Reducción en plazas universitarias y crisis en la educación superior en Nicaragua
Mientras aproximadamente 86,000 estudiantes de secundaria se preparan para graduarse de bachillerato en el próximo mes, las instituciones de educación superior públicas en Nicaragua han reducido en 12,000 los cupos ofrecidos para 2027 en comparación con las plazas disponibles en 2026. Este dato, revelado por una investigación de Confidencial, refleja una profunda crisis en el sistema universitario del país, tanto en términos de capacidad como de calidad educativa.
Persecución y expulsiones en las universidades públicas y privadas
Represión y expulsiones arbitrarias
Organismos especializados en derechos humanos en Nicaragua han documentado aproximadamente 300 expulsiones arbitrarias de estudiantes en universidades públicas, muchas de las cuales fueron forzadamente excluidas tras participar en las protestas de 2018. En algunos casos, se borraron sus expedientes académicos para impedirles continuar sus estudios en el país.
Paralelamente, distintos reportajes periodísticos estiman que unas 20,000 estudiantes universitarios han salido del país desde 2018, huyendo de la represión estatal que aumentó desde el inicio de aquel año.
Confiscación y control estatal sobre instituciones privadas
Desde 2021, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha confiscado 28 universidades privadas, transformándolas en centros de estudio que, pese a recibir fondos públicos, cobran aranceles similares a las instituciones privadas y operan sin rendir cuentas financieras. La confiscación ha llevado a que estas instituciones sean utilizadas como parte de un sistema de adoctrinamiento, eliminando la autonomía universitaria y el pluralismo académico.
María Asunción Moreno, académica y jurista nicaragüense, explicó que “desde abril de 2018, el sistema de educación superior en Nicaragua ha sufrido un deterioro progresivo, que ha prácticamente eliminado la autonomía universitaria, el pluralismo y la libertad académica”.
Moreno subrayó que muchas universidades privadas, que jugaron un papel clave durante las protestas del 2018, han sido objeto de hostigamiento, intervenciones, cierres y confiscaciones, marcando un punto de inflexión en diciembre de 2021, cuando comenzaron a cancelarse las personerías jurídicas de varias instituciones privadas, proceso que se extendió durante 2022 y 2023.
Impacto en la academia y el pensamiento crítico
Disolución del pensamiento crítico y control ideológico
Según Moreno, la represión ha afectado gravemente la libertad de cátedra y la autonomía universitaria. Desde 2018, el régimen ha hostigado, amenazado, vigilado e incluso forzado al exilio a múltiples docentes, investigadores y estudiantes, contribuyendo a una progresiva desarticulación de la comunidad académica independiente. La universidad, considerada históricamente un centro generador de pensamiento crítico, ha sido transformada en un espacio de adoctrinamiento que busca la creación de un pensamiento único y sin espacio para la crítica.
La exrectora de la Universidad Centroamericana (UCA) y actual exiliada, señala que “la confiscación de instituciones y propiedades universitarias ha permitido al Estado controlar tanto lo administrativo como lo académico, consolidando un sistema que no respeta la libertad de los docentes ni la autonomía institucional”.
Nuevas universidades estatales y su controvertido financiamiento
Creación y financiamiento de instituciones educativas
En los edificios confiscados, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) ha establecido cuatro nuevas universidades estatales, que reciben aproximadamente el 6 % del Presupuesto General de la República destinado a la educación universitaria, reconocido por la Constitución. Sin embargo, estas instituciones cobran mensualidades a los estudiantes como si fueran centros privados, generando una problemática de doble financiamiento.
Moreno advierte que “el uso de recursos públicos para establecer aranceles y la falta de transparencia en los gastos impulsan una desigualdad significativa, ya que algunas familias deben pagar por un acceso a la educación que en realidad se financia con fondos del Estado”.
La confisicación de bienes de instituciones privadas y su reutilización para crear un sistema universitario estatal constituye, en su opinión, una forma de control político y de apropiación de recursos sin mecanismos de rendición de cuentas. Moreno afirma que “la educación superior no debe ser un instrumento de poder ni un mecanismo de captación de recursos sin control”.
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