Artículo reescrito (tono periodístico argentino; párrafos de 2 a 4 oraciones; sin líneas en blanco entre párrafos)
El último sondeo nacional sobre actividades de niñas, niños y adolescentes dejó un dato que interpela: más de 40.000 menores realizan tareas laborales en Uruguay. El ministro de Trabajo, Juan Castillo, calificó la situación como inaceptable y reclamó respuestas rápidas desde el Estado y las instituciones. La encuesta 2024 coloca al problema en la agenda pública con números que exigen políticas concretas y acompañamiento territorial.
Según el informe, el 6,8% de los chicos entre 5 y 17 años realiza algún tipo de actividad laboral; el 4,9% participa en actividades económicas remuneradas y cerca del 2% realiza tareas no remuneradas. Las cifras crecen con la edad y alcanzan el 10,6% en el tramo de 15 a 17 años, lo que encendió alarmas en autoridades educativas y sociales. El fenómeno tiene mayor presencia en el interior del país y afecta en mayor medida a las niñas y adolescentes en tareas no pagas.
Castillo subrayó que en un país de poco más de tres millones y medio de habitantes ese número no es estadística fría sino vidas que deberían estar estudiando, jugando y recibiendo cuidados. El ministro pidió coordinación entre ministerios y organismos para atacar las causas que empujan a menores al trabajo. Desde el gobierno, la estrategia anunciada contempla medidas de prevención, fiscalización y apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad.
La directora del Comité de Erradicación del Trabajo Infantil, Andrea Bouert, detalló los lineamientos: priorizar la permanencia escolar, fortalecer redes de protección y avanzar en programas de acompañamiento socioeconómico. Bouert planteó que la respuesta requiere combinar acción local con políticas nacionales sostenidas en el tiempo. También remarcó la importancia de sistemas de registro que permitan monitorear dónde y cómo se reproduce el fenómeno.
El mapa territorial muestra diferencias claras: Montevideo registra índices inferiores al promedio nacional, mientras que localidades del interior presentan mayor incidencia. El informe subraya que factores como la precariedad laboral de adultos, la pobreza y la falta de opciones educativas contribuyen al ingreso temprano al trabajo. Por eso, los especialistas insisten en estrategias multidimensionales que incluyan empleo digno para los adultos y apoyos focalizados para las familias.
Además del diagnóstico, la encuesta aporta elementos para diseñar intervenciones: edades críticas, zonas geográficas y tipos de tareas más frecuentes. Las cifras indican que la intervención temprana es clave para evitar la pérdida de oportunidades formativas y la reproducción de ciclos de pobreza. Las autoridades afirmaron que esperan que el próximo informe muestre una reducción significativa, si se articulan las medidas prometidas con eficacia.
La sociedad civil y organizaciones locales fueron convocadas a sumar esfuerzos, tanto en prevención como en detección temprana de casos. En paralelo, se reafirmó la necesidad de campañas de sensibilización que modifiquen percepciones culturales sobre el trabajo infantil. El desafío es doble: proteger a quienes hoy trabajan y prevenir que otros menores ingresen al mercado laboral por necesidad.
