La Jurisdicción Especial para la Paz impone sanciones a cinco exmiembros de la fuerza pública por crímenes en Antioquia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha dictado sanciones propias a cinco exmiembros de la fuerza pública involucrados en hechos relacionados con asesinatos y desapariciones forzadas de civiles en municipios del noroccidente de Antioquia, específicamente en Dabeiba, Turbo, Ituango, Murindó, Mutatá, Carepa y Medellín. Los hechos investigados ocurrieron entre 2002 y 2006 y corresponden a un total de 18 casos que afectaron a 35 víctimas directas.

Reconocimiento de responsabilidad y constancia de verdad en el proceso judicial

Según lo informado por Blu Radio, los exmiembros de la fuerza pública comparecientes admitieron su responsabilidad y aportaron información relevante durante el proceso judicial. La sentencia dictada establece sanciones que oscilan entre cinco y seis años y medio de prisión, además de restricciones a sus derechos y libertades, junto con la obligación de participar en proyectos, obras y actividades con un carácter restaurador y reparador.

Los sancionados y su involucramiento en delitos considerados crímenes de lesa humanidad

Los oficiales sancionados son el comandante retirado Edie Pinzón Turcios, el capitán retirado Hermes Mauricio Alvarado Sáchica, el comandante retirado Efraín Enrique Prada Correa, el sargento segundo retirado Jaime Coral Trujillo y el cabo retirado William Andrés Capera Vargas. La autoridad judicial determinó que estos hechos constituyen desaparición forzada y asesinato, conductas calificadas como crímenes de lesa humanidad, así como homicidio en persona protegida, delito que la jurisprudencia nacional e internacional considera un crimen de guerra.

Proyectos de reparación y actividades de memoria en las comunidades afectadas

Dentro de las sanciones, los cinco exmiembros deberán participar en nueve proyectos que se desarrollarán en diferentes municipios de Antioquia. Estas iniciativas, priorizadas junto con las víctimas, buscan reparar los daños causados y contribuir a la recuperación social y territorial. Entre las acciones previstas destacan el mejoramiento de caminos en Dabeiba, Turbo, Ituango y Apartadó; labores de desminado humanitario en Dabeiba, Murindó, Mutatá y Turbo; y la reconstrucción de puentes sobre el río Sucio en Dabeiba.

La sentencia también contempla actividades de memoria en Dabeiba, Ituango, Carepa, Turbo y Medellín, diseñadas para promover el reconocimiento de las víctimas, restaurar su dignidad y fomentar la recuperación de la memoria histórica en las regiones donde ocurrieron los hechos. Además, se implementarán iniciativas productivas para las comunidades, así como búsquedas de personas desaparecidas en las áreas de Urabá, Occidente de Antioquia y el área metropolitana de Medellín.

Implementación y seguimiento de los proyectos de reparación

La ejecución de estos nueve proyectos está programada para realizarse entre diciembre de 2026 y octubre de 2034, con un seguimiento judicial que garantice el cumplimiento de las actividades. Los comparecientes deberán realizar sus actividades laborales de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., y deberán solicitar autorización judicial para desplazarse fuera de sus zonas de residencia o de los lugares donde se desarrollen los proyectos restaurativos.

Las sanciones impuestas son parte del modelo de justicia transicional establecido por la JEP y corresponden a un reconocimiento de responsabilidad por parte de los comparecientes, quienes contribuyeron con aportes de verdad en el proceso. La decisión judicial se centra en hechos ocurridos en Dabeiba y otros municipios del noroeste de Antioquia, donde civiles fueron asesinados o desaparecidos y posteriormente presentados como bajas en combate por miembros de la fuerza pública.

Compromiso de reparación y memoria en el proceso de justicia

La sentencia busca que los responsables respondan por los hechos reconocidos, mediante acciones concretas orientadas a la reparación de las víctimas y el restablecimiento del tejido social en las comunidades afectadas. Además, fija restricciones de movilidad y horarios específicos para garantizar que las sanciones tengan un efecto tangible y efectivo sobre la limitación de derechos, poniendo énfasis en la justicia restaurativa y en la reparación integral.

Este enfoque busca garantizar que los comparecientes asuman plenamente su responsabilidad y colaboren con la reconstrucción social, promoviendo el reconocimiento de las víctimas y la recuperación de la memoria histórica en las regiones afectadas por la violencia y el conflicto armado en Antioquia.