Desmantelamiento de laboratorio de metanfetamina en Durango y alcance del operativo
La Secretaría de Marina encabezó un operativo en Carricitos, Durango, que terminó con el desmantelamiento de dos laboratorios clandestinos dedicados a la producción de metanfetamina y el aseguramiento de alrededor de 21 toneladas del estupefaciente ya procesado. Las fuerzas federales describieron la intervención como la mayor incautación de producto terminado realizada por personal naval en la actual administración. En el operativo participaron, además de la Semar, la Defensa, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Las autoridades informaron que entre los bienes asegurados figuran grandes volúmenes de precursores químicos: miles de litros de solventes y reactivos —ácido clorhídrico, tolueno, P2P— y cientos de kilos de sosa cáustica y cianuros, todos bajo resguardo del Ministerio Público Federal. También se detalló el aseguramiento de equipos e infraestructura utilizados para la fabricación a gran escala de la droga. Las instituciones estimaron un perjuicio económico para la delincuencia organizada valorado en más de 6.532 millones de pesos.
Según el comunicado oficial, el decomiso impidió la llegada al mercado de casi 525 millones de dosis potenciales, una cifra que ilustra la dimensión industrial que alcanzan estos centros clandestinos. Las fuentes precisaron que la zona reportada se corresponde con áreas de influencia del Cártel de Sinaloa, en particular de la facción conocida como Los Mayos, identificada por su operativa en metanfetaminas. La dependencia naval subrayó que la investigación provino de tareas de inteligencia y trabajo coordinado entre dependencias.
Este laboratorio en Durango quedó señalado como el segundo de mayor envergadura neutralizado por la Marina en años recientes; el mayor se detectó en Sonora en febrero de 2024, cuando se incautaron decenas de toneladas de cristal y abundantes precursores. Aquella operación había revelado instalaciones con capacidad industrial —reactores, condensadores y centrífugas— y rutas de salida hacia mercados internacionales. La comparación con Sonora muestra un patrón: los grupos criminales despliegan infraestructura móvil y de gran escala que exige respuesta interinstitucional sostenida.
Las fuerzas encargadas indicaron que los químicos, narcóticos y materiales decomisados serán trasladados a instalaciones seguras para su destrucción controlada y para evitar daños ambientales. En paralelo, la FGR amplió las líneas de investigación para identificar a responsables y posibles protecciones locales que facilitaron la operación de los laboratorios. Desde la Semar advirtieron que los grupos suelen reubicar sus centros de producción tras cada golpe, por lo que la inteligencia y el seguimiento financiero resultan claves para evitar su reconstitución.
La magnitud del aseguramiento reabrió el debate sobre la capacidad de las autoridades para desarticular redes transnacionales de drogas sintéticas y la necesidad de mantener cooperación internacional. Especialistas en seguridad consultados señalaron que, pese al impacto operativo, la pelea contra las cadenas de producción exige un abordaje integral: interdicción, persecución financiera, control de precursores y acciones preventivas en zonas rurales y fronterizas.
