ConELA denuncia desigualdades regionales en la implementación de la Ley ELA a dos años de su aprobación

La Confederación Nacional de Entidades de ELA denuncia desigualdades en la aplicación de la Ley ELA

La Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA) ha expresado su preocupación por la persistente “grave asimetría y fragmentación territorial” en la implementación de la Ley ELA, coincidiendo con el segundo aniversario de su aprobación. La organización advierte que las diferencias en la aplicación de la ley dependen en gran medida de la comunidad autónoma, lo que afecta la equidad en el acceso a las ayudas para las familias afectadas por la enfermedad.

Limitaciones en el acceso efectivo a las ayudas económicas y servicios públicos

Según el ‘2º Informe de Evaluación de la Implementación Ley ELA’, elaborado por ConELA y presentado en el Congreso de los Diputados, aunque a nivel estatal se estableció un ingreso mínimo garantizado de 4.930 euros mensuales y ayudas de hasta 9.859 euros para el Grado III+ de dependencia extrema, en la práctica estos fondos llegan con dificultades y retrasos variables según la comunidad autónoma. La organización señala que las familias enfrentan obstáculos como la necesidad de adelantar pagos económicos, incompatibilidad con ciertas prestaciones familiares y carencias en la prestación de fisioterapia pública, lo que impide que las ayudas lleguen de manera efectiva a los domicilios.

Disparidad en los procedimientos de acceso y el impacto en las familias

El informe revela que en el 35,29 por ciento de las comunidades autónomas las familias deben adelantar el coste de los servicios y esperar a recibir el reembolso mediante la presentación de facturas, lo que implica un desembolso de entre 3.200 y 9.859 euros mensuales de su propio dinero antes de obtener la subvención. Esta situación genera una barrera significativa, especialmente para aquellos hogares sin ahorros previos, que quedan fuera del sistema. En contraste, 11 autonomías optan por mecanismos que protegen la liquidez familiar mediante pagos anticipados o la cesión del cobro a las empresas prestadoras.

Incompatibilidad de prestaciones y deficiencias en el personal especializado

Otra problemática destacada por ConELA es que, en la mayoría de los territorios, el acceso a las ayudas del Grado III+ resulta incompatible con la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF). Esto obliga a muchas familias a rechazar las ayudas para evitar que la persona cuidadora principal pierda su convenio especial con la Seguridad Social y sus cotizaciones para la jubilación. Además, la organización alerta sobre la rigidez en los requisitos de formación para los asistentes personales, ya que la mayoría de las regiones no aplican períodos transitorios para capacitar a los cuidadores habituales. El informe también señala que las empresas tradicionales de ayuda a domicilio carecen en muchos casos de personal capacitado para gestionar soportes vitales invasivos, ventilación mecánica o nutrición por sonda, lo que en ocasiones obliga a las propias familias a instruir a las auxiliares en estas técnicas.

Disparidades en las políticas de copago y atención en fisioterapia domiciliaria

En relación con el copago, 11 de las 17 comunidades autónomas han eliminado formalmente este pago en el Grado III+, mientras que regiones como Cataluña, Canarias, Álava y Murcia mantienen deducciones vinculadas a la renta o al régimen ordinario. La organización también critica el incumplimiento en la prestación de servicios de fisioterapia domiciliaria en el Sistema Nacional de Salud. Según los datos, Cataluña es la única comunidad con cobertura pública regularizada, que ofrece dos horas semanales, mientras que en el resto del país las familias dependen en gran medida del sector asociativo para acceder a estos servicios.