Denuncia penal involucra al rector de la Universidad de La Guajira y a su hijo en enlace con homicidio agravado
Una denuncia formal por homicidio agravado y concierto para delinquir ha puesto en el centro del debate al rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Arturo Robles Julio, conocido como alias Kaloy, y a su hijo, Carlos Robles Daza. La acción judicial fue presentada por Mitzy Brochero, madre del abogado y expersonero de Manaure, Rafael Freire Rochero, quien fue asesinado el 2 de junio de 2026 en Riohacha.
Detalles de la denuncia y solicitudes de investigación
La denuncia, presentada ante la Fiscalía General de la Nación, solicita que se investigue si Robles Julio y su hijo tuvieron participación en la planificación o en la financiación del homicidio. Según un informe del portal Desigual, la denuncia busca establecer si existieron pagos, comunicaciones o movimientos financieros que puedan implicar a los señalados en el crimen. Hasta el momento, ni Robles Julio ni Robles Daza han sido formalmente imputados ni condenados por estos hechos, aunque la denuncia presenta varias pruebas en contra del rector, quienes han sido difundidas por medios de comunicación.
Contexto del asesinato de Rafael Freire Rochero
Freire Rochero fue víctima de un ataque con arma de fuego mientras se encontraba frente al cementerio Los Olivos en Riohacha, tras asistir al entierro de su hermano. En ese incidente también resultó herido Samir Rivera Ochoa, hijo de un integrante de la Policía, quien falleció el 30 de junio de 2026. La muerte del abogado ha generado nuevas líneas de investigación y cuestionamientos acerca de la vinculación de Robles Julio en hechos delictivos relacionados con el narcotráfico, antecedentes que ya habían sido mencionados en varias ocasiones anteriormente.
Implicaciones y conexiones en el caso
La denuncia de Brochero solicita a las autoridades que revisen posibles transferencias, pagos y comunicaciones entre Carlos Arturo Robles Julio y su hijo, así como con otros actores relacionados con el crimen. El documento también señala que la supuesta contratación del asesinato habría sido canalizada a través de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias Naín o “Bendito Menor”, dirigente de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, abatido en un operativo adelantado en septiembre de 2026. La versión indica que el intermediario habría recibido cerca de 100 millones de pesos y, posteriormente, habría entregado la orden a una persona identificada como Freddy, cuya identidad se mantiene en reserva.
Una de las complicaciones principales para la investigación es que, dado que “Bendito Menor” falleció, no será posible obtener su testimonios directos, por lo que la Fiscalía deberá centrarse en analizar comunicaciones telefónicas, registros financieros y contactos que puedan vincular a las partes involucradas. Brochero también solicitó medidas de protección para ella y su familia debido a la naturaleza del caso.
Limitaciones forenses y antecedentes del caso
Las investigaciones forenses enfrentan una limitación adicional, ya que los familiares de Freire Rochero decidieron retirar el cuerpo sin realizarle la necropsia, una práctica común en la comunidad wayú. Esta decisión puede dificultar la reconstrucción técnica del crimen, ya que no se podrán determinar aspectos como la trayectoria de los disparos o la distancia del ataque. Sin embargo, las autoridades cuentan con otros métodos, como testimonios, análisis balísticos, revisiones en cámaras de seguridad y movimientos financieros para avanzar en la investigación.
El relato de la denuncia sugiere que el homicidio podría estar relacionado con un incidente ocurrido el 16 de julio de 2022 en el sector de El Pájaro, en Manaure, donde resultó herido Carlos Robles Daza. Rafael Freire Rochero fue investigado por este caso y, en enero de 2023, un juez ordenó su medida de aseguramiento por tentativa de homicidio. Aunque fue acusado, no fue condenado por estos hechos. La denuncia plantea que la venganza o represalia relacionadas con ese proceso podrían estar en la raíz de la violencia de junio de 2026, aunque se requiere que la Fiscalía pruebe esa hipótesis mediante el análisis de posibles amenazas previas, comunicaciones o conflictos personales.
Cuestiones sobre la colaboración internacional y el proceso judicial
Por otra parte, la defensa de Carlos Arturo Robles Julio solicitó a la Fiscalía 81 de la Dirección contra el Narcotráfico ser reconocida en el expediente 2025-00946 y que fuera citada a las actuaciones del proceso. La Fiscalía, sin embargo, negó esa petición, aclarando que el expediente corresponde a una asistencia judicial solicitada por Estados Unidos y que su contenido es confidencial, por lo que cualquier solicitud de información deberá hacerse ante las autoridades estadounidenses. La naturaleza de esa cooperación internacional aún no ha sido esclarecida públicamente, lo que genera interrogantes sobre el alcance de la misma y la posible participación de la defensa en el proceso.
Finalmente, la Fiscalía deberá decidir si inicia una investigación formal en respuesta a la denuncia de Brochero, si la asigna a unidades especializadas y si concede las medidas de protección solicitadas por la familia de Rafael Freire Rochero, en un caso marcado por múltiples aristas que aún deben ser dilucidadas. Mientras tanto, las autoridades continúan recopilando evidencias y buscando esclarecer los nexos entre el homicidio y las presuntas actividades ilícitas vinculadas a los señalamientos en contra del rector y su familia.
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