Política

Cosse busca multar a organismos que oculten datos públicos

Carolina Cosse presentó un proyecto de ley para que los organismos públicos creen inventarios de datos abiertos y faciliten el uso de inteligencia artificial.

Carolina Cosse presentando la herramienta de inteligencia artificial del Parlamento en una computadora portátil.
Carolina Cosse muestra cómo funciona la nueva herramienta de inteligencia artificial del Parlamento

La presidenta del Senado presentó una iniciativa ante la Comisión de Industria para que todos los organismos elaboren inventarios obligatorios de información en formatos abiertos y facilitar el uso de la inteligencia artificial.

Ordenar las bases de datos dispersas en las oficinas públicas y estandarizar su publicación es el objetivo central del proyecto de ley que la presidenta del Senado, Carolina Cosse, defendió ante la Comisión de Industria de la Cámara Alta. La propuesta, respaldada por la bancada del Frente Amplio, apunta a obligar a cada repartición estatal a confeccionar un inventario detallado de toda la información que produce y a liberarla en formatos reutilizables.

Al fundamentar la iniciativa ante los legisladores el pasado miércoles 11, Cosse puso el foco en la falta de reglas uniformes dentro del aparato estatal. “Uruguay no tiene un inventario completo y público”, advirtió la jerarca, tras señalar que mientras algunos organismos publican sus registros de forma sistemática, otros lo hacen esporádicamente o casi nunca. “Hay heterogeneidad y no hay obligaciones sistémicas. Está bien, se ve bien, pero no es una obligación”, sostuvo.

Según el articulado presentado, cada institución deberá especificar qué datos administra, dónde se encuentran alojados, quién es el funcionario responsable, cuál es su finalidad y la fecha de su última actualización, distinguiendo entre activos públicos, reservados y confidenciales. Para Cosse, el acceso real exige abandonar las prácticas actuales de carga documental: “Si nosotros publicamos 1.000 PDF, eso no es disponibilidad de datos. ¿Por qué? Porque es muy difícil utilizarlos después”.

La base para aplicar inteligencia artificial

Más allá de la transparencia administrativa, la presidenta del Senado vinculó directamente la apertura de información con la capacidad del país para adoptar herramientas de inteligencia artificial (IA). “Ni el Estado ni ninguna empresa puede usar la inteligencia artificial para sus datos si antes no pone un poco de prolijidad, porque la materia prima fundamental son los datos”, remarcó en sala.

Para graficar el problema, comparó la situación del Estado con una empresa donde contabilidad y recursos humanos manejan sistemas incompatibles entre sí, impidiendo que cualquier software o motor de IA pueda cruzarlos. De aprobarse la norma, los investigadores y científicos podrán trabajar sobre datos crudos sin atravesar “una peregrinación” burocrática, al tiempo que se abrirá un espacio de desarrollo para emprendedores y jóvenes programadores formados en Ceibal. Como antecedente global de monetización sobre información abierta, citó el modelo de plataformas meteorológicas como weather.com.

Reparos por seguridad, plazos y sanciones

El proyecto mantiene incambiadas las excepciones legales por secreto, reserva y confidencialidad, e incorpora procesos de anonimización para proteger la identidad ciudadana. “Para decirlo muy vulgarmente, baten los datos, de manera que esté la información sustantiva, pero no se sepa a qué personas corresponde”, graficó Cosse.

Durante el debate en comisión, el senador colorado Tabaré Viera acompañó el espíritu de transparencia pero planteó inquietudes sobre la ciberseguridad y el eventual uso delictivo de las bases liberadas. Cosse descartó que se vaya a exponer información sensible —“no le estamos diciendo al Estado que publique lo impublicable”— y aseguró que centralizar el mapa de datos mejora el resguardo: “Hoy estamos mucho más expuestos teniendo cajoncitos chiquititos por todos lados con formatos diferentes, que si, por lo menos, sabemos dónde están los cajones y los podemos proteger, mejor”.

Por su parte, el senador frenteamplista Nicolás Viera respaldó la iniciativa, aunque advirtió que numerosas reparticiones “aún siguen haciendo planillas a mano” y necesitarán asistencia técnica para adaptarse.

En cuanto a la gobernanza, la norma otorga a la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) la potestad de coordinar, supervisar e incluso apercibir o multar a los organismos incumplidores, aunque las escalas económicas de las sanciones todavía no fueron fijadas. El cronograma establece seis meses desde la promulgación para publicar los inventarios y un año adicional para automatizar la difusión tecnológica.

La iniciativa también cosechó el respaldo del director de Uruguay Innova, Bruno Gili, quien destacó en la red social X que el país cuenta con instituciones sólidas e industria tecnológica para generar valor a partir de sus activos digitales. Al cierre de su exposición, Cosse adelantó que el Parlamento prepara su propia herramienta de IA para responder consultas ciudadanas sobre la labor legislativa, la cual atravesará una etapa inicial de aprendizaje y ajustes similar a la de plataformas como ChatGPT.

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