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Chats, granada y coimas: qué esperan Fiscalía e Interior del juicio a Marset

Retrato de la fiscal Mónica Ferrero en un encuentro institucional.
Mónica Ferrero señaló que confía en que EE.UU. envíe evidencia y nombres si los obtiene.

A pocas semanas de que comience en Estados Unidos uno de los juicios más sensibles contra el narcotráfico regional, los documentos preliminares del expediente contra Sebastián Marset vuelven a sacudir a Uruguay. Sin embargo, pese a la gravedad de los datos que surgen de las presentaciones de la fiscalía norteamericana, tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio del Interior optaron por no reclamar pruebas de forma anticipada y aguardar a que avance el proceso judicial en Virginia, según consignó el semanario Búsqueda.

En las mociones elevadas ante el Tribunal de Distrito Este de Virginia, el fiscal estadounidense Anthony T. Aminoff expuso parte de las evidencias reunidas por la DEA en una causa donde se le imputan cuatro delitos graves, entre ellos narcoterrorismo y lavado de activos. Allí aparecen comunicaciones interceptadas en la plataforma Sky ECC que vinculan directamente al uruguayo con la orden de arrojar una granada contra la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas en 2020, amenazas contra la entonces fiscal de estupefacientes y actual fiscal general, Mónica Ferrero, y el anuncio de exhibir evidencia limitada sobre el presunto pago de coimas a funcionarios en Uruguay, Bolivia, Paraguay y Venezuela.

Mensajes encriptados, granadas y el presunto pago de coimas

Los escritos presentados en Virginia reconstruyen el costado más violento y operativo de la organización. De acuerdo con los mensajes obtenidos por autoridades francesas y entregados a Estados Unidos, el 4 de mayo de 2020 Marset avisó a un contacto que estaba por hacer lanzar una granada en la brigada antidrogas para que se quedaran «un poco quietos» y respetaran al Primer Cartel Uruguayo (PCU). Cinco días después celebró el ataque y compartió la captura de un diálogo donde se mencionaba el pago de US$ 20.000 para quien ejecutara la acción.

En la misma seguidilla de chats, el 10 de mayo de 2020, dio instrucciones precisas para comprar un celular nuevo, enviar un mensaje intimidatorio al teléfono personal de Mónica Ferrero y destruir el aparato de inmediato. Según el documento fiscal, cuando agentes de la DEA interrogaron a Marset tras leerle sus derechos, el propio acusado reconoció haber ordenado el atentado con explosivo y haber hecho enviar la amenaza contra la fiscal porque la consideraba «incorruptible».

Mientras el atentado y la intimidación forman parte de una investigación abierta a cargo del fiscal de Flagrancia Diego Pérez, el capítulo referido al presunto pago de sobornos a funcionarios uruguayos a cambio de información y protección no estaba en el radar previo de las autoridades locales. El escrito preliminar en Estados Unidos aún no revela nombres ni cargos específicos de quienes habrían recibido ese dinero.

En paralelo, la defensa uruguaya de Marset —ejercida por el abogado Santiago Moratorio— emitió un comunicado recordando que su cliente goza de presunción de inocencia y remarcando que las mociones de la fiscalía estadounidense son planteos de parte y no pruebas validadas en juicio. De todos modos, el martes 17 el juez federal Alston le propinó un revés clave al rechazar pedidos de nulidad de la defensa, ratificar la validez de su declaración sin abogado ante la DEA y descartar denuncias de extorsión o acoso contra su entorno familiar.

El impacto en América Latina: crimen organizado y límites institucionales

El expediente norteamericano vuelve a desnudar la capacidad del crimen organizado en América Latina para operar simultáneamente en varios países, combinar violencia directa contra agencias estatales y tentar con dinero ilícito a eslabones institucionales.

Para Uruguay y la región, el caso plantea además una discusión de fondo sobre los tiempos de la cooperación judicial internacional: mientras las agencias estadounidenses blindan sus estrategias procesales hasta el inicio de las audiencias, los sistemas locales enfrentan el desafío de evitar que información sensible sobre corrupción o infiltración narco llegue demasiado tarde o fragmentada.

Qué dicen Ferrero, el fiscal Pérez y el Ministerio del Interior

Consultada por Búsqueda sobre por qué no se solicitan de inmediato los antecedentes vinculados a los sobornos, Mónica Ferrero sostuvo que confía en que, si Estados Unidos consigue evidencia firme y nombres concretos, los remitirá a Uruguay. Admitió desconocer qué información maneja hoy la Policía, pero aseguró estar convencida de que el asunto se va a investigar.

En la misma línea, desde el Ministerio del Interior indicaron que no está previsto pedir esas pruebas por adelantado —en parte porque el tema tomó estado público a través de la prensa— y que aguardarán a que sea el gobierno estadounidense quien envíe formalmente el material.

Por su parte, el fiscal Diego Pérez explicó que no fue citado formalmente a declarar en Alexandria y consideró «lógico» esperar a que avance o concluya el juicio en enero para no interferir en la estrategia acusatoria de sus pares norteamericanos. A su entender, los elementos que surjan del proceso no solo pueden fortalecer su expediente por el atentado y las amenazas, sino también aportar insumos a otras causas complejas, como la investigación por la entrega del pasaporte uruguayo a Marset cuando estuvo detenido en Dubái.

La expectativa puesta en enero

Con el inicio de las audiencias previsto para enero en Virginia, parte de la prueba pasará a dominio público —aunque con tachaduras en cuentas bancarias y datos sensibles—, momento en el que quedará más claro hasta dónde llegan los nombres y las rutas del dinero mencionadas por la fiscalía estadounidense.

En Uruguay, el desenlace de ese juicio será determinante no solo para cerrar heridas abiertas por los ataques contra quienes combaten el narcotráfico desde adentro del Estado, sino también para comprobar si aparecen responsables locales detrás de las presuntas coimas que hoy siguen bajo reserva.

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