Eleazar Medina-Rojas: sentencia, cargo y alcance de la causa federal
Un tribunal federal de Estados Unidos impuso más de 31 años de prisión a Eleazar Medina-Rojas, conocido en el mundo del crimen como El Chelelo, y lo condenó al pago de 26,5 millones de dólares por dirigir una red dedicada a la fabricación y el trasiego de cocaína y marihuana. La Fiscalía norteamericana sostuvo que el acusado actuó como alto responsable dentro del cártel de Los Zetas y controló corredores clave hacia Texas. La pena y la multa buscan tanto castigar como desactivar la logística que permitió el envío masivo de estupefacientes.
Según las autoridades, Medina-Rojas, de 53 años y oriundo de Nuevo Laredo, mantuvo el dominio de rutas que conectan ciudades fronterizas como Brownsville, Laredo y McAllen mediante violencia e intimidación para asegurar el paso de cargamentos. La investigación sostuvo que, a lo largo de su gestión criminal, por esos corredores circularon miles de toneladas de droga. Su captura y posterior extradición a Estados Unidos en julio de 2023 fueron difundidas por la DEA como un golpe relevante para la estructura delictiva.
Los registros judiciales detallan que el acusado ejerció funciones de “plaza boss” en Monterrey, con redes de subordinados a su cargo y la coordinación directa del transporte internacional de al menos 450 kilos de cocaína y 90.000 kilos de marihuana hacia el mercado estadounidense. Además, la Fiscalía lo responsabilizó por episodios de violencia vinculados al control territorial y enfrentamientos con grupos rivales. La causa se integró en el marco de una iniciativa federal que reúne recursos para perseguir redes transnacionales.
El proceso formó parte de la operación conocida como “Operation Take Back America”, un esfuerzo que combinó recursos de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, fiscales de Houston y agentes de la DEA, y que incluyó colaboración con autoridades mexicanas. En los alegatos, el Estado destacó la coordinación entre instancias para arrestar, extraditar y juzgar a los responsables. Los fiscales subrayaron que la sentencia busca también enviar un mensaje disuasivo a otros líderes de organizaciones criminales.
Desde organismos estadounidenses resaltaron que la condena refleja el compromiso de investigar y perseguir a dirigentes violentos aunque operen desde el exterior. Para la DEA y las fiscalías implicadas, la interrupción de esas rutas supone un impacto operativo y una oportunidad para rastrear financiaciones y socios clave. No obstante, expertos consultados remarcan que la desarticulación completa de esas redes exige mantener la presión internacional y continuidad en las investigaciones financieras y territoriales.
