Nueva sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz contra altos mandos del Ejército colombiano
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha dictado este viernes una sentencia que afecta a cinco altos mandos del Ejército colombiano en relación con su participación en la muerte y desaparición forzada de aproximadamente treinta personas. Estas víctimas fueron presentadas como guerrilleros en el contexto conocido como falsos positivos.
Detalles de las condenas restaurativas y reconocimiento de responsabilidades
Se trata de la tercera sentencia restaurativa emitida por la JEP, que no contempla penas de prisión para los implicados, ya que estos han aceptado su responsabilidad en los crímenes bajo el marco jurídico establecido por este tribunal, surgido de los acuerdos de paz de 2016 con la extinta guerrilla de las FARC. La resolución cubre 18 hechos ocurridos entre 1997 y 2007 en Dabeiba y otros municipios del noroeste de Antioquia, que resultaron en 35 víctimas.
Gracias a las declaraciones de estas cinco personas, se lograron recuperar 77 cuerpos de víctimas de desaparición forzada, de los cuales 17 han sido entregados a sus familiares. Las penas restaurativas impuestas oscilan entre cinco y seis años e incluyen acciones como la reconstrucción de caminos y puentes, la desminación, la búsqueda de personas desaparecidas y diversas medidas de reparación para las víctimas.
Contexto y patrones de violencia detectados por la JEP
La JEP ha detallado que se registraron casos en los que se asesinó a campesinos, a quienes se acusó falsamente de tener vínculos con la guerrilla, en un escenario de colaboración entre agentes estatales y grupos paramilitares. También se documentó el traslado de personas ajenas a estos territorios bajo engaños, para ser ejecutadas y presentadas como víctimas de las operaciones militares.
Un tercer patrón identificado fue la desaparición y ocultamiento de cuerpos en cementerios municipales, incluyendo Las Mercedes en Dabeiba, donde se hallaron los restos de estas 77 personas. Anteriormente, la JEP había dictado otras dos sentencias restaurativas: la primera, en septiembre de 2025, contra siete exmiembros de las FARC, incluyendo a su líder, Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, con medidas como la libertad vigilada y acciones de reparación por delitos como secuestro y extorsión; y la segunda, contra siete antiguos militares por el asesinato y desaparición forzada de civiles en el norte de César y el sur de La Guajira, con medidas similares en favor de las comunidades afectadas.
Requisitos y alcance de las sentencias restaurativas
Para acceder a este tipo de sentencias, los implicados deben cumplir con la condición de aportar la verdad, reconocer su responsabilidad y comprometerse a no reincidir. El incumplimiento de estos requisitos puede conllevar penas de prisión de hasta veinte años.
La JEP ha revelado que al menos 6.402 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, ocurridas entre 2002 y 2008 a manos de las fuerzas de seguridad colombianas, que eran incentivadas laboral y económicamente para cumplir con determinados cupos. Sin embargo, esta cifra podría ser mayor, dado que no existen registros formales previos a ese período.
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