Colombia

María Claudia Tarazona reaccionó a denuncia de Petro, acusando crimen de Miguel

María Claudia Tarazona acusa a Gustavo Petro de estar vinculado al asesinato de su esposo y niega intimidación por posibles acciones legales.

María Claudia Tarazona reaccionó a denuncia de Petro, acusando crimen de Miguel
María Claudia Tarazona acusa a Gustavo Petro de vínculos con el asesinato de su esposo, el senador Miguel Uribe Turbay.

María Claudia Tarazona, esposa del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, respondió a los anuncios realizados por el presidente Gustavo Petro sobre la posible implementación de acciones judiciales en su contra por presunta calumnia, tras haber vinculado públicamente al mandatario con el magnicidio del congresista. En una entrevista concedida al programa Recap Blu, de Blu Radio, Tarazona afirmó que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación formal respecto a la denuncia y aseguró que no se siente intimidada por el mandatario.

Reafirmación de su postura y señalamientos sobre conexiones criminales

Durante la conversación, Tarazona reiteró sus acusaciones sobre la posible presencia de estructuras criminales en Colombia y Venezuela relacionadas con la planificación y financiación del asesinato de su esposo. “Yo celebro muchísimo que el presidente Gustavo Petro por fin utilice las vías judiciales para defenderse y para hacer lo que él crea correcto”, declaró. Cuando se le preguntó si veía en la amenaza de acciones legales una forma de intimidarla, respondió con firmeza: “No tengo miedo a Petro. Las víctimas no debemos escondernos por exigir justicia. Estamos amparados por la ley”.

Asimismo, lanzó nuevas acusaciones contra el jefe de Estado, asegurando que “el narcopresidente Gustavo Petro tendrá que responder por el crimen de Miguel y por todas las actuaciones corruptas y delincuenciales que tuvo durante los últimos cuatro años”.

Información sobre la denuncia y pruebas aportadas

Tarazona aclaró que, hasta ese momento, no tenía conocimiento de que Petro hubiera presentado formalmente la denuncia ante la Fiscalía. “No hay una notificación que me haya llegado todavía”, expresó. La mujer insistió en que la investigación debe esclarecer quién ordenó el crimen y cómo se financió, sustentándose en información que, según afirmó, está en poder de la Fiscalía.

Entre los elementos que mencionó se encuentran datos recibidos en su teléfono móvil, archivos de chats enviados el 17 de abril, dos meses antes del magnicidio, y una carta que, según la información, fue entregada a la Fiscalía aproximadamente tres semanas antes de la entrevista. Estos elementos, afirmó, contienen detalles sobre el origen de los recursos económicos y la coordinación logística del asesinato.

Supuestas conexiones con estructuras criminales en Venezuela

Tarazona sostuvo que la financiación del crimen provino inicialmente de Venezuela, donde, según indicó, se articulaba toda la logística entre las regiones del Vaupés y Guainía. “Primero, la plata vino de Venezuela. Entre el Vaupés y el Guainía se articulaba toda la logística y la financiación del magnicidio de Miguel”, afirmó.

Dentro de su relato hizo referencia también a Enrique Marulanda, a quien identificó como hijo de crianza de Sandra Ramírez y del fallecido comandante guerrillero Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo. Aseguró que Marulanda habría estado a cargo de parte de la logística del asesinato. Además, mencionó a Marcos Calarcá en relación con mensajes en los que supuestamente aparece mencionado, aclarando que se trata de dos personas distintas: Marcos Calarcá, congresista del partido Comunes y signatario del acuerdo de paz de 2016, y alias Calarcá, vinculado con las disidencias de las Farc que no participaron en ese proceso.

Tarazona expresó que los chats contienen referencias sobre quién habría ordenado el crimen, en qué lugar se ejecutaría y de dónde saldrían los recursos para financiarlo. También entregó a la Fiscalía una carta y archivos digitales que refuerzan su hipótesis de planificación y financiación del asesinato.

Situación de Sandra Ramírez y avances en la investigación

Una de las cuestiones abordadas en la entrevista fue la situación de Sandra Ramírez, senadora del partido Comunes. Tarazona afirmó que la Fiscalía copió todos los documentos del proceso contra la congresista y que la investigación sigue su curso ante la Corte Suprema de Justicia. La esposa del senador expresó su preocupación por la posible coincidencia ideológica de la magistrada a cargo del caso con Ramírez y solicitó mayor celeridad y rigor en las diligencias judiciales.

Igualmente, manifestó que espera obtener información sobre desplazamientos realizados por Ramírez el 2 de abril, fechas que coincidirían con datos en su teléfono relacionados con la posible planeación del magnicidio y un atentado contra la senadora Paloma Valencia. Tarazona puntualizó que todavía no tiene certeza absoluta sobre esos movimientos y que tiene programada una reunión con el director del Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía para analizar los resultados de las investigaciones en los departamentos de Caquetá, Guainía y Vaupés.

Los investigadores se desplazaron a esas regiones en las últimas semanas para recopilar información relacionada con las hipótesis sobre la organización, financiamiento y ejecución del crimen. Sin embargo, Tarazona señaló que, en los últimos tres meses, no se han producido nuevas capturas ni indicios más concluyentes que permitan avanzar en las líneas de investigación posterior a las detenciones de Simeón y alias El Viejo.

Cposición sobre acuerdo con procesados y futuros pasos

Tarazona cuestionó los preacuerdos adoptados por la Fiscalía con algunos de los implicados en el asesinato, especialmente en el caso de alias El Costeño, también conocido como Chipi. La esposa del senador expresó que se opuso a dicho acuerdo porque considera que dicho procesado tuvo un papel central en la organización del atentado en Bogotá, participando en la contratación del menor involucrado, en la adquisición del arma de fuego proveniente de Venezuela y en la vinculación de otros menores a la estructura criminal.

Advirtió que el acuerdo no habría permitido obtener información relevante para identificar a los autores intelectuales del crimen, y que el procesado habría borrado información de su teléfono y llevado a cabo acciones para distraer a los investigadores. Aunque inicialmente presentó su oposición ante la Fiscalía, reconoció que el acuerdo ya había sido aprobado en ese momento, por lo que busca ahora que las instancias judiciales reconsideren la situación. A pesar de sus reparos, expresó confianza en el trabajo del Grupo de Tareas Especiales, destacando la labor de Jorge Sandoval, a quien calificó como uno de los principales responsables de liderar las investigaciones.

Comentarios

La opinión de nuestros lectores

0
Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.

Dejá tu comentario

Comentá con tu nombre y Gmail. Tu correo es privado y nunca se publica.

Solo se publica tu nombre. El Gmail queda privado para administración y control de abuso.