro sindicato.” — No controvertido.
Es una referencia identitaria que el gremio suele invocar; no contradice que el empleador público regule licencias para compatibilizarlas con el servicio.
“Venceremos siempre.” — Afirmación retórica.
Es una consigna política, no verificable. El desenlace depende de ámbitos formales (MTSS) y de resoluciones ajustadas a derecho.
El contexto que falta
En paralelo, está en discusión la situación de 292 funcionarios que pasaron a tener estabilidad por un acuerdo iniciado en setiembre de 2024 y formalizado en 2025. Hay cobertura de prensa local y convocatoria a instancias en el MTSS. Esto muestra que existe negociación institucional en curso, no una prohibición de dialogar.
Por qué importa
El discurso de Plaza 33 plantea un escenario de “todo o nada”. La evidencia disponible indica otra cosa: Uruguay ampara la existencia de sindicatos, y la Intendencia de Salto reguló —no suprimió— las licencias sindicales mediante resolución formal. El conflicto, si sigue, deberá encauzarse en el MTSS.
