América Latina

Líder campesino en Nicaragua afirma que el régimen busca esconder la difícil situación del sector rural

La sequía y falta de inversión agravan la crisis rural en Nicaragua, mientras concesiones mineras chinas desplazan a campesinos, denuncia líder Medardo Mairena.

Líder campesino en Nicaragua afirma que el régimen busca esconder la difícil situación del sector rural
Medardo Mairena denuncia que el régimen de Ortega oculta la crisis rural y facilita concesiones mineras que desplazan a campesinos.

Impacto de la sequía y la falta de inversión en el campo nicaragüense

La grave sequía provocada por el fenómeno El Niño está afectando severamente la agricultura y ganadería en Nicaragua. Sin embargo, la crisis en el sector rural se ve agravada por la escasa inversión pública y las concesiones mineras que el régimen de Daniel Ortega ha entregado a empresas chinas. Estas acciones han puesto en una difícil posición a muchos campesinos, enfrentados tanto a las condiciones climáticas adversas como a la pérdida de sus tierras.

Condiciones precarias en la zona rural

Falta de atención y deterioro de la infraestructura

Medardo Mairena, líder del Movimiento Campesino de Nicaragua, señaló que la situación en el campo es cada día más difícil. La escasa inversión gubernamental, sobre todo en el mantenimiento de caminos rurales, dificulta que los campesinos puedan comercializar sus cosechas. «Los caminos están en muy mal estado, y los campesinos enfrentan grandes dificultades para sacar sus productos al mercado», afirmó Mairena a Martí Noticias.

En respuesta a estas adversidades, los productores han comenzado a organizarse para repararlos por sus propios medios, recolectando piedras y transportándolas en vehículos alquilados para rellenar los baches y mejorar las vías rurales.

Mairena criticó duramente la narrativa oficial, señalando que el régimen «pretende ocultar la realidad del campo», afirmando que las inversiones son solo «proyectos fachada» que buscan dar una imagen de progreso, mientras los agricultores enfrentan una realidad deplorable.

Concesiones mineras chinas y sus consecuencias

Impacto en las tierras ancestrales y derechos de los campesinos

El líder campesino también denunció que las concesiones mineras concedidas por el régimen a empresas chinas agravan la crisis social en el campo. Mairena explicó que estas concesiones implican la expropiación de tierras en zonas rurales donde pequeños agricultores y comunidades han trabajado durante años.

«De repente, aparecen empresas transnacionales chinas que confiscan las tierras y las entregan para la explotación de recursos naturales», afirmó. Además, agregó que estas expropiaciones se llevan a cabo mediante la represión estatal, con el apoyo del Ejército, paramilitares y la policía, quienes colaboran en estas acciones y reprimiendo a las comunidades afectadas.

El dirigente campesino calificó al régimen de Ortega como «entreguista» y sostuvo que, aunque el gobierno señala que invierte en infraestructura y proyectos de desarrollo, en realidad lo que hace es facilitar la entrega de grandes extensiones de tierra a extranjeros, principalmente a transnacionales chinas.

Asimismo, Mairena denunció el desplazamiento forzado de campesinos e indígenas, así como la contaminación del agua y del aire en las áreas donde se realizan estas explotaciones mineras.

Represión y restricciones en el movimiento campesino

De la movilización masiva a la persecución

Antes de la crisis sociopolítica de 2018, el Movimiento Campesino contaba con una base de entre 25,000 y 30,000 miembros distribuidos en 90 de los 153 municipios del país. Sin embargo, la represión y violencia estatal durante ese año provocaron el desplazamiento de miles de campesinos, que cruzaron ilegalmente a Costa Rica utilizando veredas y caminos no regulados.

Uno de los casos más polémicos es el de José Danilo Jirón Gudiel, integrante del Movimiento Campesino, cuya desaparición forzada ha sido denunciada. La Policía lo detuvo en el aeropuerto de Managua el 9 de marzo de 2025, sin haber acusado previamente de ningún delito, al regresar al país desde el extranjero.

El 5 de octubre de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en su favor, informando que permanece bajo custodia estatal, en total incomunicación, sin acceso a familiares ni representantes legales, y sin información oficial sobre su paradero, estado de salud o situación jurídica.

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