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Tribunal confirmó condena de prisión tras un extenso proceso judicial
El Tribunal de Apelaciones Penal de 1er Turno confirmó la condena de tres años de prisión impuesta a un hombre por un caso de abuso infantil, descartando los argumentos de prescripción planteados por la defensa. La resolución ratificó el fallo emitido en febrero por la jueza de Maldonado, Sylvana García, quien había determinado que las pruebas reunidas acreditaban la responsabilidad del imputado.
La resolución confirmó que la investigación se desarrolló en forma adecuada y que los elementos reunidos permitieron valorar con certeza la credibilidad del testimonio de la joven, así como la consistencia del conjunto de pruebas periciales. La defensa había solicitado la prescripción de los delitos, pero la Justicia sostuvo reiteradas veces que no correspondía al caso.
Hechos denunciados se remontan a la infancia de la víctima
La denuncia fue presentada en julio de 2016, cuando la víctima ya tenía 17 años. Los hechos, sin embargo, ocurrieron durante su infancia, en una etapa en la que vivía frente a la casa del agresor. Ella mantenía una relación de cercanía con la familia del ahora condenado y visitaba su hogar con frecuencia.
Según la sentencia a la que accedió la prensa, el hombre comenzó a adoptar conductas inapropiadas hacia la menor, describiéndolas como “un juego entre ellos”, lo cual fue determinante para manipularla y evitar que lo revelara. Los comportamientos se prolongaron durante años, amparados en la confianza que mantenía con el padre de la víctima, quien desconocía completamente la situación.
Descubrimiento del caso y ruptura del vínculo entre familias
Tiempo después, el hombre atravesó dificultades personales y fue alojado temporalmente en la casa del padre de la víctima, lo que incrementó las instancias de acercamiento indebido. La situación cambió drásticamente cuando el padre sorprendió al acusado espiando a la menor a través de un orificio en la pared de su habitación. Ese hecho motivó la ruptura inmediata del vínculo de amistad entre ambos adultos, aunque la víctima aún no se animó a denunciar formalmente lo ocurrido.
Con el paso del tiempo, la joven realizó comentarios sobre los episodios a compañeros de clase y a su pareja de aquel entonces, pero solicitó que no revelaran la información. Tanto su entorno como los peritos que intervinieron destacaron la dificultad que presentan las víctimas menores de edad para denunciar situaciones de abuso, así como los efectos psicológicos que condicionan la revelación del relato.
Valoración judicial y relevancia de pericias especializadas
El abogado defensor del condenado, Pablo Piacenti, presentó una apelación argumentando que la valoración de la prueba había sido “incorrecta e insuficiente” y sostuvo que no existían elementos que demostraran la responsabilidad de su representado. Entre sus planteos cuestionó la ausencia de testigos presenciales y señaló supuestas “inconsistencias” en la declaración de la víctima.
Ante ello, la fiscal Carolina Dean explicó que, en los casos de abuso sexual infantil, la presencia de testigos directos es excepcional, y por tanto la prueba indiciaria adquiere particular importancia. Además, destacó que las pericias profesionales concluyeron que el relato de la víctima era “congruente”, sin señales que permitieran dudar de su credibilidad subjetiva.
Una de las peritos declaró durante el juicio que no existía “ningún motivo para sospechar de la veracidad” de lo manifestado por la joven, subrayando que su discurso se ajustaba a los patrones psicológicos propios de quienes atraviesan estas experiencias.
Justicia descartó la prescripción y ratificó la condena
La defensa del hombre insistió en alegar la prescripción de los hechos, pero la Justicia sostuvo de manera consistente que la denuncia se presentó dentro de los plazos establecidos y que, por lo tanto, la acción penal se mantenía vigente. El Tribunal de Apelaciones reiteró que los argumentos de la defensa no modificaban la validez de la prueba reunida en la causa.
Los ministros destacaron que la jueza de primera instancia realizó una “muy correcta valoración de la prueba” y señalaron que las actuaciones judiciales permitieron acreditar la existencia de los abusos. En su resolución, afirmaron que, si bien la posibilidad de que los hechos hayan ocurrido no constituye prueba suficiente por sí misma, en este caso se reunieron elementos indiciarios y periciales que comprobaron de manera concluyente su efectiva verificación.
Con ello, quedó firme la condena de tres años de prisión para el hombre, la cual deberá cumplir de acuerdo con lo dispuesto originalmente.